La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos que correspondan, instrumente las acciones pertinentes a los efectos de prorrogar el "Acuerdo de estabilidad del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) - Envasado en garrafas de 10, 12 Y 15 Kg de capacidad", suscripto entre la Secretaria de Energía de la Nación, la estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA), las Empresas Productoras de Gas Licuado Petróleo (GLP), las Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado Asociación Civil (CADIGAS), la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (CAFRAGAS), la Agrupación de Fraccionadores de Gas Licuado (A. F. GAS), la Cámara Argentina de Comercializadoras de Gas (CADECO), la Federación Argentina de Municipios (FAM), y ENARSA en su carácter de comercializadora, Acuerdo que fuera prorrogado en varias oportunidades, siendo el más recientemente a través de la Quinta Addenda, firmada el 29 de abril de 2014 y ratificada por Resolución 532/2014 de la Secretaría de Energía, la cual establecía que el referido Acuerdo se mantendría vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Asimismo, esta Honorable Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo intensifique los controles a fin de garantizar el estado de conservación y mantenimiento de los envases en circulación de gas licuado de petróleo, así como también la habilitación y seguridad de instalaciones afectadas a la operación de este producto, con el objeto de preservar la integridad física de los usuarios y sus bienes.

En el mismo sentido, de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, vería con agrado que se intensifique el control eficaz sobre la comercialización de garrafas de 10, 12 y 15 kilos en el marco del Acuerdo de Estabilidad de Precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), butano y/o mezcla, para garantizar que la población de menores recursos pueda efectivamente acceder a la denominada "garrafa social", disponiendo la ampliación de sus cupos y sus puntos de venta y distribución, verificando de manera concreta el cumplimiento de la venta según precios de referencia y topes máximos establecidos, determinando los valores de referencia para el costo del flete, y priorizando los cupos destinados al abastecimiento de usuarios de las provincias y municipios que carecen de acceso a redes de gas natural.

Hasta que dicho desabastecimiento se revierta, se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, proceda a restringir, limitar o suspender las exportaciones de GLP, a efectos de garantizar el abastecimiento del mercado interno, la normalización de la cadena de comercialización y el acceso a dicho bien a precios justos y razonables, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7° y 35 de la Ley 26.020 -Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo-.

Señor presidente:

El Gobierno Nacional promulgó en el año 2005 la Ley Nº 26.020 -Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo-, que otorga a la Secretaría de Energía de la Nación la facultad de establecer precios de referencia, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano, para el GLP envasado para uso doméstico. En este marco se instrumentó la implementación de la garrafa subsidiada, denominada garrafa social.

El "Acuerdo de estabilidad del precio del Gas Licuado de Petroleo (GLP) - Envasado en garrafas de 10, 12 Y 15 Kg de capacidad", suscripto entre la Secretaria de Energía de la Nación, la estatal Energía Argentina S.A. (Enarsa), las Empresas Productoras de Gas Licuado Petróleo (GLP), las Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado Asociación Civil (CADIGAS), la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), la Cámara Argentina de Empresas Fraccionadoras de Gas Licuado de Petróleo (CAFRAGAS), la Agrupación de Fraccionadores de Gas Licuado (A. F. GAS), la Cámara Argentina de Comercializadoras de Gas (CADECO), la Federación Argentina de Municipios (FAM), y ENARSA en su carácter de comercializadora, fue prorrogado en varias oportunidades, siendo el más recientemente a través de la Quinta Addenda al Acuerdo, firmada el 29 de abril de 2014, que establece que el mismo se mantendría vigente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, todos los años nos encontramos con el mismo escenario, que no hace más que constatar que dicha estrategia ha resultado ser hasta aquí, como mínimo, un rotundo fracaso: la garrafa social resulta sumamente difícil de conseguir debido, principalmente, a la persistencia del faltante de garrafas en la mayoría de las provincias, sumado a que los puntos de ventas son muy escasos y muchos de éstos se encuentran alejados de los barrios que no cuentan con tendido de red de gas natural, y la gran especulación ante la escasez, con subas injustificadas (y podríamos agregar, desorbitantes) de precios. Los 600 puntos de venta en el país, que representan menos del 1% del total de los comercios habilitados para la venta (cerca de 100.000), tienen una salida menor a las 100.000 unidades por mes, siendo que hay aproximadamente 5 millones de hogares usuarios de garrafas y la mayoría son de escasos recursos. Por tomar un ejemplo, en la ciudad de La Plata, con casi 700 mil habitantes, existen tan sólo tres puestos de expendio; en la ciudad de Paraná, con más de 270 mil habitantes, sólo 5; mientras que en toda la provincia de Misiones, con más de 1 millón 174 mil habitantes, se encuentran habilitados tan sólo 34.

Otro aspecto a destacar son las enormes dificultades que implican las grandes distancias para que los consumidores puedan acceder a las mismas. Hay que tener en cuenta que el uso de medios de transporte público como el colectivo se encuentra prohibido, siendo otros medios alternativos como taxis o remises muy caros. O en el caso de las bicicletas y motos, de alto riesgo, lo que significa que muchos usuarios deban trasladarse a pie y cargando las pesadas garrafas a lo largo de grandes distancias.

