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PROYECTO DE TP
Expediente 1195-D-2014
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR EL ASCENSO DEL GENERAL CESAR LUIS MILANI AL GRADO DE TENIENTE GENERAL Y SU NOMBRAMIENTO COMO JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 21/03/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 13
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Repudiar el ascenso del General César
Luis Milani al grado de Teniente General y su nombramiento como Jefe del Ejército
Argentino.
Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional
su inmediata destitución del cargo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombramiento de César Luis Milani,
como Jefe del Ejército, y su reciente ascenso a Teniente General, a pesar de las
numerosas denuncias de familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de
derechos humanos y diversas organizaciones sociales y políticas del país que pesan
sobre su persona, en cuanto a su vinculación con casos de desapariciones de
personas durante la última dictadura militar de 1976 al 1983, constituye un agravio
y atropello a la lucha que por casi cuarenta años vienen llevando adelante los
organismos de derechos humanos y el movimiento popular argentino por el juicio y
castigo a todos los responsables del genocidio.
Los organismos de derechos humanos
y organizaciones políticas llevan realizadas contundentes y sólidas denuncias que
sustentan este proyecto de resolución. Nos referimos a las que vinculan al ahora
Teniente General Milani con la desaparición en 1976 del conscripto Alberto Agapito
Ledo, con el secuestro y torturas que sufrieran Ramón Alfredo Olivera -y su padre-,
en un centro clandestino de La Rioja y con el secuestro del periodista riojano Oscar
Plutarco Schaller (causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez). Estas
gravísimas acusaciones fueron realizadas hace décadas por las víctimas y sus
familiares. A ello se debe agregar la participación de Milani en el "Operativo
Independencia", que eliminó físicamente a gran parte de la militancia obrera y
juvenil de la provincia de Tucumán; su paso como oficial de inteligencia por el
Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 con sede en La Rioja, que fue el
epicentro de la represión en aquella provincia y donde funcionó un Centro
Clandestino de Detención, y finalmente, su paso también por el Batallón de
Inteligencia 601, de acuerdo a los listados desclasificados y publicados por primera
vez en febrero de 2010 en la revista Veintitrés. No podemos dejar
de señalar que allí Milani compartió
tareas de espionaje para el secuestro, tortura y desaparición de personas junto al
actual titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrado también como Milani al
supuesto "proyecto nacional" que se pregona desde el gobierno nacional.
Como es de público conocimiento, los
senadores del oficialismo y sus aliados adujeron la figura del principio de inocencia
para sostener su designación, a pesar de que Milani está siendo investigado por
estos crímenes y delitos. Sin embargo, esto contradice numerosos antecedentes de
ascensos a militares objetados por militantes y organismos de derechos humanos
en virtud de los cuales fueron denegados por la Cámara Alta. Fueron los casos, por
ejemplo, de Rafael Braga (pliego rechazado el 18 de diciembre de 2002,
condenado a prisión perpetua tiempo después) y de Julio César Binotti (pliego
rechazado el 27 de noviembre de 2002, actualmente imputado en la causa ESMA
por su participación en los llamados "vuelos de la muerte"). No nos equivocamos si
consideramos la designación de un represor de la dictadura al frente del Ejército
como un punto final en la demagogia derecho humanista del gobierno nacional y
como un fuerte golpe a la lucha popular por el juicio y castigo a los asesinos,
genocidas y represores de ayer y de hoy. Un gobierno que pasó de "descolgar el
cuadro de Videla" a designar a un acusado por genocidio como máximo exponente
del ejército deja claro que en vez de "defender los derechos humanos", como lo ha
venido diciendo con su doble discurso, los viola.
Milani es un oficial del Servicio de
Inteligencia del Ejército, jefe de ese organismo, que además, por primera vez en la
historia, conserva ambos cargos. Ese servicio de inteligencia está denunciado -
como los servicios de inteligencia de la Policía Federal y de Gendarmería- por
espionaje interno a las organizaciones de trabajadores, populares y políticas.
