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PROYECTO DE TP
Expediente 0936-D-2014
Sumario: PROMOVER JUICIO POLITICO AL SEÑOR VICEPRESIDENTE DE LA NACION LICENCIADO AMADO BOUDOU, POR MAL DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.
Fecha: 18/03/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 10
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Promover juicio político al vicepresidente
de la Nación Argentina, Licenciado Amado Boudou, y elevar ante el H. Senado de la
Nación la acusación prevista por el artículo 53 de la Constitución Nacional por la
responsabilidad resultante del mal desempeño y la eventual comisión de delitos en el
ejercicio de sus funciones.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de marzo de 2012 presentamos el
presente proyecto de resolución (EXP. 0703-D-2012, reproducido en 2013 por
resolución de la HCD del 05/06/1996, BAE 41) solicitando el juicio político al
Vicepresidente Amado Boudou ante hechos y circunstancias debidamente explicitadas
en estos fundamentos, que no fue tratado oportunamente, y por ende, perdió estado
parlamentario. Por ello volvemos a representarlo, adjuntándose en el anexo las
ampliaciones y demás documentación pertinente presentada durante estos últimos dos
años sobre al caso que involucra al Vicepresidente. Seguidamente reproducimos los
fundamentos del proyecto original.
Hace pocos días varios de los diputados
firmantes de este proyecto presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo a los
efectos de obtener datos concretos relativos a contrataciones para la impresión de
papel moneda, respecto de las cuales se habían denunciado acciones aparentemente
improcedentes del vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou (expediente
140-D-2010).
Formulamos allí diecinueve preguntas
sobre distintos aspectos involucrados en el proceso falencial de la empresa Ciccone
Calcográfica SA, el levantamiento del pedido de quiebra, la posterior adjudicación a la
sociedad "The Old Fund SA"; y las negociaciones llevadas a cabo por el Banco Central
de la República Argentina (BCRA) para la contratación de la impresión de papel
moneda.
Particularmente preguntamos en ese
proyecto sobre diversas cuestiones que resultan pertinentes y coadyuvantes a la
formación de la causa por juicio político que ahora promovemos y fundamos. Entre
otros temas, en el proyecto citado pedimos informes sobre:
a) los parámetros utilizados por la
sindicatura concursal para evaluar las ofertas y recomendar la adjudicación de la
empresa quebrada a la firma The Old Fund SA;
b) la identidad y situación fiscal de los
accionistas de la empresa The Old Fund SA, en especial su titular, el Sr. Alejandro
Vandenbroele;
c) el acuerdo alcanzado con la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cargo de la ejecución de las
deudas fiscales de la imprenta Ciccone Calcográfica SA, condiciones, plazo y tasa de de
interés otorgadas por la AFIP a la empresa;
d) quiénes son los inversores que
acompañaron la oferta del Sr. Vandenbroele y aportaron los fondos para efectuar el
primer pago por un monto de $ 567.000 depositados en la cuenta judicial del Banco
Ciudad (sucursal Tribunales);
e) el depósito que habría realizado la
empresa London Supply SA "por cuenta y orden" del Sr. Vandenbroele para levantar la
quiebra y en caso afirmativo en qué carácter lo realizó;
f) quiénes son los socios de la empresa
London Supply SA y la vinculación jurídica entre el señor Vandenbroele y la firma The
Old Fund SA; y el rol desempeñado por Miguel Ángel Castellano, director de la primera
en la administración de la Compañía Sudamericana de Valores;
g) cuál es el vínculo existente entre el Sr.
Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou;
h) si la Casa de Moneda, a través de su
titular, Katya Dauras, recomendó al Banco Central de la República Argentina (BCRA)
que contratara los servicios de la Compañía Sudamericana de Valores SA para la
impresión de papel moneda; si existió previamente algún concurso o compulsa de
precios con otras empresas, como la Casa de Moneda de Brasil y Boldt SA; si las ofertas
eran homogéneas y era el rango de precios de las ofertas compulsadas.
