La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1. Convocar a AUDIENCIA PÚBLICA a los fines de conocer la opinión que le merece a la ciudadanía en general, los proyectos de ley que se encuentren en trámite parlamentario por ante el Congreso de la Nación Argentina al momento de la audiencia, y que se relacionen con la temática referida a la caracterización de los servicios de telefonía móvil e internet como un servicio público.

2. Facultar a las comisiones pertinentes en los términos de los artículos 114 bis y concordantes del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, a determinar los requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes a la audiencia y demás aspectos que hacen a la organización y realización de la audiencia pública.

Señor presidente:

En nuestro país existen al día de la fecha 58 millones de líneas de teléfonos móviles para 40 millones de habitantes. Se sirven de este servicio personas de todas las edades y sectores sociales. Además, los incesantes avances en la tecnología hizo posible que estos aparatos denominados "inteligentes" puedan procesar y transmitir datos con acceso a internet.

En Argentina el mercado de la telefonía móvil está repartido entre sólo tres empresas Claro (de Telmex), Movistar (de Telefónica) y Personal (de Telecom). Entre ellas, se reparten el 98% del mercado. Sus ganancias aumentaron un 25% en el primer semestre del año 2011, en comparación con el mismo período de 2010. En plena época de crisis económica, la telefonía móvil es uno de los sectores más rentables, junto con el bancario y el petrolero y cuyos exorbitantes márgenes de ganancia y facturación parecen encontrarse al margen de cualquier crisis económica.

Sin embargo y no obstante la exorbitante facturación, la calidad del servicio que prestan es sumamente deficitaria. En efecto, las empresas de telefonía celular encabezan, por lejos, el ranking de reclamos de los consumidores. La mayoría de los mismos están relacionados con la calidad del servicio (deficiencia o falta de cobertura); falta de cumplimiento de promesas contractuales, promocionales y publicitarias; cargos no solicitados y solicitudes de bajas no realizadas; y sobrefacturación.

Los únicos tres proveedores del servicio de telefonía móvil en nuestro país, gozando de una privilegiada posición en el mercado, se comportan como una

verdadera agrupación oligopólica que mantiene de rehenes a los consumidores y usuarios, sometiéndolos a las más arbitrarias y abusivas prácticas entre las que podemos citar en simple ilustración: a la falta de fraccionamiento de los minutos efectivamente consumidos en la facturación; las injsutificables diferencias tarifarias según planes de tarjetas prepagas o facturación mensual; los sorpresivos e injustificados aumentos de tarifas; los arbitrarios plazos de vencimiento en tarjetas prepagas; los indisimulables y sorpresivos cortes masivos en los servicios; etc, etc, etc.

Existen al día de la fecha varios proyectos legislativos que se han abocado a la temática de la telefonía móvil y que persiguen la declaración de dicho servicio como un servicio público. Se entiende en tal sentido que la situación de absoluta desregulación actual en el mercado no podría ser posible luego de la declaración del mismo como servicio público.

Entendemos que la temática que se pretende abordar es de una trascendencia tal para la sociedad que resultaría sumamente útil que en el ámbito parlamentario se convoque y desarrolle una audiencia pública a efectos de debatir con profundidad sobre el tema en cuestión, permitiendo el acceso y conociendo las opiniones de diferentes sectores de la sociedad que pueden aportar valiosas experiencias, entre otros a organismos de defensa del consumidor, grupos de usuarios y consumidores y la ciudadanía en general.

El artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados establece expresamente la posibilidad de realizar audiencias públicas con la finalidad de conocer la opinión de la ciudadanía en general, personas jurídicas de carácter público y privado y organizaciones de la comunidad.

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.