La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La urgente necesidad de que el Poder ejecutivo disponga, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y con el fin de garantizar la normal prestación de servicios básicos para la población, disponga la inmediata declaración de ilegalidad de la huelga convocada por el Sindicato de Choferes de Camiones de la República Argentina, para el próximo 21 de marzo, cuyas motivaciones exceden claramente el marco del derecho constitucional consagrado por el art. 14 bis de nuestra Carta Magna.

Señor presidente:

El Articulo 14 bis de nuestra Constitución consagra a favor de los trabajadores y sus entidades gremiales, el Derecho de Huelga, con el claro propósito de favorecer la defensa de sus legítimos intereses.

En el contexto de una investigación judicial internacional que involucra al titular del gremio de camioneros y Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, se ha convocado a un paro de choferes para el próximo lunes 21, con el deliberado propósito de presionar a las autoridades Ejecutivas y Judiciales, al tiempo que se anuncian movilizaciones y se fustiga a la prensa, a la que se exige que revele fuentes y evite publicar información que pueda perjudicar la imagen o los intereses del dirigente sindical.-

Estamos en presencia de una actitud extorsiva e intolerable para una democracia, ya que se pretende por esta vía excluir de la potestad de la justicia a un ciudadano por el solo hecho de tener acceso a resortes e instrumentos de poder y capacidad por esta vía de tomar como rehén a la sociedad. Se viola así el principio fundamental de igualdad ante la ley, frente a lo cual las autoridades no pueden permanecer inermes.-

Es una obligación legal de todo ciudadano someterse a la Justicia, aun cuando se considere injustos los motivos o razones que inducen su accionar. Para ello nuestro ordenamiento jurídico garantiza ampliamente el derecho a defensa. Nada puede estar sobre ella si queremos vivir en una República. Pero más aún, tal obligación, resulta una exigencia moral para todo aquel que ocupa una responsabilidad pública o vinculada con el manejo de la cosa pública.-

Invocar el derecho de huelga para defender privilegios o favorecer la impunidad, es una afrenta al conjunto de la sociedad y de los trabajadores en particular. Debe el Gobierno tomar una decisión, asumiendo la responsabilidad de poner freno a la arbitraria actitud de quien actúa gracias al inconmensurable poder adquirido al ampara de esta misma administración.-

Hugo Moyano, con sus métodos de apriete, con sus mecanismos de acción directa, frente a la intolerable anuencia del Gobierno, fue acumulando un poder de tal magnitud que hoy le permite creer que puede estar por fuera de la ley, desobedecer a la justicia y extorsionar a todos los Argentinos. Ahora ha decidido condicionar al propio Gobierno de quien obtuvo todas las concesiones y canonjías imaginables.-

Debe haber una decisión muy clara de parte de las autoridades, que restablezca el imperio de la ley, la dignidad de la Justicia y que sobre todas las cosas garantice la convivencia democrática y la paz social. Tolerar estos desbordes en silencio constituirá un inadmisible retroceso para nuestra democracia.