El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACIÓN DE LA LEY NACIONAL N° 20.744

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS Y EL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1.- Sustitúyese la denominación del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO) por la de Hospital Nacional en Red especializado en Salud mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte", debiendo considerarse modificada tal denominación cada vez que se hace referencia a la institución citada.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo el cambio de denominación del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO), organismo descentralizado que funciona en jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación, por el de Hospital Nacional en Red Especializado en Salud mental y Adicciones.

Citado organismo fue creado por Decreto Ley N°20.332 del 30 de abril de 1973, que en su artículo 1° establece la creación como ente descentralizado del CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL. Con fecha del 1 de noviembre de 2012 el Ministerio de Salud a través de la resolución N° 1809 ordenó la intervención general de la Institución, designando interventora a la Licenciada Edith Susana Benedetti. Dicha resolución fue ratificada por el Decreto N°782 de fecha 18 de junio de 2013, que en sus considerandos establece que "desde el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos, por medio de la Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales que promueve e intensifica una política tendiente a fortalecer las redes asistenciales en salud", "que resulta prioritario proveer al reordenamiento del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO) tanto en sus aspectos de funcionamiento institucional como en los cientifico-técnicos, a los efectos de optimizar la eficacia y eficiencia de las funciones de dicho organismo, con el fin de incorporarlo a la red asistencial como centro de referencia nacional en lo atinente a la salud mental".

La Ley Nacional N° 26.657, de Protección de la Salud Mental ha modificado el paradigma de encuadre y cuidado en salud mental, considerándolo un derecho humano fundamental para todas las personas, en concordancia con normativas de referencia en Salud Mental y Derechos Humanos a nivel internacional. En su artículo 4° establece: "Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente Ley en su relación con los servicios de salud".

Ello conlleva apuntalar las transformaciones de instituciones y prácticas que son necesarias, dado que queda comprendido en el tratamiento de las adicciones la problemática de las internaciones involuntarias, la situación y declaración de incapacidad de personas con padecimiento mental, la situación de las instituciones monovalentes y el abordaje interdisciplinario que debe atravesar las diferentes intervenciones en este campo. En este sentido resulta necesario detenerse en el abordaje integral del paciente, contemplando no sólo la atención de su problemática, sino su tratamiento como sujeto de derecho en todas las ramas de la ciencia médica y sus disciplinas auxiliares.

Como bien dicen los fundamentos de la ley citada: "La historia reciente no nos exime de recordar y repasar la extensa historia de desarrollos conceptuales, políticas y prácticas en el campo de la salud mental en nuestro país, con la producción de experiencias alternativas al manicomio, pioneras en el ámbito latinoamericano, acompañadas por movimientos reivindicadotes de los derechos de los enfermos mentales internados. En la segunda mitad del siglo XX, Enrique Pichón Rivière desarrolló los fundamentos de la psicología social en nuestro país. La creación de servicios de psicopatología en hospitales generales fue, en los años 70, un avance técnico-político para el área de la salud mental y significó una aceptación de la insuficiencia del modelo asilar tal como se desarrollaba en los hospitales monovalentes. Una experiencia relevante en ese sentido fue la que se desarrolló en el Hospital Gregorio Aráoz Alfaro de Lanús, con la dirección del Dr. Mauricio Goldemberg. Las transformaciones allí realizadas y las concepciones innovadoras en lo relativo al tratamiento del problema de la salud mental, permitieron la constitución de un marco teórico-técnico y político-sanitario que trascendió al ámbito médico para incorporar y legitimar por primera vez la presencia de otras disciplinas, y por lo tanto de otros encuadres terapéuticos. La dictadura militar, como en todas las áreas de la vida social y política de nuestro país, produjo un abismo que desarticuló estos procesos, junto con el saldo en víctimas de trabajadores de esas y otras instituciones".

La creación del Centro Nacional de Reeducación Social en el año 1973 obedece a ese modelo de tipificación de la Salud Mental. Con la sanción de la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de Salud, sancionada el 21 de octubre de 2009, se ha instalado la cuestión de la desinstitucionalización, se ha colocado en primer plano la discusión acerca de la institución manicomial, se han democratizado las relaciones de poder institucional a través de la generación de cambios sustantivos en los modelos de abordaje, con la creación de propuestas alternativas en los servicios y una fuerte tendencia a la disminución de las internaciones en los manicomios.

Hoy, este Hospital Nacional ha modificado sustancialmente sus prácticas asistenciales, poniendo en marcha modelos de abordaje interdisciplinario e integral en el seno de la institución con la concurrencia de médicos clínicos y profesionales, y técnicos especializados en ciencias auxiliares de la medicina, creando como materia innovadora el Servicio de Demanda Espontánea e intensificando la tarea de los talleres socio-productivos.

