La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe lo siguiente:

1º) Si la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) ha preparado una resolución por la cual se crea un Registro General de Operadores para las cadenas agroalimentarias de carnes, granos, leche y aves.

2º) Si el mencionado Proyecto de Resolución contempla la obligatoriedad de inscribirse para la totalidad de los actores de las mencionadas cadenas, estableciendo en caso de no hacerlo, severas multas.

3º) Si ha sido previsto, en el marco de este aumento de las atribuciones y funciones del mencionado organismo descentralizado, enriquecer y transparentar su funcionamiento con un consejo consultivo en el que estén representados todos los actores del sector agropecuario y agroalimentario

4º) Si ha sido previsto, en el mismo sentido, jerarquizar su estructura administrativa a través de concursos de su personal directivo.

5º) Si la persona que ha sido designada "adjunto responsable" de la Presidencia del ONCCA tiene, de acuerdo a esa función, atribuciones de firma en reemplazo del Presidente y cual es su situación de revista o vinculación contractual con el Estado Nacional.

Señor presidente:

Según trascendió en medios nacionales, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) ha preparado una resolución que otorga para sí misma una serie de facultades que, más que un ordenamiento de la cadena productiva y control de operaciones comerciales sin registrar o "en negro", aparece como lo que claramente podría convertirse en un nuevo instrumento para presionar al sector agroalimentario.

Según los titulares, tras la firma de la resolución en cuestión, la ONCCA extenderá su control prácticamente a todos los operadores del sector agropecuario obligándolos, mediante la creación de un registro, a obtener una matrícula de habilitación que deberá renovarse año a año, previéndose severas sanciones en caso contrario. Conocedores de la poca diplomacia del Secretario de Comercio Guillermo Moreno, de estrecha relación con el titular del organismo, Ricardo Echegaray, creemos que es justificada la preocupación.

Sin embargo, y antes de que se ensaye una interpretación falsa o capciosa sobre este proyecto de resolución, queremos abordar el problema central que aparece implícito cada vez que se tratan temas relacionados al control de algún sector del mercado.

La pregunta que se impone es ¿Por qué nos causa preocupación una posible resolución que pretende controlar mejor las cadenas agropecuarias y agroalimentarias? ¿Acaso los legisladores están intentando impedir la transparencia en su funcionamiento? Nada más alejado de la realidad. La respuesta es simple: Queremos transparencia en el mercado y, además, en los organismos del Estado que lo controlan.

Partimos de una premisa básica: No creemos en que el mercado se regula solo. Es el Estado quien desempeña un papel fundamental en la regulación de aquellas relaciones comerciales que pueden implicar abusos y opacidad a su funcionamiento. Pero una concepción progresista y moderna del estado no puede nunca basarse en mecanismos de gobierno tan poco transparentes como el mercado que pretende regular y controlar.

El método para hacer transparentes a estos organismos no lo hemos descubierto nosotros. Décadas de experiencia en el mundo demuestran que las juntas y entes de control de los diferentes rubros comerciales de la producción, la industria y el comercio deben ser ampliamente participativas. Estos organismos existen en todo el mundo y existieron también en nuestro país hasta que la oleada desregulatoria las devastó en los '90.

Para regular el funcionamiento de algún sector económico se deben crear organismos participativos en los que estén representados los actores sociales e institucionales que están directamente interesados o afectados por su desempeño. Hasta la Junta Nacional de Granos, que fue malograda por Roberto Aleman en la última dictadura y recibió el tiro del final en la década del '90, tenía las previsiones de participación de los actores interesados en una estructura consultiva.

Está claro que, hasta hoy, no ha habido de parte del Poder Ejecutivo una clara voluntad de replicar estos organismos de control social de la economía. Los intentos oficiales de ampliar los organismos de control no mostraron una clara vocación democrática y republicana, toda vez que no fueron acompañados por medidas concretas dedicadas a dotarlos de mayor transparencia y participación.

