La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, por intermedio del Órgano que corresponda, informe lo siguiente:

1) Si se han implementado políticas públicas, desde el año 2003 hasta la actualidad, para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley Nacional 22.428 de Fomento de Conservación de Suelos. En caso afirmativo, explicitarlas indicando:

a) Los Estudios de Impacto Ambiental y diagnósticos realizados

b) Los objetivos planificados y los alcanzados

c) Los Programas implementados

d) Los Procedimientos y mecanismos establecidos

e) El Presupuesto asignado en cada ejercicio y el ejecutado

f) Las acciones planificadas y las efectivamente ejecutadas

g) Las evaluaciones técnicas desarrolladas

2) Si se han implementado políticas públicas, desde el año 2003 hasta la actualidad, tendientes a la preservación de los recursos forestales, en relación con la prevención y conservación de la capacidad productiva de los suelos en proceso de degradación o degradados. En caso afirmativo, explicitarlas.

3) Si se ejecutaron acciones concretas y/o se plantearon objetivos -proyectados y alcanzados-, desde el 2003 hasta la actualidad, tendientes al control de los siguientes procesos degradatorios de la capacidad productiva de los suelos: erosión eólica e hídrica, exportación de nutrientes, acidificación, alcalinización, laterización, disminución de materia orgánica, contaminación de la tierra y del agua por factores químicos o biológicos, pérdida de diversidad biológica.

4) Si se ejecutaron políticas públicas para prevenir, conservar y rehabilitar la capacidad productiva de los suelos en proceso de degradación o degradados, impulsando el desarrollo de las economías regionales y un manejo sustentable de los recursos. En caso afirmativo, explicitarlas así como origen de su financiamiento.

5) Si existen políticas concretas, adaptadas a las distintas regiones agroecológicas y a los tipos de suelo, para promover la adopción por parte de los productores de prácticas integrales de manejo sustentable de suelos y recursos naturales de uso agropecuario (técnicas conservacionistas que permitan mantener la productividad de los suelos, preserven los recursos que intervienen en la producción agropecuaria y permitan controlar y prevenir las causales de degradación del suelo). En caso afirmativo, explicitarlas.

6) Si se destina un porcentaje de la recaudación fiscal, proveniente de los impuestos a la exportación de granos, a fomentar la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. En caso afirmativo, explicitar el porcentaje.

Señor presidente:

La cruda realidad nos indica que ninguna política pública se ha desarrollado, desde el Estado Nacional, en relación a la prevención y conservación de la capacidad productiva de los suelos en proceso de degradación o degradados. Tartagal es cabal ejemplo de ello. Sin embargo, y aún a riesgo de pecar de ingenuos, el ejercicio responsable de nuestras funciones nos obliga a interrogar al Gobierno sobre dichos tópicos para, ya sin el beneficio de la duda, dejar al descubierto el constante doble discurso sobre lo que se dice y lo que efectivamente se hace para preservar los recursos naturales y promover un uso sustentable de los mismos: muy poco o prácticamente nada.

El marco regulatorio del tema que nos ocupa está conformado por la ley Nº 22.428, de Fomento a la Conservación de los Suelos, que declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos y propicia prácticas conservacionistas del suelo a través del otorgamiento de subsidios a los productores agropecuarios.

Asimismo, en el año 1994 la Argentina suscribe la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, la cual ratifica en el año 1996 por Ley Nº 24.701. En dicho marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAN) y su Documento Base (Res. Nº 250/03). La Dirección de Conservación de Suelo y Lucha Contra la Desertificación es el órgano encargado de aplicar el PAN y la autoridad de aplicación en la temática de la conservación del suelo y lucha contra la desertificación a nivel nacional.

Desconocemos qué políticas públicas se han desarrollado para dar cumplimiento a los postulados de la Ley 22.428 y, de haber existido, cuál ha sido el origen de su financiamiento ya que, desde el año 1989, se ha dejado de incluir en el presupuesto nacional las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus objetivos.

A pesar de las constantes diatribas de la Presidente en su intento de justificar las retenciones impuestas a la exportación de granos, la realidad conduce cualquier análisis por otro andarivel, poniendo de manifiesto el mero afán recaudatorio de dicha medida destinada a sostener las políticas clientelares, obviando toda herramienta de planificación territorial y de preservación de los recursos naturales promoviendo un uso sustentable de los mismos.

La dilación en la reglamentación de la ley de bosques por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la falta de implementación de un Plan Ganadero integral, la ausencia de políticas que impulsen el desarrollo de las economías regionales y el arraigo de las poblaciones a sus territorios, las recurrentes medidas tendientes a desalentar el desarrollo de la ganadería propiciando, en complicidad con algunos gobiernos provinciales, el desmonte y la expansión de la frontera sojera, ponen de manifiesto la falacia discursiva de la Presidente.

Sabido es que el proceso de degradación de los suelos y la desertificación se producen tanto por los efectos naturales de la escasez hídrica como por la abundancia de precipitaciones acompañadas de los efectos del accionar humano a través del desmonte masivo. La ausencia de políticas agropecuarias a largo plazo, el cambio constante de reglas de juego, el desincentivo al desarrollo de la ganadería, la falta de políticas que promuevan la rotación de los cultivos, el abandono a su suerte de los pueblos originarios y de las economías regionales, generaron la expansión de la frontera sojera sin planificación territorial alguna, lo que colaboró en el proceso de degradación de los suelos en nuestro país.

Tartagal corrió todos los velos del discurso oficial, con toda crudeza, la realidad de un gobierno que hizo del "laissez-faire" su razón de ser.

Por las razones expuestas y para conocer las acciones que está desarrollando el Estado Nacional para evitar otras catástrofes similares, solicitamos la aprobación del presente Proyecto.