La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Declarar un profundo repudio y preocupación por las presiones e intimaciones recientemente efectuadas por el Secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, a consultoras privadas que han calculado y publicado un índice de inflación mensual diferente al publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Señor presidente:

En un Estado de Derecho, las estadísticas públicas deben ser elaboradas y publicadas en el marco de un sistema integrado, coherente, confiable y auditable. El acceso a información estadística veraz, oportuna y completa, también debe estar garantizado. Cabe decir que la información estadística es una herramienta esencial para el diseño y la implementación de políticas públicas razonadas, fundadas y efectivas.

El primero de los 'Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales' de Naciones Unidas establece que 'las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados'

Hace aproximadamente cuatro años que el gobierno nacional viene perpetrando una sistemática violación al derecho de todos a acceder a información estadística confiable, veraz y oportuna. Bajo la orden de funcionarios del gobierno nacional, se ha llevado a cabo la adulteración de las estadísticas a través de la manipulación directa de las bases de datos y la destrucción de documentación que no permite el rechequeo.

En el corto plazo, el gobierno cree verse favorecido por índices de inflación y precios al consumo mentirosos. El Sr. Guillermo Moreno es la cabeza de esta implementación política, utilizando la fuerza, la intimación y el patoterismo.

Por estas razones, varias consultoras privadas comenzaron a publicar la inflación mensual, la cual difiere ampliamente de la publicada por el INDEC. Ante esta situación, las consultoras han recibido intimaciones y sanciones de hasta $500.000 (quinientos mil pesos) por parte de la Secretaría de Comercio Interior. Los argumentos del Sr. Moreno se sustentan en que las consultoras han infringido la Ley de Lealtad Comercial, una norma sancionada y promulgada durante la última dictadura militar por el General Reynaldo Bignone, en mayo de 1983 y la cual no sería aplicable en este caso.

Estamos ante una grave situación. Aquí se está atentando no solo contra la libertad de expresión e investigación, sino también contra derechos fundamentales como son el derecho al trabajo y la libertad de empresa. Este avasallamiento, es, en definitiva, un atropello a la sociedad democrática en su conjunto.

Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a mis pares de este Honorable Cuerpo acompañen con su voto la presente iniciativa.