La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó el recurso, presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, destinado a la investigación, por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la Guerra de Malvinas por Oficiales y Suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos.

Expresar su beneplácito por la decisión de organizaciones de ex combatientes, de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue y, de corresponder, castigue a los responsables de los maltratos y vejámenes que sufrieron los soldados conscriptos durante el conflicto armado que la República Argentina mantuvo con el Reino Unido en 1982.

Señor presidente:

El 19 de febrero de 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó al Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, su decisión de desestimar el recurso presentado por dicha organización. De esta manera se vedaba la posibilidad de investigar los delitos cometidos por Oficiales y Suboficiales contra soldados conscriptos, durante la guerra de 1982 en el teatro de operaciones del Atlántico Sur.

Se trata de crímenes de lesa humanidad que incluyen asesinatos, torturas, estaqueamientos, violaciones entre otros tratos crueles, inhumanos y/o degradantes. El proceso penal comenzó en el año 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande a partir de 74 denuncias de soldados que sufrieron maltratos durante el conflicto bélico por las Islas Malvinas. En 2009 la jueza federal Lilian Herráez, consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores argumentando que "cuando el individuo es agredido en sus más altos valores, se ataca también a la humanidad" por eso "lo que caracteriza esencialmente el crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como víctima".

De los más de 80 militares imputados, uno de ellos acusado de tormentos a por lo menos cinco ex combatientes, Jorge Taranto, solicitó el cierre de la causa por considerar que los delitos de los que se lo acusa prescribieron. Tanto el juzgado federal de Río Grande como la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazaron la presentación pero, tras insistir, se llegó a la Cámara Federal de Casación Penal y esta vez se consideró como "errónea" la calificación de delito de lesa humanidad y devolvió el expediente a la Cámara Federal que dictó una nueva sentencia donde declaró prescripta la causa.

Ese fallo fue apelado por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (C.E.C.I.M.) y tras el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal, la causa llegó a la Corte Suprema en 2012.

Un dictamen del Procurador General interino por aquel entonces, Luis Santiago González Warcalde, recomendó al máximo tribunal considerar esos delitos como de lesa humanidad porque "la tortura y otras formas de trato equivalentes, al violar una prohibición absoluta e inderogable del derecho internacional de los derechos humanos constituyen tipos de atrocidades explícitamente incluidas en la categoría de crimen de lesa humanidad".

La tortura de soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas constituyeron delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles. Sin embargo, la Corte Suprema desechó la opinión de la Procuración y desestimó el recurso. La resolución emitida por la Corte lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y José Luis Maqueda, y cuenta con sólo tres párrafos a pesar de haber llegado a sus manos hace tres años.

Es importante destacar que, durante todo este largo proceso legal, los veteranos de guerra recibieron el apoyo de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación H.I.J.O.S y la institución de la comunidad judía D.A.I.A., que dio asistencia a los veteranos de origen judío, presentándose en la causa como amicus curiae.

Como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, la cuestión de la Guerra de Malvinas no puede disociarse de la dictadura militar que la llevó a cabo. Y sus métodos ilegales en el territorio continental fueron similares a los que se utilizaron en las islas. La última dictadura cívico-militar llevó a cabo un claro plan sistemático de exterminio contra toda una generación, que incluyó el envío de tropas a Malvinas.

El derecho a conocer la verdad y a que la Justicia investigue estos hechos aberrantes no es sólo un derecho de las víctimas, sino de todo el pueblo argentino. La resolución del máximo tribunal es un retroceso de las políticas en materia de Derechos Humanos que vienen llevando adelante los Organismos que claman por la Memoria la Verdad y la Justicia y al mismo tiempo, se dirige en contra de una política de Estado encabezada por el gobierno nacional.

La inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la conformación de sitios para la memoria en ex Centros Clandestinos de Detención, los cientos de genocidas condenados, los 114 nietos recuperados, la desclasificación de expedientes, son todas decisiones dirigidas a la defensa de los derechos humanos y la justicia. Los avances deben ser defendidos por cada uno de los argentinos.

En este marco, es que la Presidenta invitó a los ex combatientes a llevar su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en San José de Costa Rica. Durante su discurso de apertura del periodo 133 de Sesiones Ordinarias, en su mensaje a la Asamblea Legislativa declaró "Vayan y reclamen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", y agregó que se sentía "muy sensibilizada" por este pedido de justicia. Ante esta sugerencia, organizaciones de excombatientes han manifestado públicamente su voluntad de litigar en esa instancia internacional, en búsqueda de juicio y castigo para quienes incurrieron en crímenes de lesa humanidad.

La decisión de la Corte dicta un precedente de gravedad institucional que de un modo incomprensible impide conocer y enjuiciar a quienes llevaron adelante torturas y crímenes de lesa humanidad contra jóvenes argentinos; crímenes que a partir de la sentencia podrían quedar impunes. Queda el recurso de recurrir a tribunales internacionales y debemos alentar esta opción para redimir a las víctimas y, con ello, al conjunto de la sociedad.

Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.