La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, arbitre de forma urgente los medios y disposiciones administrativas necesarios para evitar la acumulación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado de productores agropecuarios que estén o hubiesen estado durante el último año en situación de emergencia y/o desastre agropecuario. En particular, se pide tenga a bien establecer un mecanismo administrativo que permita a los productores agropecuarios que estén o hubiesen estado durante el último año en zonas de emergencia y/o desastre agropecuario solicitar la exclusión en la retención del IVA por el término de dos años.-

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración tiene como antecedente el expediente 7691-D-2010, de mi autoría.

Es ya conocida por esta Cámara de Diputados la difícil situación por la que están atravesando las diferentes ciudades del sudoeste bonaerense. Dirigentes agropecuarios han advertido, en reiteradas oportunidades, sobre la catástrofe climática por la que se está transitando, además de la falta de política productiva para el sector, siendo en los pequeños y medianos productores dónde más impacta. Circunstancias similares se viven en otras regiones del país en situación de emergencia y/o desastre agropecuario.

En medio de la grave situación agrícola ganadera del sudoeste bonaerense, a lo que se agrega la sequía extrema que se está viviendo en la región (sin precedentes en los últimos 70 años), resulta indispensable y urgente que el Estado nacional revise las disposiciones administrativas de la Administración Federal de Ingresos Públicos que provocan la acumulación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado de productores agropecuarios en situación de emergencia y/o desastre agropecuario.

Es válido recordar que el propio Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha reconocido la emergencia climática en diversas regiones de nuestro país. Sin embargo, numerosos actores políticos y económicos han observado que frente a situaciones climatológicas tan extremas como están viviendo muchas provincias argentinas, estos beneficios resultan insuficientes para revertir los desastrosos efectos de la sequía. El mismo PEN ha encarado una ronda de reuniones y negociaciones con representantes del sector agropecuario, que entre otros objetivos pretende encauzar y atender los reclamos de los productores más afectados por la sequía.

Incluso ciertas trabas e impedimentos burocráticos surgen de las exigencias que impone el propio Estado nacional, lo cual dificulta el desempeño de pequeños y medianos productores agropecuarios en situación de emergencia y/o desastre agropecuario. Por ejemplo, según un estudio del Movimiento CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), en los últimos seis años los costos burocráticos del negocio agrícola crecieron un 163%, debido a la implementación de nuevos controles y requisitos fiscales para operar por parte del Gobierno, a las demoras existentes en la inscripción de los operadores de granos y en la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Así, de acuerdo con el trabajo de CREA, el promedio de los gastos burocráticos

por mes para comercializar granos pasaron de $1.234 en 2003 a $3.246 en 2009. Por otro lado, los costos de burocratización de una empresa agrícola en 2009 fueron de $30,80 por hectárea en el caso de las empresas nuevas y $11,60 por hectárea para las empresas en funcionamiento. Estos cálculos incluyen ítems como el costo de inscripción en el Registro Fiscal de Operadores de Granos (RFOG), las demoras en la devolución del IVA y el costo en la gestión de las cartas de porte, que si bien son gratuitas, generan gastos por las demoras en su obtención.

Tratándose el IVA de un impuesto en etapas sucesivas, por computarse cada eslabón el monto discriminado por el anterior, existe la premisa de que es en el consumidor final sobre quien repercute la carga definitiva. En función de ello los productores agropecuarios en condición de emergencia y/o desastre agropecuario solo deberían tributar por el valor agregado que generan, el cual es por definición virtualmente nulo por la situación que atraviesan.

En cada período la diferencia entre los débitos (el IVA facturado en las ventas) menos los créditos (el IVA facturado en las compras) constituye un saldo que podrá ser a favor de la AFIP o a favor del contribuyente. En cualquier actividad en marcha este saldo estaría indicando el valor agregado y resultaría a favor de la AFIP. Al existir grandes distorsiones en el IVA para el sector agropecuario, motivadas por las diferentes tasas del impuesto (las ventas agropecuarias están gravadas al 10,5%, mientras que las compras lo están al 21%, con excepción de los fertilizantes), esto no sucede en el sector agropecuario, acumulando por el contrario saldos técnicos a favor de los productores. Esta situación se agrava puesto que, producto de la retención de IVA en sus ventas, por los ingresos solo reciben el 2,5% si están inscriptos en el RFOG (retención del 8%) y 0% si no están inscriptos en el mismo (retención del 10,5%).

Además de las diferencias de alícuota, debe considerarse que la actividad agropecuaria es cíclica: los ingresos se concentran en ciertos períodos y a los egresos importantes les ocurre similar situación, no coincidentes con los meses en que se producen los ingresos. Por ello se dispuso en 1993 darle a la actividad agropecuaria, con relación al impuesto al valor agregado, un tratamiento anual, diferente al régimen mensual, habitual para el resto de las actividades. Sin embargo, en regiones en situación de emergencia y/o desastre agropecuario como el sudoeste bonaerense el descalce entre las compras y las ventas puede durar varios años. Por lo tanto, podrían acumularse grandes saldos debido a que ciertas compras continúan obligatoriamente, pero las ventas se encuentran forzosamente paralizadas.

Cuando se produce la acumulación de saldos técnicos a favor del contribuyente, existe la posibilidad de solicitar a la AFIP la devolución del IVA. También es posible

solicitar la exclusión en la retención de IVA. Sin embargo, los trámites burocráticos que exige la AFIP para conceder la devolución del IVA muchas veces quedan fuera de la capacidad administrativa de los contribuyentes, sobretodo de los pequeños y medianos productores. A su vez, la AFIP no permite a los productores agropecuarios (herramienta financiera que sí pueden utilizar los demás contribuyentes) solicitar la exclusión en la retención de IVA, lo cual resulta flagrantemente injusto en el caso de los productores agropecuarios en situación de emergencia y/o desastre agropecuario.

En virtud de ello resulta urgente que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los medios y disposiciones administrativas necesarios para evitar la acumulación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado de productores agropecuarios que estén o hubiesen estado durante el último año en zonas declaradas de emergencia y/o desastre agropecuario. En particular, se pide tenga a bien establecer un mecanismo administrativo que permita a los productores agropecuarios que estén o hubiesen estado durante el último año en zonas de emergencia y/o desastre agropecuario solicitar la exclusión en la retención de IVA por el término de dos años.

Por último, debe destacarse que esta medida de extrema urgencia y justicia no implica perjuicio económico alguno para las arcas fiscales, puesto que se trata de un problema financiero. Sin embargo, sí conlleva un importante alivio financiero para quienes se encuentran en situación de emergencia y/o desastre agropecuario, especialmente los pequeños y medianos productores.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicitamos a las Sras. Diputadas y los Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-