La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología pusiera a disposición de esta Honorable Cámara de Diputados y de la comunidad en general, los datos relevados por provincia y los análisis interpretativos que sobre ellos se hayan realizado, en relación con las oportunidades educativas de las personas con discapacidad, tal como fueran relevados en la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad y en los Relevamientos Anuales de Matrícula y Cargos, como un elemento central de referencia para el cumplimiento de los compromisos nacional y provinciales derivados del artículo 2º, inciso b) de la ley 26075, que establece el incremento de la Inversión Educativa con metas de inclusión educativa total de las personas con discapacidad.

Señor presidente:

La Ley 26075 de Incremento de la Inversión Educativa, impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y sancionada por el Congreso de la Nación el 21 de diciembre de 2005, establece en su artículo 2º las metas cuyo cumplimiento se posibilita a partir de esta asignación preferencial de recursos financieros. El inicio del ciclo lectivo 2006 ha evidenciado la voluntad política de los gobiernos provinciales de dar cumplimiento a esta Ley, así como también tiene su correlato en el Presupuesto Nacional para el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología aprobado para el corriente año.

Esas metas plantean desafíos exigentes al conjunto de la dirigencia argentina, a los funcionarios del ámbito educativo y a los especialistas en educación. Deseo destacar la complejidad y relevancia de una de estas metas, la de garantizar la inclusión escolar de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Esta inclusión escolar requiere de renovadas y adecuadas articulaciones entre la educación común y la educación especial, que con flexibilidad y profesionalidad atiendan con eficacia las muy variadas necesidades y capacidades de esta población. Por definición se trata de una oferta educativa que implica una inversión por alumno superior al promedio, en algunos casos muy superior, y es una responsabilidad del Estado garantizar la oferta allí donde la población requiera ser atendida. Por lo tanto, en las previsiones plurianuales de inversión y de acciones para el cumplimiento de esta Ley, el desarrollo de propuestas de calidad formales para la atención de las necesidades educativas de la población con necesidades educativas especiales debe ser muy especialmente atendido y protegido.

Es imprescindible, por lo tanto, analizar cuidadosamente la situación actual de dichas oportunidades educativas, tanto las que se brinden en la educación común como en la educación especial, cuanto en las diversas formas de articulación. Esto permitirá dimensionar las metas progresivas para resolver las situaciones pendientes.

De acuerdo a los datos provistos por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa como organismo cabecera de la Red Federal de Información Educativa, en el año 2004 había 78.538 alumnos matriculados en servicios de educación especial, y otros 26.064 fueron informados como participantes en espacios de integración en la educación común.

Por otra parte, se cuenta con la información proveniente de la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, complementaria del Censo Nacional de Población 2001, implementada en cumplimiento de la Ley 25211. Esta es una Encuesta representativa con marco muestral que representa a la población que habita en núcleos de 5.000 y más habitantes.

Los cuestionarios indagaron en profundidad sobre las siguientes dimensiones: Identificación de las personas con discapacidad, y caracterización del tipo de discapacidad (motora, sensorial, de desarrollo o mental; así como a los enfermos crónicos con situaciones invalidantes); características habitacionales del hogar, y eventuales adaptaciones para la vida cotidiana del discapacitado; causas de discapacidad; Tipo de asistencia médica; Percepción de beneficios previsionales, asistenciales o de asignación familiar; Necesidades de atención adicional y específica, puntual o contínua; y acceso a dicha atención, y sostenedor financiero de dicha atención; Acreditación (certificación) de discapacidad; Acceso y permanencia en servicios educativos; Niveles de autovalimiento ; Estado civil y convivencialidad; Condición de ocupación y Fertilidad.

Conforme esta encuesta, que no tiene representatividad para la población rural o de pequeñas ciudades, hay 203.643 personas de 5 a 14 años con algún tipo de discapacidad, sobre 5.722.347 personas de ese tramo de edad, mostrando una prevalencia de 3.6%; y una proporción similar se registra para el tramo de 15 a 19 años. Por su parte, y ya referido a la totalidad de la población de tres y más años de edad, a través de esta encuesta se informa una asistencia a educación especial de 94.172 niños y a educación común de 230.352. Casi la mitad de los que informaron asistir a educación común, manifiestan que necesitan ayuda para la integración pero que no reciben tal apoyo.

Por lo tanto, como un paso inicial pero concreto para cumplir con los compromisos que se asumieron en relación con las oportunidades educativas de esta población, y con las posibilidades que se abren a partir de la Ley de incremento de la inversión educativa, se impone un análisis integrado y minucioso de toda la información relevada, que se encuentra en los organismos responsables en cada área.

Por todas estas razones, solicito de mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.