Incluso, han reasignado partidas presupuestarias y le otorgaron a inteligencia del
Ejército fondos adicionales ($ 1.325 millones de partidas extras), mayores que los
que recibe la propia SI del Estado. Se advierte claramente en el perfil de la
designación una orientación política sobre el rol del Ejército en cuestiones internas,
lo que junto a los antecedentes como represor de la dictadura, configuran un claro
peligro para la plena vigencia de las libertades democráticas. Esa presunción de
intervencionismo del Ejército en cuestiones internas se vio confirmada con el
desplazamiento de tropas que colaboraron con otras fuerzas de seguridad
en la provincia de Santa Cruz para el
desalojo de familias sin techo ocupantes de tierras. El ex Presidente Fernando De
la Rúa intentó utilizar a esta fuerza para sofocar la rebelión popular de diciembre
de 2001, sin éxito. En los últimos días se emitió un radiograma con "orden de
apresto" para los efectivos del Ejército hasta el 31 de diciembre del corriente por
las tensiones sociales que rodean este fin de año 2013 de aguda inflación y
reclamos sociales y salariales. El gobierno nacional está dando continuidad a la
repudiada aprobación de la llama Ley Antiterrorista, con una jefatura del ejército a
la medida de la aplicación de esa ley que introduce las herramientas de un estado
de excepción contra las libertades democráticas.
Si el oficialismo, a pesar de los
cuestionamientos, decidió ignorar estas denuncias y precedentes es por estos
motivos de fondo. No se puede soslayar que el nombramiento del cuestionado
Milani se produce en un marco de crisis de fin de ciclo del Gobierno y de una
aguda descomposición de los aparatos de seguridad y en un marco donde arrecian
los reclamos populares contra la carestía y el ajuste sobre las condiciones de vida,
lo que constituye, a juzgar por la experiencia, una clara señal de reforzamiento del
aparato represivo del Estado, en momentos de crisis económica y política, que será
oportunamente utilizado contra los reclamos del movimiento popular y los
trabajadores. Ya es parte de una "política de Estado" de este Gobierno utilizar a las
fuerzas armadas para la represión interior y el espionaje político contra opositores,
en lo cual la Gendarmería Nacional es un caso emblemático. César Luis Milani
colaboró con la profundización del Proyecto X, conjuntamente con la ex ministra de
Defensa Nilda Garré. Recordemos, también, que dicho programa de espionaje
contra organizaciones políticas y sociales opositoras tiene su cabecera en Campo
de Mayo, una dependencia del Ejército y la Gendarmería.
Vale decir que la designación de
Milani viene a jugar un rol político concreto en la crisis actual.
El Gobierno Nacional pretende volver
a darles a las FFAA un protagonismo político, cuestión que se evidenció en el
discurso de asunción del propio Milani, quien se encargó de destacar su intención
de poner al Ejército al servicio de un supuesto "proyecto nacional".
Más allá de su alineación política real,
lo que traduce de gravitar en el poder político y la crisis política en curso.
César Luis Milani no sólo no debería
haber sido ascendido y designado como Jefe del Ejército, sino que debería estar
siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad. Si aún no lo está -al igual que
miles de partícipes militares y civiles del genocidio- se debe al imperio durante más
de 17 años de las leyes y decretos de impunidad impuestos por gobiernos
radicales y justicialistas, y a un sistema actual de juicios donde toda la carga de la
prueba cae sobre los pocos sobrevivientes del genocidio, mientras que el Estado
cuenta al día de hoy con archivos que este Gobierno, al igual que sus antecesores
desde 1983, se niega a hacer públicos.
Por todo lo expuesto, llamamos a esta
Cámara de Diputados y al pueblo trabajador, a acompañar el presente proyecto de
resolución. No sólo están en juego la reivindicación de la lucha de más de 35 años
por el juicio y castigo a los genocidas: será también una fuerte señal de rechazo y
resistencia ante los preparativos que están en marcha de reforzamiento del
aparato militar y de espionaje, que apuntan inequívocamente contra el movimiento
popular.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
PITROLA, NESTOR ANTONIO | BUENOS AIRES | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
LOPEZ, PABLO SEBASTIAN | SALTA | FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES |
NEGRI, MARIO RAUL | CORDOBA | UCR |
VILLATA, GRACIELA SUSANA | CORDOBA | FRENTE CIVICO - CORDOBA |
PERALTA, FABIAN FRANCISCO | SANTA FE | GEN |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
LOZANO, CLAUDIO RAUL | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNIDAD POPULAR |
D'AGOSTINO, JORGE MARCELO | ENTRE RIOS | UCR |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PROYECTO SUR - UNEN |
ROGEL, FABIAN DULIO | ENTRE RIOS | UCR |
LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | GEN |
BURGOS, MARIA GABRIELA | JUJUY | UCR |
DUCLOS, OMAR ARNALDO | BUENOS AIRES | GEN |
DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA | BUENOS AIRES | LIBRES DEL SUR |
DEL CAÑO, NICOLAS | MENDOZA | PTS - FRENTE DE IZQUIERDA |
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Comisión |
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