La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Requerir la compare- cencia del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Publicas de la Nación, D. Amado Boudou, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, a los efectos de que suministre al Plenario de esta Honora- ble Cámara, información detallada y explicaciones completas acerca del estado actual del Informe presentado por el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) y medidas adoptadas en conse- cuencia, respecto de la situación institucional del INDEC y del sistema de medición del Índice de Precios al Consumidor, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Decreto 927-2009 y de las recientes medidas sancionatorias aplicadas por la Secretaria de Comercio Interior a la actividad privada de profesionales, consultoras y centros de investi- gación, por difundir información relativa a los índices de precios.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional, por Decreto 927 del 21 de Julio de 2009, dispuso la transferencia del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) a la orbita del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas de la Nación.

Por dicha norma, el Po- der Ejecutivo Nacional creó el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES) de los diversos programas de trabajo que elabo- ra el INDEC, integrado por representantes de Universidades Publicas Nacionales, con el objetivo prioritario de evaluar la elaboración, apli- cación y pertinencia de la llamada Metodología 13 y su actualización, que se utiliza para la confección de Índice de Precios al Consumidor desde 1999 a la fecha, como así también asistir, evaluar y proponer al INDEC las metodologías de recolección, procesamiento y presenta- ción de información estadística, definición de indicadores y emitir re- comendaciones técnicas.

El CAES ha quedado integrado por las Universidades Nacionales de Tucumán, Rosario, Buenos Aires, Tres de Febrero y Mar del Plata, según Resolución 131- 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.

En este contexto, surge de las propias manifestaciones vertidas por las Universidades Nacio- nales integrantes del CAES, en los distintos medios de comunicación, que hacia el mes de Septiembre de 2010 el Consejo Académico cul- mino el Informe Técnico que le fuera requerido por el Poder Ejecutivo y remitido que fuera al Ministerio de Economía, nunca existió res- puesta formal alguna ni tampoco trabajo de análisis y evaluación con- junta sobre las sugerencias vertidas en dicho informe.

Del mismo modo, tampoco se ha dado conocimiento al Honorable Con- greso de la Nación del resultado de la tarea llevada a cabo por el CAES, aun pese a la obligación dispuesta y asumida por el propio Go- bierno Nacional en el art. 5 del Decreto 927-2009 que establece: "...Del resultado de tal tarea se dará conocimiento al Honorable Con- greso de la Nación observando las previsiones de la ley 17.622 y normativa complementaria en materia de secreto estadístico y de la ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Publica".

Asimismo y según se desprende de distintas publicaciones periodísticas, habida cuenta de la falta de difusión oficial del Informe Técnico por parte del Gobierno Nacional, dicho informe ha tomado como eje principal la situación ins- titucional, estructural y metodológica del INDEC, sumando propuestas y alternativas de superación respecto de las inconsistencias y diver- gencias sobre la confección de los índices de precios al consumi- dor.

El silencio del Poder Ejecutivo frente al Informe Técnico producido por el CAES y a sus su- gerencias, la falta de su difusión oficial y de su remisión al Honorable Congreso Nacional para su debido conocimiento, pone de relieve una vez mas, la constante y firme política del Gobierno de ocultamiento de los valores reales del principal flagelo económico y social que el Gobierno pretende desconocer, la inflación.

En simultáneo, el Sr. Ministro ha anunciado un pedido de cooperación y asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI) para la reestructuración del INDEC y para la elaboración de un Índice de Precios al Consumidor, respecto de lo cual no existe otra información pública respecto de su efectivización e implementación.

El ocultamiento de los verdaderos índices inflacionarios, a través de la utilización de datos y estadísticas irregulares, inconsistentes y desactualizados, resulta de innegable gravedad institucional, económica y social, máxime cuando el propio Gobierno Nacional dictó una norma conformando un Consejo Académico y se obligo a dar conocimiento al Parlamento del Informe producido por aquel, y una vez concluida la labor, oculta la informa- ción, no la difunde, no adopta ni analiza la viabilidad de medidas con- cretas tendientes a regularizar todas las "irregularidades e inconsis- tencias" que fueron formuladas.

