La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por los más de 600 trabajadores injustamente despedidos del Hospital Nacional Alejandro Posadas, ubicado en el Partido de Morón, provincia de Buenos Aires.

Exigir a las autoridades del Hospital y a los funcionarios del gobierno nacional y provincial intervinientes su inmediata reincorporación, el cese de la campaña de desprestigio montada contra ellos y el inmediato retiro del personal policial dispuesto, en clara actitud intimidatoria, a días del cuarenta aniversario del golpe cívico militar y en una institución donde funcionó un centro clandestino de detención y que cuenta con trabajadores desaparecidos durante ese período.

Señor presidente:

Señor Presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar la preocupación de ésta Cámara frente a la grave situación que afrontan los trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas, ubicado en Villa Sarmiento, Partido de Morón de la provincia de Buenos Aires, donde actualmente cientos de despedidos se encuentran peleando por su reincorporación.

En medio de las decenas de miles de despidos que se vienen llevando adelante en el ámbito público y privado, los más de 600 despidos en el hospital de referencia más importante del conurbano bonaerense, con un área de influencia de más de 7 millones de habitantes y más de 5 mil consultas diarias, significan también un claro ataque a la calidad de atención y, de conjunto, al derecho a acceder a la salud pública de toda la población.

Más grave es la situación si se considera que esto sucede en el marco de la emergencia sanitaria en la que se encuentra la provincia, producto de la falta de recursos en infraestructura e insumos. Como denuncian los trabajadores, a esto debe añadirse la avanzada de casos autóctonos de dengue en todo el país y en particular en el conurbano bonaerense, de manera que la falta de personal sanitario a causa de los despidos conlleva un peligro latente para toda su población, que ve disminuido su acceso a la atención rápida y eficaz que debe garantizar el Estado.

Cabe señalar que lo que ocurre en el Hospital Posadas y el conurbano bonaerense también sucede en el resto del país. Con sólo un 7.3 por ciento del PBI destinado a la salud, según el Banco Mundial, en Argentina existen 1.500 hospitales y 6.000 unidades sanitarias públicas. Para dimensionar lo que esto significa, destacamos también que según el Censo 2010 un 46 por ciento de la población tiene obra social; un 16 por ciento posee algún tipo de prepaga; un 2 por ciento se encuentra cubierto por algún programa o plan estatal de salud y un 36 por ciento no cuenta con nada de eso. A esto se añade que el 36.1 por ciento de la población argentina, es decir, 14 millones de personas, se atiende en hospitales y centros de salud públicos nacionales, provinciales y municipales, como el que nos ocupa en este proyecto.

En este marco, con un sistema que continúa tan desregulado y estratificado como en la década del 90 y una crisis sanitaria que ya afecta a millones de pacientes y decenas de miles de trabajadores, son justamente los trabajadores de la salud los que siguen realizando a diario los enormes esfuerzos que son necesarios para administrar los escasos insumos hospitalarios y así garantizar la atención de los pacientes. Podemos asegurar que si el hospital público se mantiene en pie, es gracias a su esfuerzo.

Pese a ello, como denuncian los trabajadores del Hospital Posadas, los más de 600 despidos realizados a la fecha agravan más todavía el normal funcionamiento de áreas claves del hospital, como guardias y quirófano, abriendo la puerta a posibles privatizaciones que denuncian los trabajadores de áreas como limpieza, vigilancia, administración y cocina, entre otras. Al momento, la mayor cantidad de despidos se dan en esas áreas, donde han sufrido cierres de sectores enteros, como es el caso del área de facturación (donde se ha despedido a la totalidad de sus trabajadores y diezmado turnos de atención) o del área de limpieza (donde solamente han quedado 5 trabajadores en el turno tarde). La desvinculación masiva de trabajadores ha dejado como resultante el vaciamiento de servicios enteros que son además fundamentales para el normal funcionamiento de áreas críticas, como guardia de emergencia y quirófanos, prácticamente desmantelados.

Los trabajadores despedidos han referido cumplir tareas y horarios contra las malintencionadas declaraciones de las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud y de Modernización del Gobierno nacional, que montaron una repudiable campaña estigmatizando a los trabajadores mediante acusaciones infundadas de sabotaje, entre las que se encuentra el emblemático caso del accidente con el resonador magnético en febrero pasado, hechos que jamás fueron comprobados a pesar de las afirmaciones mediáticas del Director Ejecutivo Díaz Legaspe, quien llegara a afirmar "no tener dudas" sobre la intencionalidad del hecho, del que injustamente fueron acusados los trabajadores del hospital.

Es por todo ello que los trabajadores vienen llevando adelante un proceso asambleario, con medidas de lucha que apuntan no sólo a lograr que su justo reclamo de la reincorporación de todos los despedidos sea oído, sino también a responder al desprestigio de la tarea diaria que realizan, frente a la repudiable campaña montada en diversos medios de comunicación por parte de las autoridades hospitalarias y de los funcionarios intervinientes del gobierno nacional.

Como contrapartida, y nuevamente con el aval del gobierno nacional y provincial, las autoridades del hospital Posadas han multiplicado la presencia policial dentro del nosocomio. Se trata de una clara actitud intimidatoria que ocurre a pocos días del 40° aniversario del golpe genocida y en una institución donde funcionó un centro clandestino de detención y que cuenta con trabajadores desaparecidos.

Es por todo ello que los abajo firmantes exigimos a las autoridades del Hospital y a los funcionarios del gobierno nacional y provincial intervinientes el inmediato cese de la campaña de desprestigio montada contra ellos, el inmediato retiro del personal policial y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos.

Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.