La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio y preocupación por la turbación permanente y sistemática que sufren los Pueblos Originarios Argentinos con sus territorios, los que tradicionalmente les pertenece y ocupan a lo largo y a lo ancho del país, en franca violación al reconocimiento prohijado por nuestra Ley de Leyes en su art. 75 inc. 17. Reclamando al Poder Ejecutivo un compromiso más intenso al desplegado, como así también la implementación de nuevas políticas activas en defensa de sus derechos, por parte de los organismos correspondientes.

Señor presidente:

Los pueblos originarios argentinos, por la intolerancia y el vil negociado de sus tierras, han sufrido y sufren en todo el territorio nacional, una permanente y sistemática turbación en la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras. Particulares y, el propio Estado en alguna oportunidad, han utilizado la fuerza para desalojarlos y arrebatarles la posesión ancestral de las mismas. Esto ha generado y sigue generando una gran conflictividad que, progresivamente, va in crescendo, múltiples conflictos actuales dan cuenta de ello, lo que podría agravarse en un futuro inmediato -ante la falta de una solución pacifica y conforme constitución- con un ya irreversible resultado: la lamentable pérdida de vidas humanas.

SALTA:

Causa "Salas, Dino c/Salta Provincia de y Estado Nacional s/Amparo", Expte. Nº S. 1144/08, denuncia por incumplimiento de medida cautelar; Comunidad indígena Diaguita Calchaquí ubicada en "El Divisadero" distante a seis kilómetros de la ciudad de Cafayate; "Las Comunidades Diaguitas miembros de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta, reunidos en la Comunidad de Payogasta, Provincia de Salta los días 23 y 24 de enero de 2010 repudian enérgicamente el accionar policial del que resultaron detenida Estela Guzmán junto a Pastora Vilte durante una represión policial, sobre la comunidad Lules de Finca Las Costas que no fue autorizada por orden judicial, provincia de Salta; Narciso Burgos relato a la Agencia de Noticias Copenoa como robaron con total impunidad el cartel que identificaba ha la comunidad Lules, robo concretado según Burgos por efectivos de la policía de esta provincia, por ordenes de Parras;"Las Comunidades Diaguitas miembros de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Salta, reunidos en la Comunidad de Payogasta, Municipio de Payogasta, Departamento de Payogasta, provincia de Salta los días 23 y 24 de enero de 2010 repudian enérgicamente el accionar policial del que resultaron detenida Estela Guzmán junto a Pastora Vilte durante una represión policial, sobre la comunidad Lules de Finca Las Costas que no fue autorizada por orden judicial, provincia de Salta; Aumentan conflictos sobre posesión de tierras indígenas en Salta.Son diez las comunidades afectadas y que denuncian estar sufriendo ataques, e intimidaciones sobre la Quebrada del Toro, distante a unos cuarenta kilómetros de la ciudad de Salta.

Tucumán

Medida de restitución provisoria, en la causa "Carro, Agustina vs Arce, Carlos y otros, sobre usurpación de propiedad"; La comunidad India Quilmes (ciq) denuncia persecución política a sus dirigentes, el comunero Sergio Condorí de la comunidad el Pichao, fue detenido en un operativo policial, por orden del Juez Mario Velásquez (Fiscalía Sra. Mónica García de Targa)

Córdoba: conflicto territorial en comunidad indígena "Hijos del Sol Comechingón"

Neuquén: Acción de inconstitucionalidad presentada por la comunidad Catalán y la confederación Mapuche Neuquina, para exigir la derogación de la ley que municipalizó Villa Pehuenia, omitiendo la consulta previa; FUNAM denuncia por violencia contra Indígenas Mapuche en Neuquén; El presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Juan Sorzana, dijo que en esa provincia se han registrado conflictos indígenas en 50 campos.

Formosa

Advierten plan de segregación oficial contra los aborígenes en Formosa.

Chubut: El poblador Antileo de la localidad chubutense de Buen Pasto, quien recibió una intimación para abandonar su propiedad, pidió ayuda a través de los medios de comunicación, varias personas pertenecientes a diferente comunidades mapuches del país salieron para ayudar a que este desalojo no se produjera; En el noroeste de Chubut y suroeste de Río Negro la lucha mancomunada de mapuches y criollos impidió el desalojo de la familia Larenas. La medida había sido ordenada en un fallo judicial favorable a los abogados Colabelli-Korn.

El cuadro situacional planteado nos coloca ante un estado de emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan los Pueblos Originarios del país. Como parlamentarios debemos hacernos cargo y actuar en consecuencia instando que las autoridades competentes repararen pacíficamente y conforme a derecho la injusticia planteada, invitándose así, toda consecuencia colateral disvaliosa de conflictos irresueltos

Nuestra República, desde su nacimiento, ha sido un Estado pluriétnico y multicultural. Sin embargo, tal realidad no fue reconocida constitucionalmente por más de un siglo, por cuanto se creía que se trataba de una situación temporal, a superar para lograr la tan ansiada homogeneidad de la sociedad estatal.

Frente a tal cuadro de situación, las comunidades indígenas argentinas lucharon por su supervivencia física y de identidad, por la de su cultura, resistiendo la constante e invariable violación de sus derechos humanos básicos y reclamando ser respetados por una sociedad que no advertía que al negarlos, no hacía otra cosa que desconocer una parte de sí misma.

Recién con la reforma de la Constitución Argentina de 1994 se consagran una serie de derechos especiales a favor de estos pueblos y de sus miembros, dando paso así a la conformación de un Estado argentino pluralista que considera la presencia de la diversidad en su interior como una realidad que enriquece al conjunto.

Ese reconocimiento constitucional de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas argentinos implica la necesaria transformación del Estado argentino en su plexo normativo. No se trata solo de reconocer, sino de establecer una nueva relación con los Pueblos Originarios que transforme su vinculación con el Estado y sus instituciones sociales, políticas, económicas y jurídicas a fin confrontar y transformar estas relaciones de poder que han naturalizado las asimetrías sociales, superando la actual situación de dominación, dependencia y discriminación.

El fundamento legal de la lucha de los Pueblos Originarios es reconocido en el art. 75 inc.17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados contra la Discriminación y el Racismo y la diversidad biológica a los que Argentina suscribe, pero esta realidad Constitucional y legal esta lejos de ser la óptima ya que la vulneración, es persistente en todo el territorio nacional.

Finalmente, debemos hacer todos los esfuerzos y no permitir que se exprese "que para los pueblos originarios la Constitución Nacional tiene un marco de acero y para los que tienen el poder económico tiene un marco de goma". En víspera del Centenario se los negó y se los quiso exterminar; en víspera del Bicentenario se comenzó el camino del reconocimiento; en el año del mismo, hagamos efectivo el cumplimiento para comenzar a saldar el genocidio pasado. Mucho falta aún transitar para garantizar a los Pueblos Originarios el libre ejercicio de sus derechos y de esta manera mitigar las consecuencia nefastas de ese pasado. Terminemos con la intolerancia y el negocio de las tierras, prácticas que buscan acallar las voces de quinientos años de historia y nuestro Parlamento no puede permanecer ajeno.

Por todo lo expuesto, invitamos a nuestros pares, Señores Diputados de la Nación, a que nos acompañen en el presente proyecto de declaración, con su tratamiento y aprobación.