La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que destituya al Sr. Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Bendini, en razón de las contundentes probanzas en su contra que existen en la causa penal en la que se lo investiga por la comisión de delitos contra la administración pública, que condujeron a la Justicia Federal de Río Gallegos a citarlo a declaración indagatoria, y a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas a acusarlo de haber cometido el delito de peculado.

Señor presidente:

Hace poco más de dos años, el día 3 de febrero de 2004, distintos diputados del ARI presentamos un proyecto de resolución solicitando la convocatoria del General Bendini para que brinde explicaciones ante esta Cámara por el manejo ilegal de una cuenta bancaria en tiempos en que se desempeñaba como Jefe de la Brigada Mecanizada XI de Río Gallegos, Santa Cruz (proyecto D-6090).

Habíamos señalado allí que, como consecuencia de la recepción de una denuncia anónima "verosímil", la Sindicatura General de la Nación había iniciado una investigación destinada a determinar si el Sr. Roberto Bendini había abierto, en el año 2001, cuando comandaba la mencionada brigada, una cuenta corriente ilegal destinada a la administración de los fondos "extrapresupuestarios" de dicha unidad del Ejército.

Esas sumas de dinero deben depositarse en una cuenta oficial a nombre del Ejército en el Banco de la Nación Argentina; sin embargo, destacábamos que, como señalaban distintos medios periodísticos, ellas habían sido desviadas -desde el año 2001- a una cuenta abierta por el Sr. Bendini en el banco (privado) de Santa Cruz.

El Jefe del Ejército había admitido tal modo actuar, justificándolo en que a través del uso de la cuenta "paralela" podía "evitar la burocracia del sistema legal que remite los fondos a la tesorería de la Nación, de allí a la Contaduría General del Ejército y los redistribuye luego a las reparticiones del interior."

Dicho comportamiento escapaba a las más elementales normas de transparencia que todo oficial público debe respetar, y era manifiestamente ilegal, por lo que exigía cuanto menos que desde el gobierno nacional se dieran las pertinentes explicaciones. Sin embargo, ello nunca se hizo y el Jefe del Ejército continuó ejerciendo su cargo como si nada hubiese sucedido.

Hoy Bendini está formalmente acusado por un juez federal de Río Gallegos, Gerardo Caamaño, y por el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, de la comisión de distintos delitos contra la administración pública, llevados adelante mediante el uso de aquella cuenta ilegal (véanse al respecto el periódico Clarín del 04/03/05, p. 19 y la Revista Veintitrés del 03/03/05, pp. 16-18).

Hay pruebas suficientes, tanto en la causa judicial que tramita ante la justicia federal de Río Gallegos, como en el expediente administrativo llevado adelante por el Dr. Manuel Garrido, de que a través del uso ilegal de aquella cuenta, Bendini utilizó dinero público para uso personal, entre otras cosas para comprar diversos regalos de bodas (al respecto existen pruebas documentales y testimoniales en ambos expedientes).

La contundencia de las pruebas existentes sobre la actividad delictiva de Bendini condujo a que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FNIA) solicitara al Poder Ejecutivo la urgente apertura de un sumario administrativo contra el Jefe del Ejército. Asimismo, y más importante, provocó que Bendini fuera citado, junto con su segundo en la Brigada Mecanizada XI de Río Gallegos, Carlos Espósito, a brindar declaración indagatoria ante la justicia federal de aquella provincia. (ver al respecto Diario La Nación del 26/03/06, página 1).

Como si ello fuera poco, la FNIA también detectó que Bendini falsificó el contenido de distintos comprobantes de los gastos efectuados a través de la cuenta ilegal, con el fin de realizar un descargo público ante las acusaciones que el año pasado se le efectuaron.

Hace poco más de un año el Presidente de la Nación repitió, como ya había dicho en múltiples oportunidades, que no le temblaría la mano para destituir a todo funcionario público sobre el que pesaran sospechas serias de la comisión de delitos.

Con las contundentes pruebas que existen de que Bendini cometió delitos contra la administración pública durante su desempeño como Jefe de la Brigada Mecanizada XI de Santa Cruz, su permanencia en el alto cargo que desempeña solo puede hacer dudar a la ciudadanía de la palabra del Presidente.

Es imperioso que el General Bendini sea destituido de su puesto. Ante los hechos que hemos conocido, nuestra República no toleraría una solución distinta.

Por ello solicito a los miembros de esta Cámara que aprueben este proyecto de resolución.