La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitarle que, a través de los organismos correspondientes, establezca negociaciones con la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) con el fin de restablecer en condiciones de seguridad e higiene acordes a la normativa vigente los servicios que hasta el 28 de diciembre de 2007 prestara el denominado "Tren Blanco".

Señor presidente:

El pasado viernes 22 de febrero, un grupo de familias dedicadas a la recuperación de residuos urbanos -comúnmente, cartoneros- que se había asentado en la calle Virrey Vértiz entre La Pampa y Sucre del barrio de Belgrano fue desalojado violentamente por efectivos de la Policía Federal, a instancias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que el asentamiento en cuestión surgió luego que el pasado 28 de diciembre la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) -concesionaria de las ex líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento- suspendiera el servicio del llamado "Tren Blanco" que hasta entonces transportaba a diario a más de 2400 cartoneros residentes en la zona norte del conurbano bonaerense y a los productos que ellos recolectaban en las calles de Buenos Aires durante extenuantes jornadas.

Asimismo, que los cartoneros emergieron como sujetos sociales tras la descomposición del tejido social y la pauperización extrema a la que fueron sometidas las clases populares durante la hegemonía neoliberal. Consecuencia de ello son las precarias condiciones en que viven las familias de quienes están demasiado lejos de acceder a las pocas oportunidades de inserción que ofrece la economía formal y encuentran en la recuperación de residuos reciclables su fuente de subsistencia.

Está a la vista que el levantamiento del Tren Blanco implicó un gran perjuicio para estos trabajadores y sus familias. También lo está el hecho de que las opciones que la concesionaria y el gobierno porteño ofrecieron para reemplazar al Tren Blanco nunca llegaron o, en el mejor de los casos, se demostraron insuficientes. Sólo por citar un ejemplo, digamos que los camiones con que se pretendió sustituir al servicio ferroviario no alcanzan para trasladar lo recolectado y su uso obliga a los cartoneros al trabajo extra de cargar y descargar en ellos su pesada carga, tarea que también deben realizar las recuperadoras, aunque ella demande una fuerza física que excede a la que habitualmente tienen las mujeres.

Tras este esfuerzo, recuperadores y recuperadoras deben abordar rápidamente algún tren de línea que los lleve hasta donde los camiones descargarán sus carros y llegar a tiempo para evitar que el fruto de su trabajo sea robado. En cualquier otra actividad, se diría que la tensión creada por estas circunstancias resultaría estresante y en los respectivos convenios colectivos de trabajo se tomarían las previsiones necesarias para proteger a quienes se exponen a ellas. Por cierto, los recolectores y recolectoras carecen de convenios colectivos y esta particularidad obliga aún más al Estado a asegurarles la debida protección.

En el caso particular de la recuperadoras, debe tenerse presente que ellas suelen realizar su trabajo acompañadas de sus pequeños hijos. Mientras las madres seleccionan y recogen residuos, muchos chiquilines reciben de vecinos y comerciantes solidarios lo que el Estado no les asegura aunque esté obligado a hacerlo por imperio de tratados internacionales. Nos referimos a comida, ropa, calzado y otros enseres -a veces voluminosos- con que satisfacen necesidades tan elementales como urgentes. A veces, estos productos que provienen de la generosidad popular son tan o más valiosos que lo recolectado por sus mamás; y el Tren Blanco era una alternativa segura para transportarlos.

Seguramente, las familias de cartoneros podrían agregar a este proyecto páginas y páginas de razones que fundamentaran su reclamo de reposición del servicio que TBA ya no presta.

En una sociedad tan desigual como la nuestra, el Estado debe generar hechos que protejan a los más débiles. A esta categoría pertenecen, sin duda, los recuperadores urbanos afectados seriamente por la interrupción de un servicio que fue decidida a partir de criterios puramente empresarios que excluyeron toda consideración sobre la importancia social del ferrocarril.

El Poder Ejecutivo que tiene bajo su jurisdicción a la actividad ferroviaria y que -además- transfiere a los concesionarios de líneas cuantiosos recursos en concepto de subsidios se halla en condiciones de entablar negociaciones con la empresa TBA orientadas a restituir el servicio, pero también a lograr que en una nueva etapa asegure las condiciones de seguridad e higiene que el Tren Blanco no ofrecía.

Finalmente, deseamos destacar que la medida aquí auspiciada se enmarca en el proceso de recuperación y fortalecimiento del rol que el Estado debe tener en la economía; un proceso que el gobierno nacional impulsa desde 2003 y en el que corresponde poner especial énfasis cuando se trata de preservar los intereses de los usuarios ante las decisiones de las empresas concesionarias de servicios públicos.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores Diputados acompañen con su voto el presente Proyecto de Resolución.