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PROYECTO DE TP
Expediente 1201-D-2007
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR EL INTENTO DE INTIMIDACION A LOS MIEMBROS DE LA CAMARA DE CASACION PENAL POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA NACION, MINISTRO DEL INTERIOR E INTEGRANTES DE LA SALA ACUSADORA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.
Fecha: 30/03/2007
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 22
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Su más enérgico repudio
ante el intento de intimidación dirigido contra miembros de la Cámara de
Casación Penal por parte del presidente de la Nación, el ministro del
Interior e integrantes de la Sala Acusadora del Consejo de la
Magistratura, según dan cuenta los ejemplares de "Clarín" del 24/03/07
y "La Nación" y "Página 12" del 25/03/07, que constituye una
inadmisible injerencia en las incumbencias exclusivas del Poder Judicial
de la Nación y del Ministerio Público.
Asimismo, reclama que en
lo sucesivo tales autoridades se abstengan de entrometerse
arbitrariamente en las funciones propias de otro poder del Estado, tal
como exige el régimen republicano que nos rige (art. 1° de la
Constitución Nacional).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las públicas declaraciones
efectuadas por el señor Presidente de la República en la provincia de
Córdoba el pasado 24 de marzo al cuestionar la tarea desarrollada por
cuatro jueces integrantes de la Cámara Nacional de Casación Penal, y las
posteriores manifestaciones efectuadas por el Ministro Aníbal Fernández
y por componentes del Consejo de la Magistratura íntimamente
vinculados al oficialismo constituyen, a mi entender, una inaceptable
injerencia del Poder Ejecutivo en el área de competencia de otro poder
del Estado, cual es el Judicial.
La queja presidencial,
derivada de la supuesta demora en la tramitación de distintas causas en
las que se ventilan cuestiones relacionadas con los derechos humanos, y
la personalización en el Presidente de la Cámara de Casación Penal del
cuestionamiento ideológico no constituye otra cosa que un flagrante
desconocimiento del sistema republicano de división de poderes y
merece que este cuerpo, precisamente en salvaguarda de las
instituciones de la República, se pronuncie abiertamente advirtiendo
sobre la improcedencia de este accionar, reiterado ya, del Ejecutivo y
rechazando claramente, toda conducta que vulnere o limite la
independencia del Poder Judicial de la Nación.
El Presidente de la Nación
no debería, por respeto a su propia investidura y la de los propios
magistrados a los que se refirió, utilizar una tribuna originada en el
recuerdo de los traumáticos sucesos ocurridos en nuestro país durante la
década del 70 para lanzar un discurso de barricada en pleno año
electoral, atentatorio de las instituciones básicas de la república
olvidando que fue elegido para representar a todos los argentinos y no
sólo a una parte, ya que la Justicia no debe tener hijos y entenados sino
que debe ser igualitaria para todos.
No está en discusión los
padecimientos de aquellos que fueran víctimas del terrorismo de estado,
pero ese sufrimiento no les otorga ningún derecho que los eleve por
encima de los millones que, de una u otra manera, han sido y son
víctimas de múltiples delitos y que también sufren la crisis en la que se
desenvuelve la justicia en nuestro país y que ocasiona la demora en la
sustanciación de las causas penales, que perjudica aún en mayor grado a
quienes se encuentran sometidos a proceso, pero de eso no se
habla.
Pareciera ser, de acuerdo a
cómo se pronuncia el oficialismo, que los derechos humanos únicamente
son propiedad de un sector de la sociedad, pero no del resto del país, y
que la solución al tema judicial no debe ser general sino particular, lo
cual es insostenible.
Los integrantes de la
sociedad argentina responden a distintas vertientes de pensamiento, y
así como muchas de ellas se encuentran representadas en este
Honorable Congreso de la Nación, lo propio ocurre dentro de las
restantes instituciones de nuestra Patria y, obviamente, también se
verifica en las distintas inclinaciones de los miembros del Poder Judicial
de la Nación, de modo que no es factible efectuar cuestionamientos
basados en la ideología de los magistrados sino que, de corresponder,
ellos deben sustentarse en la carencia de fundamentación jurídica de sus
sentencias o de su mala conducta, pero nunca en si gusta o no gusta su
forma de pensar.
La pretensión de un
pensamiento único, homogéneo y acotado es propio de los regímenes
totalitarios, mas nunca de una República, como creo debiera ser la
nuestra.
En su alocución del 24 de
marzo último, el Presidente de la Nación afirmó: "Quiero decirle a la
justicia argentina, y el Consejo de la Magistratura sé que va a proceder,
que basta, por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se
aceleren. ¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la justicia?
¿Qué pasa con aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde
están parados hace años aquellos juicios que deberían estar en marcha?
¿Quiénes son los Fiscales de esa Cámara de Casación?". Y culminó
diciendo: "La traba que tenemos es que la Justicia está lenta. Yo les
puedo asegurar que empujo, empujo y empujo, pero algunos se hacen los
distraídos. Este es un tema que hay que tener en cuenta" (el resaltado me
pertenece).
Varios son los
interrogantes que se me presentan al leer el texto anterior:
En primer lugar, ¿cómo
sabe que el Consejo de la Magistratura va a proceder?, o es futurólogo o
esa intervención va a deberse a expresas instrucciones suyas a sus
acólitos integrantes de dicho Consejo. Como no creo que el señor
Presidente sea experto en adivinación, resulta claro que la segunda
opción es la correcta.
