El Senado y Cámara de Diputados...

ARTÍCULO 1º.- Incorporase como artículo 155 bis del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:

ARTICULO 155 bis - Será reprimido con prisión de tres meses a un año y multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000) el que ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio, imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona sin su consentimiento, obtenidas en el domicilio o en cualquier otro lugar dentro del ámbito de su intimidad, dedicadas a actividades sexuales o toda representación de sus partes genitales, no destinada a ser difundida.

La pena se incrementará en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima sea el contrayente, ex contrayente, conviviente, ex conviviente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

La iniciativa que se somete a consideración tiene su anclaje constitucional en el art. 19 de nuestra Norma Fundamental. Dicha disposición determina un amplio campo de protección de la intimidad de las personas frente a injerencias del poder estatal o terceros particulares. Ese campo de protección supone una de las normas más importantes de nuestra Constitución por cuanto la misma posee una gran cantidad de proyecciones en diversas ramas de nuestro ordenamiento. Por citar dos ejemplos relativos a la temática, que motiva el presente proyecto de ley, cabe mencionar la protección en el ámbito del derecho civil vinculados a la imagen personal y en el ámbito del derecho penal en la protección por medio de diversas figuras penales destinadas a garantizar la tutela del bien jurídico de la privacidad en el Titulo V - Capítulo III, del actual Código Penal.

Estas técnicas de protección tienen su raíz constitucional en el art. 19, ya citado. La Corte Suprema, al momento de interpretar determinando el sentido y alcance de la norma ha afirmado que "protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas; la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ella y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen." (caso Ponzetti de Balbín, Indalia c. Editorial Atlántida, S. A. del 11/12/1984, considerando 8).

De la cita extraída del citado fallo puede observarse la generosa interpretación que la Corte ha formulado del derecho a la privacidad. A partir de esta concepción amplia del derecho de referencia es que proponemos regular como delito la divulgación indebida de imágenes o grabaciones audiovisuales de una persona que, a pesar de haber sido obtenidas con su anuencia en el ámbito de su intimidad, son divulgadas sin su consentimiento.

Los supuestos a los que ahora se ofrece respuesta son aquellos en los que las imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son luego divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya producido en un ámbito personal y su difusión sin el consentimiento de la persona afectada lesione gravemente su intimidad.

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos interpela a reforzar la protección del derecho a la intimidad, a través de normas que nos permitan organizarnos como sociedad respetando la privacidad de las personas. Dicha situación nos obliga, como legisladores, a atender con especial atención la protección de la intimidad, que se encuentra en un constante ataque desde plataformas cibernéticas.

En definitiva, lo que se pretende penar es la divulgación sin autorización de imágenes que afecten la intimidad de las personas. Este proyecto cuenta como antecedente con el ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, que ha presentado el Gobierno español al parlamento, para su tratamiento, en el marco de una reforma integral.

Metodológicamente, se pretende su incorporación como artículo agregado en el del Título VI Capítulo III -Violación de Secretos y de la Privacidad- , toda vez que el bien jurídico protegido es la privacidad de las personas. Se trata de un delito cuyo sujeto activo será aquel que obtuvo las imágenes o grabaciones audiovisuales difundidas con el consentimiento de la víctima.

Vale recordar que el Proyecto de Reforma del Código Civil ha dedicado una serie de normas (1) destinadas a proteger los derechos a la intimidad personal o familiar -derechos de la personalidad-, específicamente en lo que aquí respecta, a la imagen, tutelando adecuadamente la necesidad del consentimiento para la reproducción de las imágenes que se capten y que puedan provocar un menoscabo en la dignidad de las personas. Allí se señala que el daño sufrido por la divulgación indebida de dichas imágenes podrá ser resarcido a través del sistema de responsabilidad civil. En otras palabras: en la parte dispositiva del presente proyecto se requiere el consentimiento en dos momentos, para la captura de las imágenes y luego para la divulgación. Si el consentimiento está ausente en esta segunda etapa entra en el ámbito de protección que plantea el tipo penal y su correspondiente aplicación, dado que la ausencia de consentimiento en esa segunda etapa implica una suerte de violación del primer consentimiento, otorgado únicamente para la captura de las imágenes, no para su divulgación.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.