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PROYECTO DE TP


Expediente 1031-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL GASTO EJECUTADO EN LAS POLITICAS DE COMUNICACION OFICIALES DURANTE EL AÑO 2012.
Fecha: 18/03/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 12
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe, a través de quien corresponda, sobre el gasto ejecutado en las políticas de comunicación oficiales durante el año 2012 y los siguientes puntos:
- Establezca los estudios específicos realizados con relación a la medición de audiencia de los medios beneficiados con la pauta oficial.
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- Especifique los montos mensuales publicitarios liquidados a cada uno de los mismos.
- Informe sobre los criterios de asignación de la pauta publicitaria.
- Informe sobre la planificación publicitaria oficial prevista para el presente año 2013.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Hemos tomado conocimiento de un informe difundido por la Fundación Libertad de Expresión & Democracia (LED) sobre el gasto en materia de publicidad oficial durante el año 2012.
En el mismo se consigna que "el Poder Ejecutivo gastó 7780 millones de pesos en sus políticas de comunicación, lo que implica una cifra diaria de 21 millones de pesos"
Además, informa que "unos 3650 millones fueron destinados a la red AR-Sat y la otra mitad se repartió entre el "Programa Fútbol para Todos", Canal 7, Telam, Radio Nacional, publicidad oficial, INCAA, TV Digital Abierta, AFSCA, TV Encuentro y Paka Paka, entre otros.
Entre los "más beneficiados figuran el Grupo Spolsky que recibió, en el primer cuatrimestre del 2012, el 847% más que en igual período de 2011 y el Grupo Vilas-Manzano que obtuvo el 114% de incremento en igual período"
A su vez "La Nación percibió el 96%, el Cronista el 70% y Clarín el 61% menos que en igual lapso del año 2011", además de seguir sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la asignación publicitaria a la Editorial Perfil.
Como lo hemos venido denunciando en reiteradas oportunidades, dicho incremento presenta una distribución inequitativa y desigual entre medios que el Gobierno considera afines a su relato político y los medios a los que ha categorizado como críticos u opositores.
Creemos necesario reiterar nuestra convicción que dicha pauta, cuya fi-nanciación proviene de los aportes de todos los ciudadanos contribuyentes y que debería sostenerse en el deber republicano de informar los actos de gobierno, tendría que distribuirse de manera tal que respete la ecuanimidad y promueva la diversidad de opiniones. Para ello es fundamental la sanción de la ley que contempla y regula este otorgamiento.
Es por ello que es prioritario y urgente que esta Comisión reciba la información requerida y que establezca los estudios específicos realizados con relación a la medición de audiencia de los medios beneficiados, que especifique los montos mensuales publicitarios asignados a cada uno de los mismos, que informe sobre los criterios de asignación de la pauta publicitaria y que informe sobre la planificación publicitaria oficial prevista para el presente año 2013, entre otros particulares.
A su vez, es nuestro deber manifestar que nuestro país está ingresando en una peligrosa espiral de violencia semántica, censura directa, temor a represalias laborales, durísimas réplicas presidenciales o arbitraria asignación publicitaria por no uniformar su pensamiento al discurso oficial.
En los últimos tiempos se interpusieron varias demandas judiciales contra periodistas y se conocieron despidos sin causa justificada, con el fin de limitar o amordazar la libertad de expresión, en una práctica totalitaria absolutamente reñida con la vida democrática.
La pluralidad de voces es otro de los mitos que el discurso oficial pretende instituir. Para ello no escatima el uso de todas las herramientas de gestión que tiene a su alcance a fin de generar un cerrojo en torno al discurso único que pretenden imponer.
La pauta publicitaria oficial, la compra de frecuencias y medios, el control de los contenidos y el escarnio público son elementos de los que se vale la estructura gubernamental para dominar y disciplinar a quienes disienten con el relato que se intenta instaurar.
Generar causas judiciales, rescindir contratos y privar a los periodistas del legítimo derecho constitucional a expresar su opinión y a ejercer toda actividad lícita, es un acto de censura inaceptable, como lo es el inequitativo y desigual reparto de la publicidad oficial que es un recurso obtenido con el esfuerzo de todos los ciudadanos y que debe volver a ellos con el respeto a su sagrado derecho a la libertad de expresión.
Teniendo en cuenta lo manifestado, es que le solicitamos Sr. Presidente la aprobación del presente pedido de resolución
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
BULLRICH, PATRICIA CIUDAD de BUENOS AIRES UNION POR TODOS
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
COMUNICACIONES E INFORMATICA (Primera Competencia)