Si ello es así, todas las
razones que desde la oposición esgrimimos al cuestionar la ley que en
definitiva se dictó para modificar la composición del Consejo de la
Magistratura se han hecho realidad, y desde el oficialismo se pretende
que dicha institución constitucional se convierta en una verdadera
"GESTAPO" destinada a la persecución de aquellos magistrados que no
compartan la ideología gubernamental.
El segundo se desprende
de su pedido de juicio y castigo. El Presidente claro que puede pedir
juicio, pero el resultado del mismo es ajeno a su incumbencia ya que el
castigo, o no, dependerá de la evaluación de la prueba que efectúen los
jueces, no él. Esto sólo ya se convierte en inaceptable, máxime teniendo
en cuenta la condición de abogado del titular del Ejecutivo.
El tercero emerge de la
pregunta que se hace el Presidente acerca de cuál es el compromiso que
tienen algunos integrantes de la Justicia. ¿Qué quiere decir con eso?, ¿a
qué compromiso se refiere?, cuando es sabido que en cualquier república
que se precie de tal, el único compromiso de los jueces es el de hacer
cumplir la ley, y en este caso se desconoce si ello se verifica.
Por qué tal afirmación, o lo
que en realidad se pretende son jueces ideológicamente adictos, que
sean afines al oficialismo en desmedro de la dura letra de la ley, tal vez
con el objetivo de trabar en el futuro algunas causas en la que él o
algunos de sus ministros favoritos pudieran verse involucrados.
Finalmente, ¿qué quiso
decir el Presidente con la frase yo empujo, empujo y empujo, pero
algunos se hacen los distraídos?
Nada tiene que empujar,
pues ningún interés directo tiene en ello, ya que los que tienen que
hacerlo son los querellantes y, que se sepa, él no lo es. Pero, además, da
la casualidad que mucho del retraso en la resolución de las causas que
menciona se debe, precisamente, a la actividad desarrollada por los
querellantes.
Es absurdo y contradictorio
que se atribuya a los jueces el retraso ocurrido por la resolución de
infinidad de cuestiones planteadas por las partes que, justamente, en
definitiva, terminan dilatando la culminación del proceso.
Si a todo lo expuesto se
añade que algún integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación del
Consejo de la Magistratura, que responde al oficialismo, se refirió al
pedido de juicio político a cuatro miembros de la Cámara de Casación
Penal, formulado por un grupo de querellantes, como de muy sólido a la
vez que sugirió que si los jueces renunciaban le ahorrarían mucho
trabajo, es claro no sólo el prejuzgamiento con que se pronunció sino
también la intencionalidad de contar con cargos de reemplazo en aquel
órgano judicial.
Si además se agrega que el
Ministro del Interior, Aníbal Fernández, directamente requirió la
renuncia del Presidente de la Cámara de Casación Penal, como un
pretendido beneficio para la patria, es por demás evidente el ataque
institucional hacia el Poder Judicial de la Nación que parte del Ejecutivo
y merece nuestro total rechazo.
El texto transcripto lo ha
sido de la nota publicada en el diario La Nación del 25 de marzo de 2007
bajo el título "Kirchner cuestionó a jueces y fiscales", y a igual tema se
refiere lo publicado en Clarín el 24 de marzo de 2007 bajo el título "En
Córdoba, Kirchner volvió a pedir que se aceleren las causas contra
represores", y Página 12 del 25 de marzo de 2007 bajo el copete "Digo a
la justicia que basta".
La preocupación social
ante este embate contra la justicia se tradujo en múltiples expresiones
de repudio.
La nota publicada en La
Nación el 27 de marzo de 2007, titulada "Crítica de abogados y fiscales"
da cuenta de la opinión de distintas entidades jurídicas al respecto.
Para la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales, que recordó sus cuestionamientos a la
modificación en la integración del Consejo de la Magistratura, "nuevos
hechos renuevan la profunda preocupación y, en consecuencia, estima
que se debe guardar el respeto y la consideración debida a los jueces
intervinientes, teniendo en cuenta la división de poderes y la
independencia del Poder Judicial".
Por su parte, la Sociedad
de Abogados Penalistas sostuvo que: "Más allá de la saturación de
trabajo de los tribunales penales, sobre todo en esa Cámara (de
Casación) a partir del fallo de la Corte dictado en la causa Casal, resultan
incuestionables la independencia de criterio y probidad con que actúan
los magistrados cuestionados".
También la Asociación de
Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con
relación a las críticas del Presidente a los jueces de la Cámara de
Casación, expresaron que son "una coerción inaceptable, más allá de un
claro prejuzgamiento ante un eventual enjuiciamiento por parte de ese
órgano (el Consejo de la Magistratura)", a la vez que denunció que ello
importaba "un avance del Poder Ejecutivo" en perjuicio de la división de
Poderes.
No queda duda que el embate del
señor presidente de la Naciòn y su correlato en el Consejo de la Magistratura tiene
el fin de intimidar a los miembros del Poder Judicial con la amenaza de juicio
político, y de destitución por ende, si sus sentencias no se encolumnan tras los
deseos del Ejecutivo. Ello significa lisa y llanamente la destrucción de la república.
Es por todo lo expuesto,
que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GINZBURG, NORA RAQUEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| COMELLI, ALICIA MARCELA | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
| PINEDO, FEDERICO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| TONELLI, PABLO GABRIEL | BUENOS AIRES | PRO |
| VANOSSI, JORGE REINALDO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| JUSTICIA (Primera Competencia) |