El proceso infla- cionario que vive Argentina es, sin lugar a dudas, el principal problema económico que enfrenta el país. La aceleración de la inflación comenzó en 2004, cuando la inflación se comenzó a duplicar año a año: pasando del 3% en 2003 al 6% en 2004 y al 12% en 2005. En 2006, controles y "acuerdos" de precios mediante se ubicó en el 10%. Ya a fines de 2006 cuando los precios seguían subiendo el gobierno pasó de controlar los precios a controlar directamente al ín- dice, y comenzó a manipular las cifras de inflación. Así en 2007 el INDEC reportó una inflación del 8.5%, pero la real fue de alrededor de 20% (de acuerdo a los datos de los institutos de estadísticas de las provincias), y en 2008 la inflación fue también del 20% aunque para el INDEC fue de sólo 7.2%. Y en 2009, aún con una caída del producto, la inflación fue del 15%.

El gobierno apli- ca el peor ajuste a través de la inflación: La ventaja que le repor- ta al gobierno tener inflación alta es que puede hacer el ajuste sin anunciarlo. El impuesto inflacionario es el impuesto más regresivo de todos -afecta a los que menos tienen- y es el más anti-democrático, porque no fue votado por ningún Parlamento. La inflación es el ajuste de la peor manera, castigando a los que menos tienen que son los desempleados y los trabajadores que no están sindicalizados: los que no pueden defenderse ante la suba de precios.

Los salarios reales, es decir los salarios nominales ajustados por la evolución de los precios, muestran que los grandes perjudicados fueron los empleados públicos y el sector informal no sindicalizado. Mientras que los sectores sindi- calizados, con poder de negociación, logran aumentos de salario por encima del nivel de inflación, esto no ocurre con los trabajadores del sector informal o "en negro".

Ante esto, nos preguntamos ¿Qué se hizo desde las herramientas de política económica para enfrentar a la inflación?

La política anti- inflacionaria del gobierno ha sido negar el problema, dibujar las cifras oficiales de inflación y recurrir a las intimidaciones del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

La gravedad de haber manipulado las estadísticas de inflación, más allá de las implicancias en términos de transparencia y de manejo institucional, es que ahora es mucho más difícil actuar sobre las expectativas. En un proce- so inflacionario con fuerte componente inercial, para que cualquier política anti-inflacionaria sea efectiva, es clave actuar sobre las ex- pectativas de los agentes. Esto se hace muy difícil si ni siquiera se sabe cuál es el verdadero nivel de inflación.

La "inercia" in- flacionaria es la adaptación de las expectativas de la gente a niveles altos de inflación. Luego de cuatro años con subas de pre- cios de dos dígitos, tanto los trabajadores como las empresas, tienen incorporado en sus expectativas que la inflación va a ser alta y en- tonces ajustan sus contratos en función de estas expectativas (por ejemplo, cuando se fijan alquileres con renovación anual). Las causas de esta "inercia" son, por un lado, la persistencia de una inflación alta en los últimos años; y por otro lado, el grosero error de política del gobierno: la destrucción de las estadísticas oficiales. La ausencia de un índice de inflación creíble que coordine las decisiones de los agentes, hace que los individuos terminen formando expectativas por encima de la inflación real, que luego se terminan convalidando en mayor inflación. Una clara demostración de que la "inercia" es una de las principales causas de la inflación actual es que el año pasado, en un contexto recesivo con una fuerte contracción de la actividad eco- nómica, la inflación ascendió al 15%.

Otro de los costos que ha tenido la manipulación de las cifras de inflación para el Estado es la fuerte suba de las tasas de interés para Argentina. Si uno mira la evolución del riesgo país (este índice mide la sobretasa que tiene que pagar un país en desarrollo -en función del riesgo percibido por el mercado- por encima del nivel que paga un bono del gobierno americano) de Argentina y lo compara con un país vecino como Bra- sil, uno puede ver que en Enero de 2007 esos niveles eran similares. De hecho, a fines de Enero de 2007 Argentina tenía un riesgo país más bajo que el de Brasil: mientras el brasileño era de 190 puntos básicos, el argentino era de 185. Desde enero de 2007 hasta acá, no ha habido ningún cambio sustancial en los números macroeconómi- cos, tanto de Argentina como de Brasil, que justifiquen que hoy el riesgo país argentino sea más de tres veces mayor al brasileño. Se pone como ejemplo el caso de Brasil pero la evolución es similar si uno compara con Uruguay, Colombia, Perú u otros países de la re- gión.

En ese entendimiento, cualquier análisis que pretenda hacerse de la realidad social, econó- mica, laboral, etc., (indispensables para la adopción de políticas pú- blicas tendientes al desarrollo y crecimiento del país, como así tam- bién a la solución de problemas concretos de toda la población), se dificulta debido a las constantes y serias sospechas que existen res- pecto de la manipulación en los índices de precios al consumidor, de datos y estadísticas oficiales y con ello de los valores reales de infla- ción.

