La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes y al Señor Gobernador de la Provincia de Corrientes para que informe, a través de quien corresponda, acerca de: 1) Si el Señor Iván Cansino (ex integrante del ejército) ahora radicado en la ciudad de Córdoba intervino en tareas de inteligencia en la localidad de Monte Caseros, provincia de Corrientes, que tuvieran como objeto las actividades que realiza en dicha localidad correntina los integrantes de la Junta Promotora de la CTA (Central de Trabajadores Argentina) de la ciudad de Monte Caseros y de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (organismo de base de aquella Central); Caso afirmativo informe quién o quienes en su caso han dado las órdenes a los fines que personal de la comisaría departamental de Monte Caseros se desplazara 400 Km. hasta la ciudad de Corrientes capital con el objetivo de efectuar tomas fotográficas a la delegación de la CTA que se aprestaba a realizar una marcha por las calles de la capital correntina; 2) Si el Señor Fabio Muro cuenta con alguna autorización oficial a los fines de realizar actividades de fotógrafo en la terminal de ómnibus de la ciudad de Monte Caseros: 3) Si los integrantes de la Junta Promotora de la CTA (Central de Trabajadores Argentina) de la ciudad de Monte Caseros y de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (organismo de base de aquella Central) resultan victimas en la Provincia de Corrientes de persecución política, social e ideológica

Señor presidente:

Motiva este pedio de informes los graves hechos acontecidos que a continuación se narran y cuya fuente resultan los propios integrantes de la Junta Promotora de la CTA (Central de Trabajadores Argentina) de la ciudad de Monte Caseros y de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (organismo de base de aquella Central); Junta Promotora ésta legalmente constituida y votada en asamblea en Enero del año 2010 y su organismo de base: es la Coordinadora por los Derechos y la Justicia que, desde hace más de 6 años se vincula con las victimas sociales que no encuentran respuestas, salida, ni atención, ni cobertura jurídica y social frente a los delitos contra la integridad sexual, la violencia de género, los abusos del niño/a, adolescente y la familia; viene desarrollando en la región un trabajo social y político entre los sectores más postergados y hacia el conjunto de la clase trabajadora, consistente no sólo en la contención y acompañamiento de los conflictos suscitados sino también en la promoción de formas de organización propia de los trabajadores, amparados en el derecho de protesta social, la libertad de expresión y manifestación, cuando las necesidades básicas no encuentran respuestas y pueden ser satisfechas; y entendiendo que el derecho a la protesta es la base para la preservación de los demás derechos ya que si esto falta habría sobradas razones para pensar que todos los demás derechos no pueden ser defendidos. En síntesis, el derecho a reclamar, y a organizarse para hacerlo efectivo, es el que resguarda todos los demás derechos consagrados por la Constitución Nacional, provincial y el estado de derecho vigente. Amén de las justas demandas de las familias, la pertenencia a una central sindical merece todo el respeto de autoridades e instituciones. Desde este espacio, esta junta Promotora de la CTA ha participado en luchas ambientales, salariales, de los barrios Correntinos por necesidades insatisfechas, de las familias marginadas y abandonadas, de trabajadores precarizados, etc.

