PROYECTO DE TP
Expediente 1168-D-2015
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LA POSIBLE MILITARIZACION DEL RIO SANTA LUCIA, EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, AFLUENTE DEL RIO DE LA PLATA, QUE FUERA REQUERIDA POR LOS ALCALDES DE DICHA CUENCA HIDRICA AL PRESIDENTE DOCTOR TABARE VAZQUEZ.
Fecha: 25/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 16
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su preocupación
frente a la posible militarización del Río Santa Lucía en la República
Oriental del Uruguay, afluente del Río de la Plata, que fuera requerida por
alcaldes de dicha cuenca hídrica al presidente Dr. Tabaré Vázquez.
Solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional ofrezca a su homólogo uruguayo inmediata cooperación, a través
de los organismos correspondientes, a fin de acometer el creciente
problema de floraciones algales de cianobacterias potencialmente tóxicas
en el curso del Río Santa Lucía y proceder a la realización de una
batimetría destinada a medir la profundidad del cauce desde la represa de
Paso Severino hasta la represa de Aguas Corrientes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En marzo de 2013 luego de que
el agua potable de Obras Sanitarias del Estado (OSE) de la República
Oriental del Uruguay registró un mal olor y sabor, y se hicieron públicos
estudios científicos que confirmaron la contaminación del agua del río
Santa Lucía, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, alertó
que si no se toman medidas contra la aparición de las llamadas
cianobacterias puede ocurrir "la peor catástrofe imaginable".
En mayo de ese año el gobierno
del presidente José Mujica anunció diez medidas concretas para mitigar
los efectos de la contaminación. Dos años después, la mayoría de esas
medidas han tenido pocos avances, según surge de un informe que el
Ministerio de Ambiente (Mvotma) entregó el 18 de marzo pasado al
presidente Tabaré Vázquez (ver Anuncios y lo que se hizo).
Preocupado por el tema, el
mandatario había convocado ese día a los ministros de Ambiente, Eneida
de León, de Industria, Carolina Cosse, y de Ganadería, Tabaré Aguerre, y
al presidente de OSE, Milton Machado, para reclamarles la concreción de
acciones. Vázquez pidió que cada dos meses le presenten un informe sobre
los avances en el tema, declaró al semanario Brecha el nuevo jefe de la
Dirección Nacional de Ambiente (Dinama), Alejandro Nario.
El presidente omitió incluir en
el plan al Ministerio de Defensa. Fernández Huidobro no fue convocado por
Vázquez ni la cartera que representa figura en el informe del Mvotma que
fija cometidos a los distintos organismos estatales. Coincidentemente, fue
Fernández Huidobro el que se pronunció más enfáticamente sobre el tema.
Esas declaraciones hace dos años le valieron la crítica de otros integrantes
del gobierno. Entonces sostuvo: "La historia me dio la razón
lamentablemente. La importancia enorme que tiene Aguas Corrientes, llega
a pasar algo ahí y es la catástrofe más grande imaginable que pueda
ocurrir".
Por esta razón, advirtió que se
necesita un "plan B", "otro lugar de dónde sacar agua potable. Imagínese
Montevideo sin agua, los inodoros, la red cloacal", expresó. El País intentó
comunicarse con el ministro pero no atendió a los llamados.
La erosión del terreno, la
actividad de los tambos y de las industrias, y en menor medida los vertidos
domésticos, son los causantes de las concentraciones de nutrientes como
el fósforo y nitrógeno que facilitan la aparición de cianobacterias.
En ese informe, que el Mvotma
entregó a Vázquez, se advierte que "el creciente problema de floraciones
algales de cianobacterias potencialmente tóxicas en el curso del agua,
indicaría un riesgo potencial de toxicidad en el agua de distribución, con
encarecimiento y dificultades en el
tratamiento del agua para
potabilizar". Algunas de las medidas anunciadas en 2013 para poner freno
a esa situación, demoraron en concretarse por la burocracia estatal, pero
en otros casos se desconoce por qué motivo no han tenido avances.
El alcalde de Aguas Corrientes,
Álvaro Alfonso, dijo a El País que lo que hayan hecho en estos dos años
"no se vio en la práctica". Por ejemplo, se anunció que se restringiría el
acceso directo del ganado a abrevar en los cursos de la cuenca y en
concreto se anunció la instalación de alambrados en el entorno de los
embalses de Paso Severino, Canelón Grande y San Francisco. Dos años
después, el embalse de Paso Severino sigue sin alambrado. El Mvotma lo
justificó en el informe señalando que "existe cartelería que indica que es
área propiedad de OSE".
Como forma de mitigar la
erosión y los efectos de los agroquímicos por escurrimiento en el cauce del
río se estableció la necesidad de contar con una zona de amortiguación
que va de los 20 a los 100 metros, según el tramo, sin laboreo de tierra ni
uso de agroquímicos. Pero recién ahora en 2015 se firmó la resolución del
ministerio que lo determina. Y además se le otorga a la Dinama y Dinagua
el contralor de esa disposición.
