La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos correspondientes, se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre las razones por las cuáles aún no se ha aprobado el Régimen de Penalidades aplicable a los servicios ferroviarios operados por la UGOFE S.A.

Señor presidente:

En 2004, mediante el Decreto 798/2004, el ex presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato de explotación de la ex línea San Martín a la empresa Transportes Metropolitanos y se la otorgó a una UNIDAD DE GESTION OPERATIVA conformada por los concesionarios del servicio de transporte ferroviario urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires: METROVIAS SOCIEDAD ANONIMA, FERROVIAS SOCIEDAD ANONIMA CONCESIONARIA y TRENES DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA.

Tres años más tarde, en mayo de 2007 sucedió un episodio muy grave en la estación Constitución de la línea Roca: dos convoyes del ramal eléctrico quedaron varados cerca de la estación Hipólito Yrigoyen, impidiendo el funcionamiento de los trenes a La Plata, Glew y Ezeiza. Miles de pasajeros que intentaban regresar a sus hogares del sur del conurbano quedaron en el medio del fuego y de la pedrea lanzada por otros usuarios que, enardecidos porque las formaciones no partían, destrozaron las 13 boleterías de la estación Constitución e incendiaron la dependencia de la Policía Federal. "Fueron cuatro horas de furia y caos que terminaron con 21 heridos y 16 detenidos. Entre los heridos hubo 12 policías y nueve pasajeros. Una semana luego de ese violento episodio, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, anunció en conferencia de prensa que el Estado había decidido -mediante los Decretos 591 y 592- rescindir los contratos de concesión de las líneas de trenes Roca y Belgrano Sur, ambas en manos de la empresa Transportes Metropolitanos, "en función del tipo de servicio que estaba prestando [la empresa]". Así lo reafirmó el Ministro Julio De Vido: "se han violado las condiciones de calidad, confort y seguridad". Transitoriamente, la administración de ambos ramales quedó a cargo de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria (Ugofe), tal como sucedió con la línea San Martín. Al respecto, el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, criticó duramente la decisión con estas palabras: "La concesión se la van a entregar a Ugofe cuando el San Martín funciona pésimo. Tenemos un juicio, con fallo favorable en primera y segunda instancia, contra la Ugofe San Martín, en que se le ordena mejorar el servicio".

De todo este recorrido, lo importante es destacar, que desde 2004 cuando Néstor Kirchner le otorgó la operación de los servicios del San Martín a la UGOFE, se "suscribió un acta-acuerdo de gerenciamiento que delegó en la Secretaría de Transporte la creación de un régimen específico para sancionar las faltas e incumplimientos de la UGOFE en materia de servicios, limpieza, mantenimiento, estaciones, seguridad y obras" que nunca se concretó. "Si bien actualmente los inspectores del organismo regulador controlan e inspeccionan los servicios de la UGOFE de la misma manera que lo hacen con los trenes de los otros operadores privados; esos relevamientos terminan siendo meramente testimoniales porque no derivan en multas, ni en sanciones económicas y contractuales. Esto se refleja en el informe oficial de la CNRT sobre las penalidades aplicadas en 2011 a los concesionarios metropolitanos. El total de multas llegó a $ 21,8 millones y correspondieron sólo a TBA ($ 16,3 millones), Metrovías ($ 4,9 millones) y Ferrovías ($ 528.300)".

En la primera y última visita que hizo el Jefe de Gabinete de Ministros a esta Cámara durante todo 2012, respondió por escrito a la pregunta 43 b) del bloque de la CC- ARI. Sobre el régimen de penalidades vigente para UGOFE la respuesta fue muy preocupante: "Se informa que por EXP-S01: 0380241/2008 tramita un proyecto de acto administrativo por el cual se aprueba el Régimen de Penalidades aplicable a los servicios ferroviarios operados por la UGOFE S.A". Es decir, luego de cuatro años de creada la UGOFE para operar el San Martín se comenzó a tramitar el acto administrativo para dar cumplimiento a tal obligación. En el medio, se le otorgó a esa unión empresarial de emergencia la operación de otras dos líneas, sin que esté el régimen de penalidades. Y hoy, a 9 años del 2004, seguimos esperando que el Gobierno asuma su obligación de control de los servicios públicos.

Por todo lo expuesto, les solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente proyecto de resolución.