La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Educación de la Nación informe:

1. Si está en conocimiento de las autoridades correspondientes, la existencia de los convenios suscriptos por la Universidad Nacional de Rio Cuarto, la Universidad Nacional de Villa María, la Fundación Universidad Nacional de Villa María y las Municipalidades de Villa María y de Villa Nueva y de Marcos Juárez, todas de la provincia de Córdoba, entre otros Municipios; tendientes a desarrollar tareas que en ningún caso se encuentran dentro de los objetivos de las casas de estudio, y que se traducen en negocios comerciales fuera de los controles presupuestarios.

2. Para que informe la posición de las autoridades al respecto y las medidas que se han adoptado.

Señor presidente:

El día 24 de abril de 2012, se suscribió un convenio entre la Fundación de la Universidad de Villa María representada por su Presidente la abogada Elvira del Valle ACOSTA y la Municipalidad de Villa Nueva en la persona de su Intendente Municipal Guillermo Daniel Cavagnero, por el cual aquella desarrollará un programa tendiente a "desplegar acciones sobre tres ejes centrales de la gestión administrativa gubernamental: la administración Financiera, la Administración Tributaria, y el Marco Fiscal del Municipio..." (Textual del convenio).

Esta descripción que en palabras más simples, implica colocar a la Fundación de la Universidad de Villa María al frente de lo que es la percepción de los impuestos vencidos, actuales y futuros de la localidad de Villa Nueva, tiene como trasfondo un negocio de características millonarias.

Y es que sin perjuicio de que según su propio estatuto la Fundación tiene por objeto excluyente y especifico, "...promover el apoyo a la labor de la Universidad Nacional de Villa María...", este oscuro convenio trae aparejado un sugestivo intercambio de roles. Así los Municipios ceden no solo tareas y obligaciones que le son propias, sino que también y en contraprestación a los servicios prestados pagan la sideral suma del 25 % de incremento que se alcance en la recaudación.

Mucho podría decirse de las pautas establecidas para tomar la base sobre la cual se calcula "el incremento", pero solo seria analizar parte del problema.

La gravedad del hecho denunciado esta en el hecho de que la Fundación esta llevando a cabo negocios que exceden claramente su objeto, que además por esa tarea para lo cual utiliza no solo el material humano sino los propios instrumentos de los que ha sido dotada con el objetivo de formar a los estudiantes para realizar esos negocios, recibe cuantiosos fondos que no son determinables a ciencia cierta; y que los Municipios ceden de sus propios presupuestos esos fondos que claro esta no están previstos en el presupuesto asignado a la Fundación.

Como si todo lo descripto no fuera escandaloso, además ese propio convenio establece que las partes "podrán gestionar ante organismos de gobierno nacionales y/o provinciales, la posibilidad de obtener recursos económicos a los fines de destinarlos a la cobertura de los costos de las acciones emanadas del presente protocolo..."

Un convenio exactamente igual, y en las mismas condiciones escandalosas fue suscripto el día 29 de diciembre de 2010 entre el rector de la Universidad de Villa María, Martin Gill y el Intendente de Marcos Juárez, Eduardo Avalle, cuya prorroga fue suscripta hasta el 30 de abril de 2013 por la Fundación de la Universidad Nacional de Villa María en la persona de su Vicepresidente Sergio Mugica y el mismo Avalle.

No existe error. La Fundación firma una prorroga de un convenio antes firmado por ...la Universidad.

Como corolario de esta situación, es importante destacar que oportunamente la Universidad Nacional de Rio Cuarto representada por el Rector Alberto Cantero Gutiérrez, la Universidad de Villa María representada por el entonces rector Carlos Omar Domínguez y la Municipalidad de Villa María en la persona del Intendente Miguel Ángel Veglia, suscribieron un convenio por el cual la Universidad Nacional de Rio Cuarto en colaboración con la Universidad Nacional de Villa María dotarían a la Municipalidad de Villa María del software SIPEFCO (Sistema de Información Presupuestaria, Económica, Financiera y Contable), su instalación, asistencia, adaptación y capacitación.

En este caso, la cesión del software es sin costo alguno y surge entonces claramente lo que significa para una casa de estudios colaborar con las instituciones de la comunidad y lo que a todas luces es un negociado oscuro como en el caso anterior.

La situación denunciada además cuenta con la oposición clara del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, que ve afectada su labor profesional mediante las contrataciones que en nombre de la Fundación de la Universidad de Villa María se realizan y que violan claramente la Ley 20488/73 que establece como una condición que para el ejercicio de la profesión es obligatoria la inscripción en las respectivas matriculas de los Consejos Profesionales.

Vale aclarar por si resulta necesario además, que por sus características la Fundación se encuentra exenta del pago de ganancias y exento de IVA, lo que implica que sus ingresos además no tributan, resaltando así la competencia desleal hacia los profesionales mencionados.

En consecuencia resulta indispensable que las autoridades del Estado Nacional, bajo cuya orbita de desarrollan los hechos mencionados, informen si conocen la operatoria, y si es así las medidas que han adoptado al respecto.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores, aprueben el presente Proyecto.