El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1: Derógase el artículo 4º del Decreto 2.284 de 1991 ratificado por la ley 24.307.

Art. 2: Ratifìcanse por la presente las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo Nacional por la ley 20.680.

Art. 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional

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Señor presidente:

El crecimiento económico sostenido que vive la Argentina en estos años genera frecuentes cambios en los precios relativos de bienes de distintas ramas y factores de la producción. Tales fluctuaciones, en algunos casos muy marcadas, generan la posibilidad de obtener ganancias a través de la especulación.

Esta especulación que llevan adelante ciertos agentes económicos en distintas etapas de la comercialización se posibilita gracias al aprovechamiento de posiciones de oligopolio o monopolio generadas por la alta concentración de los mercados.

Este tipo de prácticas ponen en peligro el abastecimiento directo e indirecto de las necesidades comunes, corrientes y básicas de la población. Asimismo, amenaza el proceso de crecimiento en la medida en que genera cuellos de botella y rigideces en la oferta de bienes intermedios necesarios en la actividad de los distintos sectores productores de bienes y servicios finales.

En tales situaciones corresponde que el Poder Ejecutivo cuente con las herramientas necesarias en materia de regulación económica que permitan corregir estas fallas de mercado que el liberalismo económico no puede corregir y cuyos efectos perjudiciales afectan fuertemente a los trabajadores y sus familias.

La ley de abastecimiento 20.680 otorgaba al Estado la capacidad de defender a la población en tales circunstancias. Sin embargo, a partir de la década del 90 y mediante el proceso de desregulación económica se suspendieron los alcances de la ley. Las reformas de esos años apuntaban a despojar al Estado de todo rol en el proceso de desarrollo nacional y a ceder el control de la vida económica del país a la libertad de los mercados. Sin embargo, la realidad nos ha mostrado cabalmente que dicho control pasó a depender de grupos empresarios concentrados que operaron con prescindencia de las más mínimas reglas de juego.

Los mercados han mostrado ser absolutamente inútiles para posibilitar la satisfacción de los derechos sociales de la población. Pero esa ineficacia se ha visto agravada por el proceso de concentración de la producción y la comercialización producido en la última década del siglo pasado.

Por todo lo antes mencionado, resulta necesario reestablecer las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo mediante la ley 20.680 y suspendidas por el decreto 2.284 de 1991 ratificado por la ley 24.307.

Bajo el convencimiento de que esta política contribuirá significativamente a un desarrollo nacional sustentable solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.