La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Justicia y del Registro Nacional de Armas - RENAR -, se proceda a brindar a esta Cámara de Diputados de la Nación un pormenorizado informe sobre los siguientes puntos:

1.- Cuántas tenencias de armas se han registrado desde el 1º de enero de 2008 al 15 de marzo de 2013, detalladas año por año;

2.- Edad promedio de los tenedores registrados y porcentajes de tenencias discriminados por cada Región del país, con específico informe respecto del Área Metropolitana;

3.- Cuántas portaciones de armas se autorizaron desde el1º de enero de 2008 al 15 de marzo de 2013, detalladas año por año;

4.- Edad promedio de los portadores autorizados y porcentajes de dichos portadores discriminados por cada Región del país, con específico informe respecto del Área Metropolitana;

5.- Cuántas armas fueron incautadas y/o entregadas voluntariamente en el lapso que va desde el 1º de enero de 2008 al 15 de marzo de 2013;

6.- Cuántas armas fueron destruidas desde el 1º de enero de 2008 hasta el 15 de marzo de 2013;

7.- Cuál es el estado actual de la causa penal por el robo en el RENAR de doscientas armas, hecho acaecido en diciembre de 2012;

8.- Monto, año por año, de la recaudación por aranceles que ha percibido el RENAR, desde el 1º de enero de 2008 hasta el 15 de marzo de 2013; y

9.- Destino de dichos fondos extrapresupuestarios, también discriminados año por año.

Señor presidente:

La Argentina no es Estados Unidos de Norteamérica. En el gran país septentrional, tener un arma es parte de la vida cotidiana. Es una tradición. Sin entrar en valoraciones, la realidad de la Argentina es distinta. Aunque en nuestros orígenes vivimos - o, mejor, sobrevivieron, los que lo lograron - guerreando, llegó un momento histórico en el que sobrevino el consenso de que había que parar la guerra y construir una buena paz, de prosperidad y de progreso. Por eso, sobre todo a partir de la vigencia de la Constitución de 1853, experimentamos una trayectoria hacia el desarme, lamentablemente interrumpida por los movimientos armados de los años setenta, del siglo pasado.

Precisamente, ha sido tan inconmensurable el drama nacional que provocaron esos movimientos armados y su feroz represión, que la Argentina por un momento pareció decidirse resueltamente a favor de desarmar los ánimos y consecuentemente abandonar las armas, salvo las que son inherentes a las fuerzas de la ley y el orden. Algo similar, pues, en 1983, a los años augurales de 1853.

Sin embargo, la oleada delictiva que viene azotándonos desde hace ya largo tiempo y que notoriamente en la actualidad está deviniendo en marea, exhibe, además de creciente crueldad criminal, la abundancia de armamento, en muchos casos, no una pistola calibre 22, sino armas más sofisticadas, incluyendo las de guerra.

Existen muchas armas en el país y sobre todo - y muchísimo más inquietante- incontables armas de tenencia y portación ilegales.

No se palpa eficacia en la campaña - si es que puede hablarse de ella - de desarme. Peor, estudiosos de la cuestión sostienen que el Plan Nacional de Desarme ha fracasado. Literalmente.

Empero, recientes noticias no desmentidas informan de que se están multiplicando en el RENAR las registraciones de armas y, más grave, las autorizaciones de portación. Y para ensombrecer aún más este escenario que azora las conciencias del país, esas informaciones dicen que las portaciones autorizadas recaen en agrupaciones propias del activismo, arropadas en la asistencia o acción social. Ésta es indubitablemente plausible, pero cuando embozan otros objetivos vinculados con la búsqueda del poder por una vía extraña o definitivamente reñidos con los cánones democráticos, la profusión de armas cobra un peligrosísimo relieve y configura una amenaza para la sociedad.

En estos días el dirigente Raúl Castells denunció estas gravísimas situaciones y nadie lo ha desmentido.

Por otra parte, es harto conocido que una Agrupación llamada 'La Cámpora' - de dudosa pertenencia a los métodos de vida democráticos - controla tanto el RENAR como el Ministerio de Justicia, el órgano que debe fiscalizar a aquél. Esto torna risible el control y ya se sabe que el descontrol es la antesala del desborde.

Asimismo, las denuncias incluyen un dato preocupante que podría constituir un financiamiento ilegal de la actividad de estas agrupaciones. Se alude al destino de la recaudación del RENAR - unos $20 millones anuales - sobre la que no existe rendición de cuentas, por lo menos que se conozca públicamente. No debe omitirse que estos son fondos extrapresupuestarios sobre los cuales no se practica auditoría.

La convivencia armónica y pacífica de los argentinos es una meta irrenunciable. Por ella estamos obligados a velar. La proliferación de armamentos, tanto registrados como ilegales, ensombrece la paz de los argentinos y pone en serio peligro sus vidas y sus bienes. No podemos distraernos ante tamaña cuestión.

Por todo lo expuesto, solicitamos el respaldo de la Cámara para el presente Pedido de Informes.