El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1.- Dispónese el retiro de todas las dependencias oficiales del país de aquellos retratos, fotografías, bustos o plaquetas dedicados a recordar a cualquier funcionario que se haya desempeñado al servicio del régimen militar establecido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Artículo 2.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe toda forma de homenaje a los funcionarios actuantes en el período citado en el Artículo 1 de la presente ley.

Artículo 3.- De forma.

Señor presidente:

El presente proyecto es reproducción del Expediente Nº 1118-D-08.

Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 el país vivió los años más oscuros de su historia reciente. Fue cuando el terrorismo de Estado acabó con la democracia, desapareció a miles de personas, asesinó, torturó y obligó a legiones de compatriotas a emprender el camino del exilio. Fue cuando la barbarie arrasó con todos los derechos y con todas las libertades.

Todos sabemos quiénes fueron los responsables, pero ellos siguen viviendo entre nosotros, libres y muchas veces con el reconocimiento del propio Estado a "los servicios prestados".

La sociedad ya los juzgó. Sin embargo, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial aún no han revisado el paquete de leyes, decretos y disposiciones que les permiten mantenerse impunes. Son criminales de lesa humanidad o cómplices de estos últimos y así se los conoce en el mundo.

Vayamos a un ejemplo. Así como los óleos de Videla y Bignone se lucían en la galería del Colegio Militar hasta que el Presidente Néstor Kirchner ordenó retirarlos, los retratos de los generales Horacio Tomás Liendo y Llamil Reston, del brigadier Julio Porcile y de Héctor Villaveirán siguen exhibidos en la galería del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

Los trabajadores que, en democracia, deben acudir allí para defender sus derechos, encuentran en un sitio preferencial las fotografías que rinden homenaje a los cuatro ministros que sirvieron a la dictadura, pisotearon la legislación sindical y laboral y fueron entregadores o cómplices de la desaparición o el asesinato de miles de sus mejores compañeros. Liendo entre el 24 de marzo de 1976 y el 8 de febrero de 1979, Reston entre el 8 de febrero de 1979 y el 28 de marzo de 1981, Porcile entre el 29 de marzo de 1981 y el 17 de junio de 1982, Villaveirán entre el 17 de junio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983.

A nadie escapa lo ocurrido en esos años. Es necesario seguir ejercitando la memoria. Sigamos haciéndolo en base al mismo ejemplo. El informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) dice que de los miles de detenidos-desaparecidos durante esos años, el 30,2% son obreros, el 17,9% son empleados y del 21% de estudiantes 1 de cada 3 trabajaba. Quiere decir que el 55,1% de los detenidos- desaparecidos son trabajadores (Nunca Más, p. 375).

La filosofía de esta política de exterminio quedó explicitada en la normativa dictada por la dictadura. En el punto 2 del Decreto Secreto 504/77 se lee: "El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral (...) a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas...".

Hoy sabemos qué se quería decir cuando se decía "agitación" o "acción insurreccional". Era el pretexto para desaparecer personas, para asesinar. El general Horacio Tomás Liendo lo explicaba así: "Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril para combatirla y destruirla (...). El gobierno y las Fuerzas Armadas han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos" (La Nación, 12 de noviembre de 1977).

Destruir, aniquilar, ése era el objetivo.

Sobran las pruebas, Señor Presidente. Entre los miles de trabajadores que cuya desaparición o asesinato se encuentra documentada, se cuenta la de 8 delegados sindicales del Astillero Mestrino; 4 delegados y 60 trabajadores del Astillero Astarsa; el secretario general del SMATA- Córdoba, René Salamanca; el secretario general de Luz y Fuerza-Capital Federal, Oscar Smith; la casi totalidad del cuerpo de delegados de la empresa Ford Motor de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires (Nunca Más, pp. 376 y siguientes).

Con estos antecedentes, sólo con éstos, elegidos al azar, ¿es posible, Señor Presidente, que los retratos de los generales Liendo y Reston, del brigadier Porcile, de Villaveirán, sigan exhibidos la galería del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?

La respuesta es categóricamente no, y es válida para todos los funcionarios que sirvieron a la dictadura. Dijimos, Señor Presidente, que iríamos de lo particular a lo general, citando lo observado en un caso: el del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pero durante esos años ocurrió lo mismo en todos los ámbitos oficiales y así es que, al día de hoy, Ministerios, Secretarías de Estado, Subsecretarías, organismos estatales descentralizados, etc., tanto a nivel nacional como provincial o municipal, continúan exhibiendo en sus paredes los retratos de quienes ocuparon cargos en dichas dependencias durante la última dictadura militar.

Todos los funcionarios, sin excepción alguna, que se desempeñaron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 fueron penal o moralmente responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos a esta Cámara de Diputados de la Nación la aprobación del presente Proyecto de Ley