La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informe, a través de quien corresponda, sobre los resultados obtenidos en la reformulación del Programa "Jefes y jefas de hogar desocupados" conforme lo estableció el Decreto 1506/2004, en el Programa "Familias por la inclusión social". Específicamente se solicita informe sobre los siguientes puntos, a saber:

1. Cantidad de beneficiarios traspasados al nuevo programa desde su implementación hasta la fecha, desglosado anualmente;

2. Distribución territorial de los beneficiarios;

3. Montos percibidos por familia según distribución territorial;

4. Financiamiento del Programa: especifique origen de los fondos, partidas presupuestarias y créditos asignados;

5. Presupuesto total asignado al programa desglosado por año con más lo presupuestado para el año 2007 y 2008;

6. Cantidad de beneficiarios que aún perciben el subsidio a través del Programa Jefes y jefas de hogar desocupados y su distribución geográfica;

7. Cantidad de beneficiarios que dejaron de percibir el subsidio de estos programas por ser incorporados al mercado laboral.

Asimismo se solicita que el Poder Ejecutivo Nacional, ante la lentitud con la cual aquellos beneficiarios se incorporan a las actividades productivas y de servicios y/o programas universales, y en especial sobre la base del retraso de los subsidios que los condena a una situación de exclusión social aberrante, convoque en el marco de la vigencia de la emergencia dispuesta por la Ley 25561 al CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES (CCNPS), incluyendo organizaciones empresariales, sindicales, sociales, políticas, organismos no gubernamentales y a los representantes de todos los cultos e iglesias a fin de analizar medidas adicionales en el campo del empleo, la educación, la cobertura social, la provisión de salud y alimentos, que permitan rescatar e incluir rápidamente a millones de compatriotas que viven hoy en la marginalidad extrema.

Señor presidente:

El Parlamento Argentino como representante directo de la ciudadanía tiene la obligación política y ética, de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para saber la evolución de las políticas sociales aplicadas por éste a los sectores más vulnerables de nuestro país.

Es preciso, al respecto, justipreciar adecuadamente la situación antedicha. Lo que "parece" (más debe ser evidenciado desde la realidad numérica) es que la absorción de estos sectores por parte de las actividades productivas y comerciales es muy lenta, y por tanto las carencias económico-sociales de los mismos han adquirido a través de los años el carácter de estructurales.

El día a día muestra una exclusión creciente, puesto que la brecha crece en forma constante, dado que los subsidios permanecen inmóvil frente a los alimentos, servicios de salud etc. que elevan su precios en torno al 1 % mensual desde hace largos meses.

No es justo y es peligroso para la convivencia social permanecer indiferentes. Debemos atenderlos y discutir programas de inclusión y redistribución.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la primera responsabilidad en este campo.

Sobre el particular es necesario señalar que los recursos fiscales para financiar la erogación de estos programas estuvieron y están disponibles y van en aumento.

Los excedentes fiscales que maneja el gobierno nacional deben aplicarse conforme a un orden de prioridades y esta cuestión, a no dudarlo, esta pendiente y no admite más demoras.

Este proyecto procura comenzar a delinear un camino que conduzca a encontrar soluciones estructurales para atenuar la pobreza en nuestro país, pero para ello necesitamos conocer las "cifras" que maneja el Poder Ejecutivo Nacional en este tema y que deben estar disponibles para nosotros los representantes del pueblo.

Creemos que se debe reestudiar el tema: las soluciones pensadas en su momento para una fase transitoria, han quedado superadas por la fuerza de los hechos.

La lentitud de la recuperación económica para reinsertar a los argentinos sin trabajo y beneficiarios del plan es manifiesta; la situación ha devenido en crónica y con ella la miseria, y la indigencia se han convertido en permanentes para miles de hogares.

Es imperioso encontrar medidas adicionales que provean un sendero efectivo de inclusión social para estos sectores.

Por esto, este proyecto también solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, convoque en el marco de la vigencia de la emergencia dispuesta por la Ley 25561 al CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE POLITICAS SOCIALES (CCNPS), incluyendo organizaciones empresariales, sindicales, organismos no gubernamentales y a los representantes de todos los cultos e iglesias a fin de analizar nuevas propuestas en el campo del empleo, de la educación, de la cobertura social, de la provisión de salud y alimentos, que permitan rescatar rápidamente a millones de compatriotas que viven hoy en la marginalidad extrema.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene las facultades y los recursos para iniciar este trayecto. Debemos discutir políticas de fondo y abandonar el centralismo, la acumulación, e ir a políticas de inclusión, de distribución e integración territorial y social, de mayor equidad y sustentabilidad.

Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.