La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar profunda preocupación por el injustificado incumplimiento por parte del Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, de una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Señor presidente:

La Constitución Nacional establece para nuestro país como sistema de gobierno el representativo, republicano y federal.- No caben dudas de la aplicación de estos principios en cuanto a las jurisdicciones provinciales y nacionales, particularmente en lo que respecta a la división de los poderes del Estado.- Asimismo , el régimen jurídico vigente, derivado de precisas normas constitucionales establece con claridad las competencias y jurisdicciones de los diferentes estados provinciales y las incumbencias respecto de las jurisdicciones federales en territorio de las provincias.-

Es especialmente llamativa y preocupante la ligereza con que autoridades de la provincia de Santa Cruz, más precisamente el Sr. Gobernador de la Provincia Daniel Peralta, incumple un fallo firme de nuestro máximo tribunal la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- Peligrosa actitud, agravada por la investidura del funcionario en cuestión y la inusitada insubordinación de un gobierno local ante expresas disposiciones de autoridades federales, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cercano al delito de secesión, el irresponsable proceder del Sr. Gobernador de Santa Cruz descarna frente a la ciudadanía, una alarmante impunidad ante los mandamientos judiciales y la obligatoriedad del sometimiento por parte de todos los ciudadanos, al imperio de la ley y la justicia.-

Es de esperar que el máximo tribunal de justicia de la nación, con plenas facultades para dictar la sentencia que ordena al Gobernador Peralta la reposición en su cargo al ex Fiscal General Provincial Eduardo Sosa luego de un pleito de más de 15 años de tramitación, exija con toda la fuerza de la ley y la legitimidad de su imperio, el cumplimiento del mandato judicial. De lo contrario, instrumente las sanciones aplicables sobre funcionarios que excedidos más allá de sus propias facultades sin medir las graves consecuencias de sus procederes ilegales, exponen a la ciudadanía a los designios caprichosos de sus conveniencias políticas y personales.-

Por tal motivo, Señor Presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.