Ahora bien, en este contexto, en el año 2010 la CTA Monte Caseros acompañó un importante conflicto suscitado con el sector de PESCADORES DE SUBSISTENCIA, quienes en noviembre de ese año se vieron impedidos de utilizar el río Uruguay ya que el gobierno provincial de Corrientes les impuso una veda por 45 días sin darles ninguna respuesta en cuanto a subsidios o paliativos alimenticios para un grupo cercano a 50 familias que viven de los frutos del río y con ello mantienen sus hogares. Para llamar la atención de los responsables de semejante imprevisión, se realizaron volanteadas explicando el conflicto en el acceso a la ciudad y generando un atascamiento, pero jamás un impedimento de la circulación. Pese a ejercer ese derecho legítimamente establecido en la Constitución Nacional, los integrantes de la Junta Promotora de la CTA Monte Caseros fueron amedrentados a fin que depongan su protesta por parte de las autoridades policiales y judiciales que se hicieron presentes en el lugar, atropellando y derribando carteles y atemorizando a quienes estaban reunidos en asamblea en el lugar, con sus móviles oficiales y otros particulares pero en los cuales circulaban policías de la departamental de Monte Caseros. Para las familias reclamantes, aquella lucha significó el empadronamiento y legalización de la tarea de los pescadores quienes a través del organismo provincial de Flora y Fauna han recibido tanto para el año 2011 como para el 2012 el CARNET que los habilita para ejercer su oficio lo que, de alguna manera demuestra la legitimidad de aquella protesta. Distinta ha sido la respuesta del Poder Judicial de Corrientes, el cual desde el mes de marzo del año 2011 citó reiteradas veces a miembros de la JUNTA PROMOTORA DE LA CTA y PESCADORES DE SUBSISTENCIAS en carácter de imputados en los delitos penalizados por el art 194 y 55 del código penal. Cada vez que fuimos citados, utilizamos el derecho constitucional de abstenernos a declarar. Sin embargo, con fecha 16/02/2012 el Juez de Instrucción Eduardo Alegre dictó el PROCESAMIENTO y la PRISION PREVENTIVA sobre: Guillermo Galantini, Ramón Gilberto Muñoz, Luis Juan Benítez, Julio Rodríguez, Ramón Alberto Ponce, Jorge Eduardo Sandoval, Sebastián Antonio Largueri, Víctor Suarez, Rubén Armando Martinoli, Jorge Daniel Pérez y Ana Elena Jarzal. Creemos que los hechos relatados no justifican de manera alguna semejante decisión, que deja a los imputados al borde de la cárcel, lo que sin dudas es un hecho inédito en el país y en la provincia. Esta excesiva decisión, que sin dudas incurre en abuso de autoridad por parte del funcionario judicial, busca frenar los reclamos de las víctimas sociales Por otra parte cabe aclarar que ninguno de los imputados son personas peligrosas o que podrían darse a la fuga como para que la autoridad judicial tome semejante resolución. Los ahora procesados en consecuencia cuentan con sobrada razón para pensar que esta decisión está originada en nuevas denuncias presentadas por miembros de la Junta promotora de la CTA referida contra el juez Alegre, el cual como respuesta adopta tal reacción con el objeto de acallar las mismas.

Pero no solo los hechos relatados configuran un grave atentado contra las libertades democráticas, sino que a lo ocurrido se suma el espionaje que se realiza contra los que reclaman a través de agentes que se han hecho presentes para fotografiar a los integrantes de la CTA referida, personajes estos que no forman parte de medio periodístico alguno. Esas prácticas continuaron incluso el día 06/03/2012 cuando minutos antes de salir los reclamantes de la terminal de ómnibus de Monte Caseros, rumbo a la ciudad de Corrientes para llevar los reclamos a la capital provincial, la delegación se vio sorprendida por los flashes fotográficos efectuados por el Sr. Fabio Muro (ex integrante de la gendarmería nacional) quien luego de tomar algunas fotografías fue separado del lugar por los integrantes de la delegación. Bochornosas actividades, seguramente alejadas del marco legal de los expedientes que imputan a los pescadores, no finalizaron allí; sino que se continuaron en la ciudad capital de la provincia cuando, aproximadamente a las 10 de la mañana del día 06/03/2012 en la plaza Cabral, integrantes de la delegación mencionada, ubican al Agente de la Comisaría Departamental de Monte Caseros Ernesto Galeano registrando fotografías de la concentración previa a la marcha a casa de gobierno. Esta práctica se emparenta con la querella que recientemente han realizado en Buenos Aires diferentes organismos de Derechos Humanos, organizaciones gremiales, políticas y sociales, popularizados por los medios de comunicación como Proyecto X, que constituye una grave violación a los derechos de las personas y de las leyes vigentes en el país.

En base a lo expuesto, promovemos el presente pedido de informes con el objeto deseamos que sea investigado ¿Hasta dónde la decisión del Juez Eduardo Alegre no constituye una negación del legítimo derecho social a la protesta, vulnerando derechos constitucionales que debería respetar y preservar?; ¿Hasta qué punto la actividad del Sr Iván Cansino (ex integrante del ejército) y ahora radicado en la ciudad de Córdoba es legal según la legislación Argentina? (1° caso denunciado por nuestras organizaciones)? ; ¿Quién o quienes han dado las órdenes para que agentes de la comisaría departamental de Monte Caseros se desplazara 400 Km. hasta la ciudad capital para efectuar tomas fotográficas a la delegación de la CTA que se prestaba a realizar una marcha por las calles de esa ciudad? ; ¿Cuál es el registro de la actividad de fotógrafo que consta en los organismos de la DGI, ANSES, AFIP y RENTAS PROVINCIAL del Sr. Fabio Muro? ¿Cuál es la habilitación donde consta que este Sr. Puede registrar tomas sin autorización en la terminal de ómnibus de la ciudad de Monte Caseros?

Por todo lo expresado Sr. Presidente, es que le solicitamos la aprobación del presente pedido de resolución.