A esto debemos agregar la constatación en la práctica, en abierto incumplimiento de lo que dicen las diferentes normas que regulan el precio de venta, del aumento descontrolado del precio del gas envasado. La Defensoría del Pueblo Nacional ha denunciado en numerosas oportunidades los excesos en el precio de comercialización del gas en garrafas, así como de la denominada garrafa económica subsidiada por el Gobierno. Las asociaciones de usuarios y consumidores vienen desde hace años sistemáticamente denunciando que, autorizada a venderse a 16 pesos, la garrafa de 10 kg. se vende a un precio muy superior, llegando incluso a venderse a 70 pesos. Esta situación ha sido incluso reconocida por organismos oficiales. Por ejemplo, la Dirección de Seguimiento de Precios de Entre Ríos constató, al realizar un relevamiento de precios en Paraná en diciembre de 2010, que las garrafas de 10 kg. costaban entre 23 y 27 pesos.

Si tomamos un promedio de 25 pesos constatamos que, desde el mes de diciembre de 2001 a junio de 2014, el precio de las garrafas de 10 kg. se vio incrementado en un 250% ($10 diciembre 2001/ $25 junio 2014), y si elevamos ese número a 70 pesos el aumento es del 700%. Esto significa que los usuarios que se ven obligados a consumir garrafas, aquellos que habitan generalmente en las zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales, zonas urbanas marginales y todas aquellas áreas y/o provincias que no tienen acceso alguno a la red de gas natural, pagan varias veces más por el mismo poder calórico que los consumidores de gas natural.

Otro elemento que hemos podido comprobar es la necesidad, para los años venideros, que se plantee un adelantamiento en los plazos de entrega de los cupones, ya que las familias pueden acceder a las garrafas subsidiadas recién a fines de junio, y las temperaturas bajas se hacen sentir mucho antes de esa fecha.

Por otra parte el Art. 20 de la Resolución 7 del año 2002, sobre exhibición de precios, reglamentaria de la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial, establece que "Quienes comercialicen directamente al público gas licuado de petróleo en envases de cualquier capacidad deberán exhibir, mediante carteles ubicados en el interior de los comercios, en forma destacada y visible, los precios del mismo según las capacidades de los envases que comercializan". La ausencia de los mismos ha sido una constante en las inspecciones realizadas por organismos de defensa del consumidor a distintos locales de venta al público.

Todos los problemas hasta aquí enumerados se repiten año a año, volviéndose más acuciante la situación de los consumidores de gas envasado durante el período invernal. Resulta evidente que la demanda del gas envasado es en su gran mayoría estacional (por supuesto no lo es exclusivamente, considerando que existen enormes sectores de la población que no tienen acceso a la provisión de gas por red), el problema es que la discusión de las soluciones de fondo también lo sea. El debate en la Argentina sobre los problemas energéticos reaparece sólo en ciertos momentos del año (en invierno cuando las temperaturas son más bajas, y en verano cuando hace demasiado calor y el sistema colapsa), pero poco se hace para solucionar los problemas estructurales y de fondo. Entre tanta inacción, que no hace más que expresar una complicidad manifiesta en el mantenimiento y profundización de un modelo energético de matriz neoliberal que ha evidenciado a todas luces su fracaso, se destaca lo poco que se hace por sumar más usuarios al sistema de gas natural por redes a través de grandes obras de infraestructura.

No podemos ser más enfáticos en este punto: son los sectores de menores ingresos los que más sufren la falta de cobertura del servicio de gas. Estudios del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la Universidad de El Salvador consignan que para enero de 2005 el 39% de los hogares del país carecía de provisión de gas natural por redes, y que alrededor del 80% de los mismos consume gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de 10 kg., y el 20% restante quema plásticos, residuos vegetales o animales, leña, etc. La misma fuente concluye que para fines de 2004, el gasto familiar de las garrafas de 10 kg. en hogares de bajos ingresos representaba, dependiendo de la región del país que se analice, entre el 50% y 60% sobre el gasto total de los servicios públicos elementales. Debemos considerar al respecto que una familia tipo consume dos garrafas por mes, si la usa sólo para cocinar. Si no utiliza termotanque ni estufas eléctricas (y entonces emplea gas licuado para la higiene y la calefacción de la casa), puede llegar a consumir entre tres o cuatro, siempre durante el invierno.

Esto que venimos someramente describiendo resulta en muchos casos en la disminución de comidas cocidas y su reemplazo por preparación de comidas frías o sin cocción, la disminución de la calefacción con gas de garrafa, para ser reemplazado a leña u otros materiales inflamables, dado que estos hogares en general no tienen cableado para soportar un radiador eléctrico, o simplemente la no calefacción de partes de la casa o del total. Entre las consecuencias de mayor gravedad se encuentran los problemas que esta situación trae aparejados en los niños y ancianos que componen el grupo familiar, en quienes la falta de alimentación y calefacción adecuada genera daños físicos y psíquicos en la mayor parte irremediables, con consecuencias de problemas sanitarios de gravedad.

