La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su enérgico repudio por el intento de desalojo arbitrario que está sufriendo la Comunidad Paichil Antriao del Pueblo Mapuche, en la provincia de Neuquén; y su profunda preocupación ante la sistematicidad de la violencia y las violaciones de derechos humanos.

Señor presidente:

La Comunidad Paichil Antriao ocupa tradicionalmente las tierras de las que hoy y desde hace años, se la intenta desalojar. "La presencia de las familias Paichil y Antriao en la zona del lago Correntoso y el lago Nahuel Huapi (denominado lote pastoril 9) es anterior a la conformación de los actuales estados de Argentina y Chile y ello fue reconocido en un decreto del año 1902". El territorio reconocido en ese momento era de 625ha. El primer gran despojo fue por la creación de Villa La Angostura y continuó a medida que la Villa y la actividad turística vinculada, crecían. "Es por esto que actualmente el territorio de la Comunidad se encuentra loteado en toda su extensión y titulado ilegítimamente a nombre de terceras personas ajenas a la Comunidad que nunca ejercieron la posesión" (ODHPI, 2010-2011 p. 35-37).

Entre 2008 y 2009 se realizó un proceso constituyente en Villa La Angostura con el objetivo de redactar la Carta Orgánica Municipal. "Dado que el territorio comunitario se encuentra dentro del ámbito del ejercicio del poder municipal, las autoridades comunitarias reclamaron a la Convención el reconocimiento de su preexistencia. La petición fue rechazada por todos los constituyentes salvo una de ellos que votó a favor".

Como consecuencia de esta exclusión se presentó una carta documento a la intendencia alegando discriminación. La carta fue rechazada.

Luego de esta denegación de derechos políticos, comenzó un proceso de persecución a la comunidad que incluyó una campaña mediática en su contra, causas penales por usurpación y desobediencia a orden judicial, reclamos de terceros de las tierras de la comunidad. En relación a este último punto, el caso se tornó especialmente grave en relación al reclamo de tierras del estadounidense Fisher sobre 10 ha de la comunidad. El juez interviniente, Videla, no dio participación a la comunidad y falló a favor del empresario. Allí comenzaron a sucederse intentos de desalojo. Y "fue en el octavo intento de desalojo que la orden pudo cumplirse a fuerza de una brutal violencia y destruyendo todo lo que la Comunidad había construido en el lote. Tres familias con niños y ancianos perdieron todo lo que tenían en el lugar y debieron buscar refugio en otro lado" (ODHPI, 2010-2011; p 42).

Todos los intentos de desalojo se realizaron sin notificación a la comunidad, con violencia policial. El desalojo ocurrió cuando ya se encontraba en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia para proteger el territorio de la comunidad y por los atropellos judiciales que venían sufriendo sus miembros. En la denuncia también se incluyó el pedido de medidas cautelares de protección.

Las medidas de protección de la CIDH, para los miembros de la comunidad y para el Rewe, (espacio ceremonial sagrado) que había quedado en el territorio del cual habían sido desalojados, llegaron tres años después, en abril de 2011. Dos meses después, un juez local ordenó otra cautelar para impedir las modificaciones en el Rewe, sin embargo el empresario empezó a construir. El juez Videla no permitió a la comunidad constituirse en querellante en este hecho. Ante la gravedad de la situación local, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un dictamen en el que recomendó que la realización del relevamiento territorial fuera de manera centralizada.

"En abril pasado (de 2013), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) informó a la CIDH que 'no se cumplen las medidas cautelares

decretadas por la Comisión y no hay ninguna actuación de instancias provinciales o federales para hacer cumplir dichas medidas actuando directamente sobre el municipio y sobre aquellos particulares que como el Sr. Fisher siguen amenazando y vulnerando los derechos de la Comunidad. La tensión y conflictividad sigue aumentando conforme pasa el tiempo ante la indolencia de las instituciones.'"(En: http://odhpi.org/2013/05/pedido-internacional-por-comunidad- mapuche/)

También en abril del año pasado, la Cámara de apelaciones de San Martín de los Andes confirmó el fallo de primera instancia a favor de la protección del Rewe, basándose en las medidas cautelares provistas por la CIDH. Y luego el Tribunal Superior de Justicia dejó firme la cautelar.

Aún con este fallo, la CIDH emitió el siguiente comunicado: "estima necesario reiterar las medidas cautelares de abril de 2011, especialmente con el objetivo de garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Paichil Antriao que requieran acceder al Rewe para desarrollar sus prácticas rituales con las condiciones de seguridad necesarias y sin que personas ajenas a la comunidad obstaculicen su acceso" (24/5/2013). Luego de esto, la comunidad habría logrado la custodia de la Policía local para garantizar condiciones seguras para el acceso al Rewe para la realización del Gejupun.

En el juicio iniciado por la Comunidad por la reivindicación del territorio ancestral del cual fuera desalojada en 2009 (contra Fisher), el Tribunal Superior de Justicia confirmó al Juez Videla como juez de la causa pese a que ya había fallado en contra de los derechos territoriales de la comunidad y pese a la denuncia que, originada en su accionar, hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el juez se recusó de esta causa. Aunque continúa a cargo de la instrucción en las causas penales, por delito de usurpación, contra integrantes de la Comunidad.

También el mismo juez Videla ha dictado órdenes de desalojo sobre causas iniciadas en 2011, que fueron confirmadas por la Cámara de Apelaciones y ahora se espera la respuesta del Tribunal Superior de Justicia sobre este punto y sobre el apartamiento de este juez por su parcialidad. En junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén rechazó la apelación que realizara la familia Pérez Catán contra el fallo de la Cámara a favor de la Comunidad Paichil Antriao. En el año 2011 la Cámara había revocado el fallo de primera instancia que restituía 10 hectáreas a la familia, violando los derechos comunitarios.

El día 19 de marzo de este año, se produjo un intento de desalojo de los miembros de la comunidad Paichil Antriao, sin la orden judicial necesaria. Según fuentes de la Comunidad, estas tierras fueron cedidas por el gobierno local a un empresario para la realización de un emprendimiento turístico, específicamente una cancha de golf.

El intento actual de desalojo se inscribe en una práctica sistemática de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, en general y de esta comunidad, en particular. De ninguna manera se trata de un evento aislado, sino que tiene un grado de sistematicidad preocupante. Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente expresión de repudio y preocupación.