Justamente sobre la necesidad
de controlar la zona, los alcaldes de la cuenca del Santa Lucía (Casupá,
San Ramón, Santa Lucía, Canelones, Aguas Corrientes, Cerrillos, Libertad,
Ciudad del Plata, San José y Municipio A de Montevideo) le entregaron al
presidente Vázquez una carta en la que le advirtieron que la situación "es
grave" y pidieron la actuación del Ministerio de Defensa.
En la carta, a la que El País
accedió, le pidieron que Defensa "disponga de por lo menos un puesto
militar a través de los servicios de la Armada Nacional o combinado con el
resto de las Fuerzas entre Paso Severino y Aguas Corrientes, por ejemplo
cercano a las tomas de agua en la planta de OSE".
"El patrullaje es clave para que
se empiece a respetar el medio ambiente, donde la depredación del monte
nativo ha sido criminal", afirmaron. En un tono drástico señalaron que
"con dos bolsas de cianuro volcadas sobre las tomas o un artefacto
explosivo sobre Campo Méndez próximo a Montevideo, donde se cruzan las
tuberías, tendremos una catástrofe nacional, por lo que la seguridad de
aquí en más, es prioritaria".
También pidieron a Defensa la
realización de una batimetría para medir la profundidad del cauce desde la
represa de Paso Severino hasta la represa de Aguas Corrientes. Los
alcaldes plantearon que el Estado "desconoce el trazado, la profundidad,
todos los detalles para luego tomar las decisiones que son claves y que a
esta altura deben ser casi perfectas, no se puede errar", alertaron.
Río Santa Lucía. Atraviesa
al departamento de Lavalleja y forma el límite interdepartamental de
Canelones con Florida y San José, y de San José con Montevideo.
Nace en la Cuchilla Grande, a
27 km al nordeste de la ciudad de Minas. Desemboca en el Río de la Plata,
formando la isla del Tigre, cerca de pueblo Santiago Vázquez. La fertilidad
de los suelos en su curso, así como la proximidad a Montevideo, permiten
que su cuenca sea una de las más utilizadas para la producción
agropecuaria diversificada.
Agua potable. El Santa
Lucía es el principal abastecedor de agua del sistema Montevideo de OSE a
través de la usina de Aguas Corrientes. Su extensión total es de 257
kilómetros y su cuenca cubre unos 13.500 kilómetros cuadrados (7,6% de
la superficie nacional), en la que vive medio millón de habitantes (15% de
la población). Sus mayores afluentes son los ríos San José y Santa Lucía
Chico. Existen algunas poblaciones de importancia a lo largo de su curso,
como San Ramón, Santa Lucía, Ciudad del Plata y Santiago Vázquez.
OSE. La planta de Aguas
Corrientes produce el 95% de la producción de Obras Sanitarias del
Estado (OSE) y el resto de la plantas el restante 5%.
Explotación. El uso del
suelo de la cuenca abarca los siguientes porcentajes: 71,3% (ganadero,
incluye lechería); 16,2 (agrícola); 4,2% (forestal); 4,5 (monte natural); 1,1%
(urbano-industrial) y 2,7% (otros). En la carta que los alcaldes enviaron al
presidente Tabaré Vázquez le señalaron que en la zona se produce el 40%
de la riqueza del país ya que ese porcentaje de exportaciones salen de allí.
En la cuenca del río hay casi 40 rutas nacionales, y cuenta con casi 400
kilómetros de vías férreas (Fuente: diario EL País).
La situación del Río Santa
Lucía, principal curso de agua del sur de la República Oriental del
Uruguay es altamente preocupante y atendible, máxime considerando que
desemboca en el Río de la Plata, formando el Delta del Tigre.
Nuestro país debe ofrecer
inmediata colaboración al Estado oriental, para que en el marco de la
cooperación binacional se combata la contaminación ambiental que se
denuncia por parte de altas autoridades uruguayas y un número
importante de alcaldes, inquietados por la salud pública y las condiciones
del agua de consumo humano.
Mueve asimismo a
intranquilidad la petición de militarización del Río Santa Lucía, el cual si
bien no es límite natural entre ambas naciones, es una señal equívoca que
en nada coadyuva a la tradición pacífica del vecino país.
La solución pasa en parte por
alambrar, vigilar, multar severamente, tratar los efluentes mediante la
construcción de plantas depuradoras,
controlando a las empresas que
arrojan desperdicios y contaminan el rio o regulando el uso de fertilizantes
agrícolas y agrotóxicos. La militarización no es una salida, sino quizás un
entorpecimiento de la efectiva resolución del problema, ya que lo que se
debería disciplinar es a quienes deben controlar y no lo hacen
eficientemente. Por otra parte, la comprobación empírica en Europa
demuestra que las zonas militarizadas son las que han quedado más
contaminadas con metales, lubricantes y combustibles. Militarizando no se
van a mejorar las aguas.
Pido por ello el
acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (Primera Competencia) |