Asimismo, se han implementado estrategias extramuros que se han visto consolidadas con el Servicio de Atención Primaria a través del trabajo de campo en villas de emergencia y la instalación de consultorios móviles, donde se prestan servicios tales como clínica médica, ginecología y vacunación. Se ha instalado una casa de medio camino como coadyuvante de la externación, y el Servicio de Niños, Niñas y Adolescentes, que funciona como Consultorio Externo y Hospital de Día, con presencia de equipos interdisciplinarios, abogados especialistas en la temática y pediatras.

También se avanzó en la capacitación y formación interna y externa en base al nuevo paradigma de atención integral y la creación de la Residencia Interdisciplinaria, dirigida a profesionales de todo el país. Se han firmado Convenios con universidades públicas y privadas que requieren los servicios de esta Institución como parámetro de excelencia para la capacitación y se ha integrado al espacio CIBERSALUD, brindando conferencias a distintas localidades a lo largo y ancho del país.

En definitiva, la gestión de la institución tiene como eje central que la problemática de la salud-enfermedad metal se visibiliza como un problema relevante para la salud pública y requiere ser abordado tanto en su especificidad como en forma integral como parte indisoluble del Derecho a la Salud y los Derechos Humanos en general de todas las personas.

En este contexto, hablar de "reeducación", no sólo resulta anacrónico y contrario a lo estrictamente reglado, sino que mantener el nombre de Centro Nacional de Reeducación Social implica, además, no abordar el tema de las adicciones como una problemática de salud mental y, en consecuencia, privar al paciente de los derechos que surgen de la normativa específica, desconociendo la importancia que hoy adquieren las redes sanitarias.

La propuesta de denominación recae en el nombre de Laura Bonaparte, integrante histórica de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Militante política desde muy joven, se volcó de lleno a la lucha contra la dictadura luego de sufrir el secuestro y desaparición de tres de sus hijos y de su ex marido. Psicóloga de formación, es la madre del periodista Luis Bruschtein y abuela de la periodista Victoria Ginzberb.

Durante la última dictadura cívico-militar, Bonaparte sufrió la persecución y represión de toda su familia: sus hijas Irene y Aidé, y su hijo Víctor fueron secuestrados y permanecen desaparecidos, al igual que sus parejas. Antes del golpe militar, el 24 de diciembre de 1975, fue secuestrada su hija Aidé, de 24 años, conocida como "Noni". Su compañero y padre de su pequeño hijo, Adrián Saidon, fue detenido dos meses después, el 24 de marzo de 1976.

Santiago Bruschtein, ex marido y padre de sus hijos, fue detenido en su casa en junio de 1976 y asesinado. Al año siguiente, el 11 de mayo de 1977, fueron secuestrados su hija menor, Irene, de 21 años, y su marido Mario Ginzberb. Una semana después, fue el turno de su hijo Víctor, desaparecido junto a su novia Jacinta Levi el 19 de mayo de 1977.

Por la persecución que sufría su familia, se fue de la Argentina exiliada a México, desarrollando desde allí, una militancia en la defensa de los Derechos Humanos reconocida internacionalmente resaltando su trabajo en la Operación Santuario en los años '70 y como observadora de Amnistía Internacional en campos de refugiados en El Salvador y en la frontera con Guatemala, durante la guerra en Centroamérica, Además, más tarde viajó al Líbano para expresar su rechazo a las violaciones a los derechos humanos realizadas por la invasión del ejército israelí, y también a Bosnia para solidarizarse con las mujeres musulmanas, cuyas familias habían sido víctimas de la política de exterminio étnico de serbios y croatas.

Fue la primera en reivindicar al predio de la ESMA para el pueblo cuando el gobierno de Carlos Menem intentó privatizar ese inmenso terreno. Junto a Graciela Lois, de Familiares de Detenidos-desaparecidos por razones políticas, puso un recurso de amparo que impidió esa maniobra. Laura Bonaparte falleció el 23 de junio del año 2013.

Por lo expuesto y con la vocación de afianzar los avances realizados en la historia de nuestro país, consolidando a la Salud Mental como un valor humano fundamental, y reconociendo que la protección de los derechos sociales y humanos de las personas con trastornos mentales es una obligación del Estado, solicito que se trate a nivel parlamentario la modificación parcial del artículo 1° de la Ley N° 20.332, aprobando el cambio de la Institución por el de Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones "Licenciada Laura Bonaparte", elevando a la alta consideración de este cuerpo legislativo, el presente proyecto de Ley.