El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°. Modifícase el artículo 3° de la ley 26734, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 3º. Incorpórese al Libro Primero, Título V, como artículo 41 quinquies del Código Penal, el siguiente texto:

Artículo 41°Quinquies. Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten estén vinculados con reclamos de organizaciones sindicales o sociales, que se traten o tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Resulta imprescindible modificar la ley 26.734, conocida bajo el nombre de Ley Antiterrorista.

Esto por cuanto, dicha normativa plantea un agravamiento general de todos los tipos penales, cuando estos se cometan con la finalidad de, entre otras cosas, obligar a las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (art. 41 quinques del Código Penal).

Este agravamiento genérico, además de estar en contra del principio de legalidad consagrado por nuestra Constitución Nacional, abre una puerta clara a la criminalización de la protesta social debido a que aquél agravamiento puede utilizarse en un esquema represivo, en contra del legítimo derecho de huelga que poseen las organizaciones sindicales o en contra de cualquier manifestación reivindicativa de derechos populares.

Consideramos que la aclaración que hace el mismo artículo -respecto de que la agravante general prevista no será aplicado cuando las conductas se realicen en ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional-; no resulta suficiente, por cuanto deja abierta a la interpretación judicial el encuadramiento de la conducta, siendo que resultan conocidas las posturas represivas comunes a casi toda la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y también la Justicia Federal.

Por el contrario nos parece necesario detallar con precisión las conductas que deben quedar fuera del alcance de la Ley Antiterrorista, correspondiendo aclarar que un derecho no consagrado explícitamente en la Constitución Nacional, como lo es el derecho a huelga, no puede ser alcanzado por la agravante genérica que venimos analizando.

Por eso ésta Cámara de Diputados debe rechazar toda normativa que implique criminalizar la protesta y fomentar políticas y proyectos que tiendan a terminar con ésta práctica tan arraigada en el Poder Judicial y tan bien utilizada por el sector político.

Debemos agregar que son múltiples los casos de criminalización de la protesta que existen en Argentina.

Sirve como ejemplo, la avanzada que lleva adelante la Justicia Penal en contra de los responsables del Sindicato de Choferes de la República Argentina.

Como un hito fundamental en este camino, podemos mencionar la injustificada denuncia formulada por el Ministro del Interior y Transporte, el Dr. Florencio Randazzo, quien en el mes de junio del año dos mil doce, acusó ante la Justicia penal al Secretario General de la Confederación General de Trabajo, Hugo Moyano y a Pablo Moyano, Secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, por los delitos de amenazas y amenazas agravadas por tener como objeto la obtención por la fuerza de una medida o concesión por parte del poder Ejecutivo, como consecuencia de un paro realizado por los empleados

Recordemos que los delitos por los cuales fue presentada la denuncia se encuentran tipificados en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal y tienen penas que incluyen la privación de la libertad ambulatoria y que en el marco de la ley antiterrorista, dichas conductas, podrían verse agravadas por el nuevo artículo 41 quinques del Código Penal, en caso de que el Juez de la causa considere, como lo hace el Gobierno Nacional, la ilegítimo el derecho a huelga.

Por todas estas razones considero que la legislación que fuera aprobada, de no ser reformada, posibilita mayores niveles de represión y criminalización de protestas sociales, atentando de ésta forma contra los derechos y libertades individuales.

Por ello solicito a los señores y las señoras legisladores que nos acompañen con su voto.