Todo lo anterior es resultado y consecuencia directa de la desregulación neoliberal del sector, que dejo de considerar la comercialización de garrafas como un "servicio público", para definirla "de interés público", dejando así a criterio del mercado la formación de precios. El negocio de la garrafa queda evidenciado de esta manera como un claro ejemplo de cómo lucrar con los pobres. Pero debemos ser claros: la mayor responsabilidad corresponde al Estado Nacional, el cual, teniendo las herramientas para evitar esta situación, no hace nada al respecto.

El ingeniero químico rionegrino, Raúl E. Ortiz, describe en el Boletín Nº 225 del Grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) como en 1992 se sancionó la ley 24.076 de privatización de Gas del Estado, dejando sin regular el gas licuado en todas sus formas de empleo. Seis años después, prosigue Ortiz, las cooperativas del sector fraccionador de GLP, agrupadas en CADEGAS (Cooperativa Argentina de Provisión de Gas Licuado), elaboraron un proyecto de Ley Marco Regulatorio que fue sancionado como Ley Nº 26.020 en marzo de 2005. Con esto se logró garantizar "la libertad de comercio y otras reivindicaciones propuestas por el sector cooperativo", pero no se pudo declarar a la actividad como un Servicio Público, "frente a la tesis gubernamental (de la Secretaría de Energía) y los propietarios del oligopolio, de que quedara como una 'actividad de interés público'".

En el negocio del GLP hay tres sectores empresarios claramente diferenciados: los "productores" (un eufemismo para decir extractores), algunos de los cuales -como YPF S.A.- "producen" el gas, lo fraccionan, lo envasan y lo distribuyen, abarcando todo el circuito del negocio; las fraccionadoras -empresas que compran el gas, lo fraccionan, envasan y distribuyen, obviamente con una rentabilidad menor a las del primer tipo-; y, con el menor margen de rentabilidad, aquellas que solamente distribuyen.

A los efectos de conocer y analizar si los precios de venta de las garrafas es el adecuado, hace falta conocer los costos fijos, variables e impositivos de la extracción, fraccionamiento y envasado, y distribución de gas licuado de petróleo, considerando asimismo un razonable margen de rentabilidad para las empresas. De las cifras que distintos especialistas en la materia han cotejado en los últimos tiempos se desprende que estos márgenes de ganancia empresarial han distado mucho de esa supuesta razonabilidad a la que hacíamos referencia. En efecto, los estudios realizados por la Universidad de El Salvador que previamente citamos estimaban entre el 450% y el 600% la diferencia entre el costo de producción de cada garrafa y el precio en que llega al consumidor final. IDICSO-USAL ha estimado, a partir de datos presentados por la Secretaría de Energía de la Nación, en $4 el costo de producción de la garrafa de 10 kg. Sin embargo el precio de venta de la garrafa de 10 kg. resulta, como ya dijimos, varias veces mayor.

Pongámosle números a esta situación. Ricardo Andrés De Dicco, también del Grupo MORENO, señala que la ganancia internalizada por los agentes económicos que operan en el mercado del GLP ha sido, entre los años 1998 y 2005, superior a los U$S 5.300 millones. Quizá una forma de empezar a redistribuir en serio la riqueza, si es que esa es la real intención del gobierno nacional, sea romper con esta lógica de formación abusiva de precios que se ensaña con los que menos tienen.

En vista de lo expuesto hasta aquí, y atendiendo a los reclamos formulados por usuarios que encuentran que la denominada garrafa económica subsidiada por el Estado Nacional es en la práctica poco accesible debido al sistemático faltante de garrafas en la mayoría de las provincias, la escasa cantidad de puestos de venta de la misma existentes, siendo que además muchos de éstos se encuentran alejados de los barrios que no cuentan con tendido de red de gas natural, los elevados precios de venta y envío, y la gran especulación ante la escasez, con subas injustificadas de precios, es que solicitamos al Poder Ejecutivo disponga con suma urgencia la ampliación de sus cupos y puntos de venta y distribución, verificando de manera concreta el cumplimiento de la venta según precios de referencia y topes máximos establecidos, determinando los valores de referencia para el costo del flete, y priorizando los cupos destinados al abastecimiento de usuarios de las provincias y municipios que carecen de acceso a redes de gas natural.

Asimismo solicitamos que intensifique los controles a fin de garantizar el estado de conservación y mantenimiento de los envases en circulación de gas licuado de petróleo, así como también la habilitación y seguridad de instalaciones afectadas a la operación de este producto, con el objeto de preservar la integridad física de los usuarios y sus bienes.

Hasta que dicho desabastecimiento se revierta, se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos correspondientes, proceda a restringir, limitar o suspender las exportaciones de GLP, a efectos de garantizar el abastecimiento del mercado interno, la normalización de la cadena de comercialización y el acceso a dicho bien a precios justos y razonables, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7° y 35° de la Ley 26.020 -Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo

Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a las Sras. Diputadas y Sres. Diputados acompañen en la sanción del presente Proyecto de Resolución.-