El constante oculta- miento de la inflación, sobre la que tampoco el Gobierno Nacional ha generado políticas publicas de prevención, contención o disminución, ha tenido sustento desde su inicio, en la ocupación del INDEC, la pre- sión y persecución a trabajadores y profesionales llegando en muchos casos a ilegales despidos, obteniendo en consecuencia una perdida en sus cuadros técnicos y con ello en su eficacia y confiabilidad.

Como consecuencia di- recta de ese proceder, el eje de las mediciones y estadísticas de índi- ces de precios, comenzó a girar en base a la elaboración, difusión y utilización de datos provenientes del sector privado, los que reflejan un notorio contraste respecto de los elaborados y difundidos por el INDEC.

Así las cosas, la política del Gobierno Nacional de negación de la inflación-respecto de los va- lores reales- y de su impacto en las economías familiares, resulta agravada por las recientes medidas sancionatorias dispuestas a con- sultoras y productores de información del sector privado, los que ela- boran mediciones e información propia sobre los índices de precios, difundiendo los mismos en pleno ejercicio de sus derechos constitu- cionales a trabajar, a la libertad profesional, como así también a ex- presarse y opinar libremente.

En un claro intento de silenciamiento de la información difundida por el sec- tor privado, que refleja el impacto del aumento de precios y de las expectativas inflacionarias y su correlato inmediato sobre la población más vulnerable, el Gobierno Nacional a través de la Secretaria de Comercio Interior ha multado a consultoras privadas, por el orden de los $500.000 pesos, por "difundir datos inexactos" por considerar que "carecen de rigor científico, contienen inexactitudes y que, al ser di- fundidas por medios de comunicación masiva pudieron inducir a error o engaño" respecto de la comercialización de bienes o servicios.

Con la actitud desple- gada por el Gobierno, referida por un lado a la omisión y silencio res- pecto del Informe Técnico producido por el CAES y por el otro a la aplicación de multas a consultoras del sector privado (ambas vincula- das con la finalidad de ocultamiento de los verdaderos índices infla- cionarios), deviene en obligada una requisitoria formal al Ministro de Economía, atento al silencio y vacío de información publica generado por el Gobierno Nacional.

No debe pasarse por alto la obligación, hasta ahora incumplida por parte del Poder Ejecuti- vo, de difundir el Informe Técnico producido por el CAES y remitirlo al Congreso de la Nación para su conocimiento, ello de conformidad con la norma que creó el propio Gobierno mediante el Decreto 927- 2009.

A este incumplimiento del Gobierno a través de los funcionarios de las áreas sustantivas in- volucradas, se agrega su intervención en la actividad privada de pro- fesionales, consultoras y centros de investigación, mediante la aplica- ción de multas por difundir información relativa a los índices de pre- cios, que no coinciden con la información oficial producida por el Go- bierno.

Este accionar, además de atentar contra derechos constitucionales de los particulares con la finalidad de evitar la difusión pública de índices privados de precios, pretende ser utilizado por el Gobierno como un artilugio para evadir su propia obligación de regularizar y difundir los reales índices de precios y de inflación.

En este sentido es jus- tamente el Estado el que debe garantizar la veracidad de la informa- ción que esta obligado a producir, difundir y explicar, ello además en el marco del derecho de los ciudadanos al acceso a la información publica y veraz.

Como corolario, resulta evidente la sensibilidad de la información en juego a la hora de de- terminar oficialmente los índices inflacionarios reales, toda vez que detrás de ellos subyace la enorme problemática de la pobreza y la indigencia en la Argentina, y con ello, el reflejo de la falta de políticas publicas de gobierno de carácter económico-social que contengan e integren a los sectores sociales mas postergados y afectados por la creciente inflación, hoy no reconocida y negada por el Gobierno.

En razón de todo lo ex- puesto y habiendo escuchado en Audiencia Publica convocada por es- ta Honorable Cámara, a todos los actores, referentes públicos, eco- nomistas, académicos, periodistas y organizaciones sociales, es mo- mento de escuchar al Ministro de Economía, como máximo responsa- ble del área económica del Gobierno.

Necesitamos que el Go- bierno se haga cargo de esta problemática y brinde las explicaciones del caso.

Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad, solicitamos la comparecencia del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Publicas, para que brinde informe y explicaciones detalladas.