En mayo de 2007, se había presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificar la ONCCA, iniciativa que antes de su tratamiento en la Cámara Baja recibió el rechazo de algunos senadores. Ya en el corriente año, la actual crisis con el campo modificó el panorama político y social en el país, por lo que el Poder Ejecutivo pensó necesaria una herramienta rápida para tener mayor injerencia sobre toda la cadena de comercialización del sector para, por ejemplo, evitar un nuevo paro agropecuario. Fue así que desde marzo de este año desde el oficialismo se presentó un proyecto con el fin de crear un "superente" de control comercial agropecuario y agroalimentario (Enpyccaa), pero por su complejidad y sus exageradas atribuciones, luego de impulsarlo hasta lo insostenible, se dejó de lado.

Aún así, la estructura del Enpyccaa tenía en cuenta la designación de los 5 vocales de su directorio por concurso público y la creación de un Consejo Técnico asesor que, aunque en forma insuficiente, permitía la participación de los productores agropecuarios, las industrias, distribuidores, consumidores y colegios profesionales. Fue el único intento. Como dijimos, la complejidad y dimensiones de sus atribuciones hicieron que se derrumbe sobre sí mismo como lo hacen las viejas estrellas y desapareciera del firmamento sin dejar rastros.

Lo que no se resignó fueron las pretensiones de control sobre las cadenas agroproductivas ya que días después, se insistió nuevamente con el tema, proponiendo concentrar en una ONCCA ampliada, ya sin la participación y las mejoras funcionales referidas, todas las atribuciones del Enpyccaa, con prácticamente el mismo reglamento.

Finalmente, luego de la tristemente célebre comisión conjunta de Agricultura y Ganadería / Presupuesto y Hacienda que "debatió" el proyecto del PEN que pretendía ratificar la ordenanza 125/08 del Ministerio de Economía de la Nación, se dejó de insistir con ese tema que, vale aclarar, figuraba en el temario de la referida comisión conjunta.

Todo ese proceso nos hace suponer que la falta de acuerdo para sostener los proyectos previamente aludidos devino en que sea la propia Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario la que, a través de una resolución, se otorgue a sí misma las atribuciones tan ansiadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Y es que casi ningún sector escapará a la tarea de fiscalización de la ONCCA. Según trascendió, el texto de la resolución señala que: "Deberán inscribirse en el Registro las personas físicas o jurídicas que intervengan en la producción, transporte, industrialización, comercialización y cualquier actividad contemplada en la presente resolución de las cadenas comerciales agropecuarias y alimentarias".

La ya referida nota de Clarín señala que: "transportistas, distribuidores, exportadores e importadores, productores rurales de toda índole, mercados de futuros, corredores de cereales, elevadores de granos, desmotadoras de algodón, plantas arroceras, dueños de campos arrendados, fábricas de cerveza y destilerías, laboratorios, balanzas públicas y hasta los peritos clasificadores. Todos deberán matricularse ante la ONCCA cumpliendo con severas exigencias, como estar al día con los impuestos y las obligaciones previsionales. Hasta las concesionarias que canjean autos por soja deberán hacerlo cuando la norma entre en vigencia".

Pero más allá de persistir en estructuras de control burocráticas y no participativas, hay otra cuestión que consideramos más grave. Estamos hablando de que una dependencia del Estado se otorga a sí misma facultades extraordinarias que deberían ser sancionadas por ley a través del Congreso de la Nación.

Esta insistencia del Poder Ejecutivo Nacional en desconocer la vía legislativa, significa lisa y llanamente un paso hacia abajo, un escalón descendente más en la fortaleza de las instituciones nacionales, que además otorga una enorme debilidad a la herramienta que están tratando de crear, toda vez que hace pasibles de juicios y cuestionamientos legales las acciones sobre personas jurídicas -clausuras, multas- que a partir de esta resolución lleve adelante la ONCCA, a causa de contener el vicio de origen que implica la ausencia de la convalidación legislativa de esas atribuciones.

Con una estructura burocrática en la que no existen los concursos públicos para la designación en cargos jerárquicos, ubicando en ellos a personal contratado de quienes se desconoce la carrera administrativa, no puede pretenderse que la ONCCA se erija en el panóptico de las cadenas agropecuarias y agroalimentarias, ubicándose en un lugar que puede ver todo sin permitir que a ella la pueda ver nadie.

Entendemos que es primordial conocer las premisas básicas de funcionamiento de este organismo estatal que habiéndose creado solo con competencia en el control comercial del sector de granos y carnes, hoy está al borde de sobrepasar en términos reales a las de la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Por ello es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.