El Senado y Cámara de Diputados...

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina sanciona con fuerza de Ley:

Articulo 1º- Créase en todo el territorio de la República Argentina el medio boleto para estudiantes y docentes de enseñanza terciaria y universitaria, que asisten a instituciones y/o Universidades Nacionales.

Articulo 2º- El valor del medio boleto será del cincuenta por ciento (50 %), del valor nominal de la tarifa vigente para los servicios de transporte terrestre de pasajeros de corta, media y larga distancia en sus modalidades urbanas, suburbanas, interurbanas y de jurisdicción nacional.

Articulo 3º- Deberán ajustarse a lo dispuesto en la presente las empresas de transporte automotor y/o ferroviario de jurisdicción nacional, en sus modalidades mencionadas en el art. 2º.

Articulo 4º- Para acceder al medio boleto, los beneficiarios deberán acreditar su condición mediante la presentación de la correspondiente libreta universitaria o un certificado de alumno regular actualizado para aquellos niveles o carreras en las que no exista la libreta. Los docentes deberán presentar un certificado expedido por la institución en la que se desempeñan.

Articulo 5º- Se invita a las jurisdicciones provinciales y municipales, a dictar normas por las cuales se incorpore el beneficio creado por la presente.

Articulo 6º- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. dentro del plazo de sesenta (60) días de su publicación, el cual a su vez de conformidad con las normas vigentes, podrá delegar en los ministerios y subsidiariamente en secretarías ministeriales y subsecretarías, la facultad de reglamentar aspectos operativos y funcionales vinculados a la aplicación de la misma.

Articulo 7º- La presente ley entrará en vigencia a partir de la publicación de su reglamentación en el Boletín Oficial.

Articulo 8º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El presente proyecto intenta compendiar innumerables iniciativas que en este sentido han planteado diputados del bloque UCR. Considerandolo oportuno y en la esperanza de concretar en este año un instrumento integrador para la juventud como el que se presenta.

El profundo proceso de transformación social de las últimas décadas generó nuevas formas de organización social, económica y política, que modificaron y reconfiguraron profundamente los modos de constitución de las identidades individuales y colectivas. En ese contexto, la disputa por el acceso a las instancias a través de las cuales se producen y se distribuyen el conocimiento y los valores culturales adquirió una centralidad inusitada entre los conflictos que definen las orientaciones de los procesos sociales.

En ese contexto, la definición de políticas educativas que garanticen a todos una educación de muy buena calidad asume hoy, para el estado nacional, una importancia crucial. El acceso ciudadano a una educación de este tipo es una condición necesaria para cualquier estrategia de integración social, de participación política, de ingreso al mercado de trabajo y de desarrollo de las competencias básicas que permitan a cada uno la construcción de sus opciones de vida. Brindar las condiciones que otorguen un piso de igualdad de oportunidades de acceso a la educación superior es un deber indelegable -e impostergable- del estado nacional.

La situación social en la Argentina durante la década de los noventa presentó una característica central que redefinió en forma decisiva la estructura social del país: el problema agudo en el mercado de trabajo traducido en un desempleo alto y sostenido durante todo el periodo. Este problema generó nuevas formas de pobreza que agudizaron los niveles de vulnerabilidad social y presentaron dos características centrales: la desintegración material, que implica no poder acceder a bienes y servicios de consumo y, la desintegración simbólica, que no permite, a las familias afectadas ser partícipes, ni compartir el proceso de gestación y asimilación de los valores sociales.

En aquellos hogares donde se registró la pérdida del puesto de trabajo del principal sostén económico del núcleo familiar, se combinaron esos dos elementos -la desintegración material y la simbólica- presentando dificultades para la reproducción de su vida cotidiana y la ruptura del sentimiento de pertenencia a la sociedad. De esta manera, el proceso de exclusión social por el que atravesaron estos hogares no quedó reducido sólo a la faz económica, a necesidades insatisfechas y ausencia de ingreso, sino a una situación más compleja abarcando la pérdida en otras dimensiones tales como la de los derechos a la educación, la salud y a la participación política y cultural.

Con ese antecedente y frente a la vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos frente a la crisis que hoy nos afecta es que debemos asegurar la integración educativa de la juventud dado que estamos ante la paradoja de que, en un mundo con cada vez más oportunidades, los jóvenes cada vez tienen menos acceso a ellas.

