La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enfático repudio y condena al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, ante una nueva conmemoración de la fecha que inauguró la etapa más trágica de la historia argentina.

Su permanente compromiso con la defensa y el respeto de los derechos humanos de ayer y de hoy, la construcción de la memoria colectiva y la búsqueda de la verdad y la justicia, que ponga fin a la impunidad de los responsables del terrorismo de estado y los crímenes de lesa humanidad.

Señor presidente:

A través de la presente declaración manifestamos una vez más nuestro repudio al golpe de estado instrumentado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976, que irrumpieron el poder público, inaugurando el terrorismo de estado.

Bajo el pretexto de restaurar la paz y el orden, "combatiendo a la subversión", los militares derrocaban nuevamente a un gobierno constitucional e imponían al mando del Estado a la Junta de Comandantes en Jefe presidida por Jorge Rafael Videla, acompañado por Emilio Massera y Orlando Agosti.

Para llevar a cabo la "Doctrina de la Seguridad Nacional" contaron, no sólo con el entrenamiento de las fuerzas militares y policiales en las técnicas más crueles de violencia, sino también con el apoyo de los grupos de poder político y económico nacional e internacional, que encontraron en el gobierno de facto la herramienta más viable para la consecución de un proyecto económico de concentración de la riqueza afín a sus intereses: era el aparato del Estado al servicio del poder económico internacional.

Así, para terminar con las utopías y las ideologías que significaban una amenaza para el modelo, procedieron a la aniquilación de una generación, al exterminio del "adversario político". La metodología es harto conocida por todos nosotros: la supresión de las instituciones, la censura, el terror, la represión, el estado de sitio, y la comisión sistemática de las más aberrantes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: el fusilamiento, la desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés y el consiguiente robo de identidad.

La pobreza extrema, la marginalidad, la brecha de la desigualdad, la concentración de la riqueza, el pago de una deuda ilegítima que sigue teniendo cautivo al pueblo argentino, la continuidad de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos como prácticas corrientes de las fuerzas de seguridad, siguen siendo aún la herencia de aquella etapa de terror y entrega, y son las deudas y desafíos que tiene la democracia.

En esta conmemoración de los treinta y cinco años del golpe de estado, reivindicamos la lucha por la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia, la recuperación de la identidad ultrajada, la condena a los responsables que ponga fin a la impunidad, y sobre todo destacamos el papel de la memoria: no hay justicia sin memoria.

En honor al mandato que el pueblo nos ha otorgado debemos demostrar que nuestra vocación por la defensa y el respeto de los derechos humanos no es sólo hacia atrás, sino presente y futura.

Nuestro compromiso hoy y hacia las generaciones venideras es que el Estado no siga castigando a la pobreza, utilizando la criminalización de la protesta como mecanismo para silenciar los reclamos del campo popular, reprimiendo y torturando jóvenes en las calles, cárceles y comisarías, ni haya un solo desaparecido más en democracia, y que los responsables de estos crímenes no gocen de impunidad. Ése debe ser nuestro homenaje a las víctimas del terrorismo de estado.

En virtud de la trascendencia de esta fecha para la memoria colectiva, solicitamos la aprobación de este proyecto de declaración.