La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agradado que, dada la situación de aumento excesivo en los precios de los fertilizantes utilizados por los productores agropecuarios, el gobierno utilice la alícuota necesaria de los derechos de exportación, para compensar los precios y lograr la utilización masiva de fertilizantes por parte de los productores, que de otra manera verían muy limitadas las posibilidades de este uso, constituyéndose la actual situación de precios desbordados en una seria limitante para la producción y por ende para la entrada de divisas para nuestro país.

Señor presidente:

No sólo la intervención del Gobierno sobre los mercados de granos y hacienda es hoy motivo de una crítica situación de rentabilidad para nuestros productores. En medio de una campaña récord, con unos 90 millones de toneladas, en los últimos dos meses no ha pasado inadvertido el fuerte aumento del precio de los fertilizantes, sobre todo los fosfatados, que en lo inmediato impactará sobre el trigo, las pasturas y más adelante sobre la siembra de maíz.

Según datos históricos el fosfato diamónico, que entre los años 2000 y 2006 mantuvo un nivel histórico de precios entre 280 y 320 dólares la tonelada, sufrió un incremento a principios de 2007 que lo llevó a valores entre 500 y 530 dólares, continuó su incrementos en el precio durante todo año pasado ( 2007) y hoy, en el mes de febrero ha alcanzado en algunos casos valores de 1.000 a 1.100 dólares constituyéndose en un insumo prácticamente inalcanzable para los productores tanto de trigo como de maíz, cultivos que dependen en forma importante de la aplicación de este fertilizante para alcanzar los valores de producción por hectárea que hoy se detenta. En una medida menor pero también importante por las cantidades se sitúa la aplicación del fosfato diamónico para pasturas.

La soja, necesita menores cantidades, lo que pone en riesgo la producción argentina pues la mayoría de los productores que pensaban cultivar maíz, no tendrán otro remedio, si las cosas no cambian, que sembrar soja, cuyos requerimientos son menores. Esto aumentará la tan temida "sojización" que todos queremos evitar, pues lo ideal es la diversificación de los cultivos para mantener un nivel de sustentabilidad más aceptable.

Aunque la urea experimentó cambios menores en su precio, hoy hay temor entre los productores por lo que pueda ocurrir en las próximas semanas con este fertilizante, que en el exterior ya vale US$ 100 más. ¿A qué se debe el aumento de los productos fosfatados? En las empresas proveedoras de insumos identifican como causa gravitante el incremento de área con maíz en los Estados Unidos, que por la demanda por etanol subirá unos cuatro millones de hectáreas, pasando de 31 a 35 millones de hectáreas, y al fuerte aumento del barril del petróleo.

Pero aparte de los Estados Unidos se espera un mayor consumo de fertilizantes en Brasil, México (donde crecerá 500.000 hectáreas el área con maíz), Indonesia y Europa, entre otros destinos. Incluso habría más áreas en la Argentina de no mediar este incremento excesivo en los precios de los fertilizantes.

La suba de los fertilizantes ya está ocasionando cambios en las estrategias de los productores argentinos. Hoy ya se trata de fertilizar lo mínimo indispensable; hay planteos que bajarán un 30% la fertilización. Para cumplir los compromisos de abastecimiento varias empresas proveedoras de insumos ofrecen una mezcla a base de distintas fuentes. La mezcla puede resultar un 20-30% más barata respecto de un producto puro.

Una medida adicional a la compensación directa que aquí proponemos es bajar a 0 el arancel de importación para el caso de los fertilizantes fosforados, que hoy tributan un 6%.

Gear, que indicó que se sembrarán 700.000 hectáreas más con maíz (el directivo proyecta un área de 4,2 millones de hectáreas y una producción de 28 millones de toneladas), consideró que la suba final de los costos de implantación del maíz estará en torno del 20% si a la semilla se suman el mayor precio de los fertilizantes y otros costos.

A todo esto, lejos de disiparse, la polémica por el precio de la urea granulada, que incluye denuncias sobre supuestas diferencias entre los valores del mercado interno y el de exportación de este insumo, ya va camino a transformarse en un conflicto que en el corto plazo sólo podría tener una solución a partir de alguna definición del Gobierno.

