La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1) Expresar su solidaridad con las cien familias que habitaban en el edificio sito en Paseo Colon 1588 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos ellas vecinas del barrio de la Boca, que fueran desalojadas brutalmente por disposición del Gobierno de dicha Ciudad.

2)Repudiar enérgicamente la metodología violenta y represiva empleada por las fuerzas de choque que responden al Jefe de Gobierno de la citada Ciudad Autónoma, que se tradujera en la arbitraria expulsión y en el compulsivo desalojo de tales familias del lugar en que se cobijaban.

3)Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que solucione con carácter urgente el problema de las familias afectadas, garantizándoles el inmediato acceso y el efectivo ejercicio del derecho a una vivienda digna que consagra nuestra Constitución Nacional, respetando en la asignación habitacional a efectuarse, su contexto sociocultural.-

Al mismo tiempo exhortarlo a que se abstenga en el futuro de reiterar procedimientos compulsivos, virulentos y represivos contra los vecinos de la Ciudad, resguardando en todos los casos su seguridad y su integridad psico-física.

4)Instar al Gobierno aludido a que realice de inmediato los relevamientos necesarios de las actuales condiciones habitacionales de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de dar rápida y adecuada solución a la crisis que en dicha materia afecta a miles de familias injustamente castigadas por las políticas excluyentes que en materia económico-social viene llevando a cabo el Gobierno de la referida Ciudad Autónoma .

Señor presidente:

El pasado 27 de Febrero, el actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró una vez mas su animosidad contra los que menos tienen, con una violenta e ilegal expulsión de los residentes del inmueble sito en la Avenida Paseo Colon 1588; en el lugar -cuya propiedad está en litigio judicial entre el Gobierno de la Ciudad y un particular-, vivían 103 familias con un total de 400 personas, más de 200 de las cuales son niños y adolescentes. Muchos de ellos se habían organizado en forma de asociación cooperativa para pedir apoyo al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que jamás respondió satisfactoriamente a sus reclamos..

Dicho local, donde alguna vez funcionó una fábrica de fideos, está ubicado en un predio cuya mitad delantera había sido expropiada por la Municipalidad hace unos 30 años, en tiempos de la dictadura militar, para un ensanche de la Avenida Paseo Colón, que nunca se concretó. Desde hace muchos años hay un litigio judicial entre el antiguo propietario y el gobierno municipal, de modo que la titularidad del inmueble no se encuentra definida, por lo que sería poco probable que -litigiosidad mediante- un juez ordenara el lanzamiento de sus ocupantes, muchos de los cuales lo habitan desde hace más de una década.

La fuerza de choque que responde al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Maurcio Macri, irrumpió a las 5 de la mañana presuntamente munida de una orden administrativa de dudosa legitimidad, y que de ningún modo la habilitaba para maltratar ni expulsar a nadie, pero claramente dispuesta a cumplir a los golpes la instrucción gubernativa que ordenaba el desalojo de los vecinos, todos ellos de bajos recursos y desamparados , sin ofrecer alternativa habitacional ni, mucho menos, un plan oficial de promoción del empleo productivo para terminar con la indigencia. El resultado final, hasta este momento, es conmovedor: Más de 300 habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se han quedado sin lugar a donde vivir con sus hijos e hijas, quienes además no saben si podrán seguir acercándose a las escuelas y clubes donde se instruían y tenían esparcimiento y a través de las cuales, desde hace años, venían integrándose a la sociedad barrial.

Los acontecimientos narrados nos incumben a todos y hoy solo hay lastimados y excluidos-mañana podría haber muertos- que pagan las consecuencias de una política represiva impropia de gobiernos democráticos, con fuertes rasgos autoritarios y antipopulares, enmarcada en un proyecto económico-social que castiga y desproteje a los que menos tienen, resguardando a los sectores más favorecidos de la sociedad, que se desentiende así de la situación de miles de vecinos afectados por la falta de acceso a una vivienda digna para sí y para sus familias, y con ello, de la ausencia de mecanismos e instancias que apunten a atender adecuadamente la crítica situación que atraviesan los sectores menos favorecidos, sin ofrecérseles atisbo siquiera de solución alguna.

Las arbitrarias y autoritarias decisiones del Gobierno de Mauricio Macri, que no trepida en recurrir a métodos similares a los utilizados por la última dictadura militar, que en cabeza de algunos de sus máximos exponentes promovía y concretaba la expulsión de los más carenciados de los espacios públicos que estos ocupaban -P.ej. el ex. General Domingo A. Bussi, en Tucumán, que los agrupaba y trasladaba por la fuerza a otras Provincias-, utilizando grupos de choque que, al igual que los grupos de tareas, actuaban en complicidad con la nocturnidad y reprimían sin apego alguno a la juridicidad,

Por eso resulta imperioso, al tiempo de solidarizarse con las víctimas de estas políticas antisociales y antipopulares, exigir al Gobierno de la Ciudad que cese con la represión de los vecinos y procure de inmediato la solución de los problemas habitacionales que los afectan, con expreso resguardo del contexto sociocultural que los caracteriza.

Asimismo, corresponde llevar adelante, y sin demoras, un relevamiento pormenorizado de las carencias habitacionales existentes en el distrito y diseñar políticas inclusivas que apunten a solucionar la crisis habitacional y den adecuado cumplimiento a los deberes impuestos por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quienes ejercen funciones gubernativas, removiendo los obstáculos que impiden el acceso en términos igualitarios al ejercicio efectivo de los derechos y garantías consagrados por aquellas leyes fundamentales, dentro de los cuales el acceso a la vivienda digna constituye un pilar fundamental de una sociedad democrática que se precie.

Debemos tener presente que la "Democracia" y la "Igualdad "- no solo formal, sino fundamentalmente de 'oportunidades'-, están en cabeza de todos los habitantes de nuestra sociedad, más allá de su condición social, pero que son aquellos que menos tienen los que más necesitan de la intervención del Estado de Derecho para ver garantizados en forma efectiva los derechos que las Constituciones vigentes -Nacional y local- expresamente consagran.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto