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PROYECTO DE TP
Expediente 1031-D-2015
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROFUNDIZAR EL DESARROLLO DE LOS EJES DE GESTION CON RELACION A LAS POLITICAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Fecha: 18/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 13
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
Que vería con
agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación,
profundice el desarrollo de los ejes de gestión con relación a las políticas públicas
de seguridad ciudadana conforme a los puntos básicos referentes a:
1.- Recuperación de los espacios
públicos para la vida comunitaria.
2.- Desarrollos de un programa de
resocialización de jóvenes de la calle.
3.- Una educación para la no
violencia.
4.- Prevención de deserción
escolar
5.- Ofrecimiento de oportunidades
laborales para la población penal.
6.- Optimización de la productividad de
un sistema judicial accesible y eficaz.
7.- Solucionar el déficit carcelario.
8.- Integración de la policía a la
comunidad.
9.- Jerarquización de la función policial.
10.- Creación de una central de
coordinación de recursos.
11.- Implementación de un programa
de desarme.
12.- Desarrollo de un plan comuna
segura.
13.- Información para la participación
ciudadana.
14.- Una indemnización anticipada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Recuperación de los espacios
públicos para la vida comunitaria
La calidad de vida de las personas
y de la comunidad, no mejora con el encierro en casas o en country que parecen
fortalezas, sino por la apertura a la interacción normal de las personas en lugares
públicos rediseñados para generar un entorno pacífico, que facilite y estimule la
relación entre los ciudadanos. Esto puede lograrse a través de la acción conjunta
de autoridades locales y de la comunidad, lo que supone el desarrollo de políticas
con relación al diseño urbano, iluminación, vegetación, vigilancia, etc.
2. Programa de resocialización
de jóvenes de la calle
Una de las causas de la
delincuencia juvenil es la falta de opciones laborales, culturales o sociales
integradoras que optimicen el uso de su tiempo libre, como alternativa a los
entornos juveniles que fomentan la violencia y las actividades antisociales. En este
sentido es necesario ofrecer opciones atractivas a los jóvenes, especialmente a
los que no concurren a la escuela y a aquellos que carecen de suficiente
contención familiar. Debe promoverse la disponibilidad de opciones culturales,
deportivas, de recreación o capacitación, que tengan un sentido integrador y de
inserción en la vida comunitaria.
3. Una educación para la no
violencia
El actual modelo educacional
carece de instrumentos que enseñen a los niños, desde edad temprana, a manejar
sus conflictos en forma no violenta. Debe inculcárseles desde pequeños el respeto
a las ideas y derechos de los demás en un marco de convivencia reciproco. Es
necesario introducir generalizadamente en el sistema educacional la enseñanza
de tales mecanismos.
4. Prevenir la deserción
escolar
Un porcentaje significativo de los
delincuentes juveniles se vincula con jóvenes que no van a la escuela. Cuando un
joven abandona el sistema escolar, sus oportunidades de acceder al desarrollo de
su persona conforme a las posibilidades con que cuenta el país son mínimas,
presentándose entonces la actividad delictiva como una opción potenciada. En
consecuencia, reducir esa deserción es una forma de prevenir la delincuencia.
5. Ofrecer oportunidades
laborales para la población penal
Se ha comprobado que la mejor
forma de reinserción social de un ex interno es la capacitación laboral en
habilidades útiles que le sirvan al salir de la cárcel. De lo contrario, se dificulta su
inserción en el seno de la sociedad y, por lo tanto, probablemente reincidirá. En
consecuencia, debe fomentarse la integración entre el sistema carcelario y el
sector privado o la comunidad.
6. Optimizar la productividad de
un sistema judicial accesible y eficaz
El sistema judicial debe garantizar
el respeto a los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos. Si no
existe respuesta judicial frente a la violación de esos derechos, la impunidad del
delito es el más fuerte incentivo para multiplicar sus efectos. Dicho sistema debe
ser realmente accesible a todos los sectores por igual, pues de lo contrario se
potencia la anomia colectiva y, en definitiva, la perpetuación del ciclo delictivo. A
su vez, el sistema judicial debe ser transparente y comprensible para todos, pues
de lo contrario se promueve la marginación por desconfianza en la justicia.
7. Solucionar el déficit
carcelario
Actualmente, el sistema carcelario
enfrenta la peor crisis de su historia. Este costo institucional, social y humano se
traduce en déficit de la capacidad carcelaria versus la cantidad de condenados
que deberían ser enviados a las cárceles. Las cárceles están superpobladas y
superadas en su capacidad de uso, con todos los problemas de conducta y de
dificultad para el desarrollo de programas de rehabilitación en los recintos
penitenciarios que conlleva el hacinamiento. El actual déficit es preciso superarlo y
construir los recintos penales efectivamente necesarios.
8. Integración de la policía a la
comunidad
La reducción de la delincuencia
supone que la policía responda a las necesidades prioritarias de la población, que
varían de una localidad a otra. Por eso, es necesario que la policía conozca en
profundidad los problemas que aquejan a cada comuna, así como que cuente con
la confianza y colaboración de las distintas comunidades.
9. Jerarquizar la función
policial
La ciudadanía debe contar con un
acceso a los servicios policiales, equivalentes y proporcionales a los problemas
que enfrenta. Este acceso, debe considerar en especial los problemas que se
desarrollan en los grandes centros urbanos. Al mismo tiempo, se requiere una
policía muy comprometida con su actuar y del mejor nivel técnico posible, para
garantizar así los derechos básicos a la vida, la integridad personal y la
propiedad.
10. Creación de una central de
coordinación de recursos
Dentro del área responsable de la
seguridad debería crearse, por ley, una central de coordinación de recursos en
materia de seguridad. La tarea específica de esa Central sería la coordinación de
recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispongan todos los
organismos de seguridad.
11. Implementar un programa de
desarme
La demanda y el uso de armas
ligeras están directamente relacionados con el potencial delictivo. La solución de
fondo a este problema comprende un Estado presente y con políticas de desarme,
una democracia participativa, un desarrollo sostenible, el respeto de los derechos
humanos - civiles y policías -, fortalecimiento de la justicia y la satisfacción de las
necesidades básicas de la gente. Esto conduce a un abandono progresivo de la
cultura de la violencia y al uso ilegal de las armas de fuego.
12. Desarrollo de un Plan
Comuna Segura
Cada comuna debe contar con un
plan de seguridad municipal, entendido como parte de un plan de seguridad
nacional. Dicho plan debe ser desarrollado por las autoridades comunales, la
policía y representantes de la comunidad (profesores, comerciantes, padres,
industriales, iglesias, etc.) El municipio en interacción con los demás actores debe
fijar los objetivos y plazos, así como las herramientas necesarias para su
cumplimiento. El programa se fundamenta en que la delincuencia es diferente en
cada comuna y sus habitantes son quienes más conocen sus necesidades
reales.
13. Información para la
participación
Cada persona debe tener acceso a
la información necesaria para tomar decisiones fundadas y responsables sobre la
orientación de sus actos y lograr un entorno seguro de su vida diaria. Para ello, no
son suficientes las solas estadísticas oficiales sobre la delincuencia. Es preciso
complementarlas con la información que puedan entregar las víctimas de delitos.
Encuestas anuales de victimización permiten conocer mejor la realidad de la
delincuencia en cada localidad y evaluar los resultados de los planes comunales
respectivos. Una amplia disponibilidad de información contribuye a perfeccionar la
política desarrollada en materia de seguridad ciudadana.
14. Indemnización anticipada
En razón de la lentitud de la justicia
y la necesidad de reparar lo antes posible las consecuencias de un delito,
proponemos que si el ilícito fuere público y notorio, los perjuicios sufridos
susceptibles de apreciación pecuniaria y resultara manifiesta la urgencia del
peticionante, el Ministerio de Acción Social disponga un anticipo, cuyo monto será
prudencialmente estimado con relación al resarcimiento que le fuera
probablemente otorgado y a cuenta del mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a los
señores legisladores se sirvan acompañar con su voto el presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GIUSTOZZI, RUBEN DARIO | BUENOS AIRES | FRENTE RENOVADOR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| SEGURIDAD INTERIOR (Primera Competencia) |