Un informe del año 2005 elaborado conjuntamente por la Organización Iberoamericana de Juventud y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, confirma la descripción anterior sobre nuestro país. "La pobreza juvenil aumentó en cinco países, siendo particularmente preocupante lo sucedido con la Argentina y con Venezuela, que presentaron un importante incremento en la incidencia de los jóvenes pobres", sostiene el trabajo. Dicho informe también revela que, entre los 17 países iberoamericanos evaluados, únicamente en la Argentina y en Panamá la pobreza encabeza el trío de principales problemas que enfrentan los jóvenes, seguida por la exclusión, el desempleo, la deserción en la educación secundaria y universitaria y el embarazo adolescente.

Esta realidad tiene su correlato también al interior del sistema educativo, incluso entre los jóvenes que teóricamente se encuentran por encima de la línea de la pobreza y actualmente acceden a la educación universitaria, donde varias instituciones universitarias detectaron entre sus alumnos problemas vinculados a la pobreza e implementaron medidas tendientes a compensarlos, pero que resultan a todas luces insuficientes.

La matrícula estudiantil de las universidades nacionales revela que, a medida que pasan los años, se profundizan dos realidades: por un lado, crece el número de estudiantes inscriptos; paralelamente, son cada vez menos los estudiantes oriundos de los pueblos y ciudades del interior de las provincias. Esto revela un fuerte vínculo entre la oportunidad de estudiar y el lugar de residencia de los aspirantes a hacerlo.

La creciente deserción estudiantil es un tema preocupante para la educación superior, y el hecho que la mayor deserción se registre entre estudiantes residentes en localidades donde no se dictan las clases, otorga a las dificultades provocadas por el costo de traslado un lugar importante entre los factores que originan la deserción. Además, resulta evidente que, aún en los casos que no desertan, provoca que muchos diluyan el contacto con su localidad de origen, vuelvan muy poco como estudiantes y pierdan interés como profesionales en ejercer y aplicar sus conocimientos en la comunidad donde nacieron y se criaron. Esta realidad que se repite en todas las regiones y provincias del país, acentuando los desequilibrios demográficos y perjudicando a las comunas y municipios del interior que necesitan de sus jóvenes capacitados apostando a un proyecto de desarrollo local.

Por tanto, resulta de vital importancia impulsar políticas que mejoren las condiciones de acceso a la educación superior de los jóvenes del interior del país e impedir que se fracture el contacto con sus localidades de origen. Muchas familias que solventan los gastos de sus hijos en la educación superior ya no pueden concretar ese objetivo en las mismas condiciones en que lo hacían en los últimos años, lo cuál obliga a tratar de garantizar mejores condiciones de acceso al conocimiento para aquellos que por alejamiento geográfico o limitaciones económicas actualmente no pueden acceder al mismo.

En reiteradas oportunidades se pretendió reducir la problemática del medio boleto para estudiantes universitarios y terciarios a una cuestión de contabilidad empresarial, omitiendo deliberadamente que el estado nacional subsidia al transporte de pasajeros a través del precio del gas oil y que la educación es herramienta más eficaz para alcanzar una sociedad con una permanente movilidad social ascendente, combatir las desigualdades sociales y contribuir al desarrollo de los hombres.

La educación representa una de las mayores inversiones de toda comunidad que aspire a su progreso económico, social y cultural, y de esa manera lo entienden los países económicamente más desarrollados y socialmente más igualitarios del mundo. Que nosotros lo comprendamos y asumamos así, implica que nos comprometamos a democratizar las condiciones de acceso a la misma. En ese sentido, el actual proyecto no constituye la solución a la problemática de la exclusión social ni la deserción educativa, pero sin duda alguna, constituye un paso adelante que le facilitará el acceso a la universidad pública y su permanencia en la misma a miles de estudiantes de todo el interior del país.

Asimismo, la problemática docente destaca a todas luces las dificultades de cumplir adecuadamente con la tarea de enseñar en tanto los salarios no alcanzan a cubrir en la mayoría del sistema educativo las necesidades básicas. Siendo esta, la principal causa de deterioro de la formación docente y una barrera indiscutida para el completo desarrollo de tal tarea. Muchos docentes en nuestro país, obligados por la realidad económica, deben apelar a otros y múltiples empleos intrasistema así como también fuera de él a los efectos de suplir deficitaria política salarial. En ese contexto, incorporar en los beneficiarios del nuevo sistema a todos los docentes que cumplan funciones en las casas de estudio del estado es una medida indispensable para mejorar indirectamente el salario real de los mismos.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.