Desde que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia comenzó a realizar, por orden de la resolución 149 del 13 de octubre pasado emitida por la Secretaría de Coordinación Técnica de la Nación, audiencias con los sectores de la producción para conocer cómo se hace el abastecimiento de este producto en la Argentina, el tema parece generar cada día más controversias.

En efecto, los productores siguen sosteniendo que Profértil, la principal abastecedora de urea (la empresa tiene más del 70% del mercado local y vende 710.000 de las 950.000 toneladas que se consumen), tiene un precio para este producto en la Argentina y otro para la exportación a países como Brasil, Uruguay y Chile (la firma comercializa en el exterior unas 440.000 toneladas entre los meses de noviembre y mayo.

Justamente, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia empezó a recibir hace unas semanas a representantes de la producción (ya pasaron por allí miembros de entidades como CRA, Carbap, Coninagro, Cartez y la Sociedad Rural Argentina), que, entre otras cosas, argumentan que habría unos 100 dólares de diferencia entre el precio del producto de esta empresa en el mercado interno (US$ 350, aproximadamente) y el valor con que esta misma firma lo exportaría (unos 200/250 dólares. Vale la pena que el acuerdo firmado el año pasado entre la firma y la SAGP y A determinaba que el precio de la urea al productor, no debía exceder los 300 dólares por TN.

Hace nueve meses, este mismo organismo le recomendó a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía de la Nación archivar la denuncia que un productor había realizado contra Profértil por presunta distorsión del mercado de urea en el país.

Ahora, tras las renovadas denuncias que los empresarios del agro comenzaron a formular hace unos meses, a las que se sumó un informe elaborado por técnicos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, esta cuestión quedó en manos de Defensa de la Competencia, que deberá concluir una serie de audiencias antes de volver a sugerir una resolución o medida.

Según trascendió, si este organismo llegara a demostrar que hay una diferencia considerable entre el precio del mercado interno y el de exportación de este insumo, no sancionaría la posición dominante de la empresa, pero sí su "actitud" por el supuesto abuso de mercado. "En este caso, las pautas de transparencia comerciales no se cumplen, porque estamos seguros de que hay una distorsión. La empresa elabora la urea granulada con costos nacionales (su principal insumo es el gas) pretendiendo vender al precio internacional", dijo Néstor Roulet, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

Para Eduardo Rodríguez Arias, quien representó a Confederaciones Rurales Argentina (CRA) durante una presentación ante Defensa de la Competencia, los productores argentinos no están pagando por la urea un precio razonable.

"No hay razones para que haya diferencias de valores. Este mercado no es transparente por algún secreto comercial. Sé que por estos precios hay empresas arroceras que compran en Brasil la urea argentina y luego la traen otra vez aquí a 60/70 dólares menos", afirmó. Más allá de las críticas, los productores han elaborado algunos informes donde se observa cuál sería el impacto de la urea a un valor más bajo que el actual o al precio de la exportación.

En este sentido, según Rodríguez Arias, si este insumo se comercializara a unos 200 dólares los productores podrían utilizar más urea y cosechar, como consecuencia de un mayor impacto sobre los rendimientos, entre 2 y 4 millones de toneladas más de trigo.

Una conclusión similar expuso Roulet en un comunicado de Cartez, donde señala que la Argentina podría producir 9 millones de toneladas más de maíz, sobre una superficie de 3 millones de hectáreas sembradas, si es que los productores pudieran reinvertir los 100 dólares de más que supuestamente pagan por la urea. Es entonces una obligación de nuestro gobierno, intervenir para evitar las distorsiones que se generan y que ponen en riesgo nuestra producción. No olvidemos que en este sector se generan casi el 60 % de las divisas que entran a nuestro país por exportaciones. Cuidémoslo entonces, y, con medidas de tipo activo, hagamos que nuestra producción agropecuaria continúe con el gran proceso expansivo que año a año demuestra que es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía.

Por ello, Sr. Presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.