Sin que el proyecto se haya tratado aún en
esta Cámara y por lo tanto, sin que las preguntas hayan tenido respuesta alguna por
parte del Poder Ejecutivo, un nuevo hecho de inocultable relevancia nos lleva ahora a
presentar este proyecto sobre promoción de juicio político al vicepresidente Amado
Boudou: se trata de la afirmación pública por parte del vicepresidente de no haber
realizado acción directa alguna en favor de la empresa privada Ciccone Calcográfica SA,
inmediatamente desmentida.
El mismo día en que el vicepresidente
hiciera esa afirmación, trascendió y se publicó en los medios una nota (Nota MEyFP
154-10) que firmó como ministro de Economía de la Nación, por la que instruyó a la
AFIP para que acogiera favorablemente una solicitud de la firma Ciccone Calcográfica
SA a fin de que se le concediera una extraordinaria forma de pago de sus deudas
fiscales, incluyendo un financiamiento de largo plazo y una aplicación de tasas de
interés negativas, es decir, menores a la inflación, lo que implica en los hechos, en la
realidad, una condonación de deudas.
La aclaración del vicepresidente en
relación a que no había realizado acciones directas en beneficio de la citada empresa
(lo que dejaba abierta la hipótesis de que lo hubiese hecho indirectamente, es decir, a
través de terceros), contraria a lo que expresa la nota del MEyFP, resulta gravemente
inconsistente con el deber de los representantes del pueblo de no falsear la información
pública que proveen a sus representados.
Desde ya, no parece admisible que los
funcionarios actúen en beneficio de los particulares utilizando los fondos públicos, como
en este caso, en el que se da un trato inusualmente preferencial en relación con deudas
que pertenecen al Fisco.
Pero la cuestión se torna más grave aún.
En efecto, a partir de información periodística y de distintas actuaciones judiciales se
tornan públicos otros hechos:
a) un aparente socio del vicepresidente en
diversas actividades, se habría presentado ante los acreedores de Ciccone Calcográfica
SA haciendo gestiones en relación al negocio en análisis, en nombre del
vicepresidente;
b) un conocido del vicepresidente sería el
representante legal de la firma en cuestión y fue denunciado por su esposa como
testaferro del vicepresidente;
c) el titular de la AFIP le habría indicado al
juez de la causa que involucraba la situación de pagos de la firma, que era intención del
Estado quedarse con la empresa, por lo que pedirían su quiebra, lo que sucedió. A
posteriori, luego de que la empresa privada quedara en manos del particular antes
referido, la AFIP decidió pedir lo contrario, es decir el levanta- miento de la
quiebra;
d) se habrían comprobado relaciones
comerciales entre el vicepresidente, sus socios, sus amistades y las firmas que
intervinieron en este caso; y
e) la AFIP, en una acción absolutamente
inusual (no habría otros casos similares), solicitó una autorización al ministro de
Economía, el actual vicepresidente, para otorgar condiciones muy favorables para la
firma y el vicepresidente, que negó su intervención directa, en realidad promovió el
acogimiento del pedido de la empresa privada.
Lo descrito, sumado a todos los
antecedentes previos, nos obliga a cumplir con nuestro deber de legisladores, ejercer
las funciones propias de control de esta Cámara, y conforme lo autoriza el artículo 53
de la Constitución promover juicio político al vicepresidente de la Nación, licenciado
Amado Boudou, por su posible responsabilidad resultante del mal desempeño y
eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Un pedido de juicio político no es una
condena, sino un procedimiento que permite a las partes demostrar sus
responsabilidades o la falta de ellas en los hechos bajo investigación. Ello posibilitará al
vicepresidente la defensa de su actuación.
El constitucionalista Daniel Sabsay sostiene
que la causal de mal desempeño del artículo 53 de la Constitución Nacional "constituye
un concepto jurídico indeterminado, que va a quedar en manos del Congreso precisar
de manera discrecional en el caso concreto. Tales actos pueden incluir impericia o
negligencia para el ejercicio del cargo, falta de idoneidad moral, e incluso inhabilidad
psíquica o física. La apreciación de los moti- vos va cambiando con el tiempo en función
de las variaciones que surgen del crite- rio imperante a nivel social, si bien quienes
deben considerarlos son los legislado- res".
A juicio de Bidart Campos "se trata
exactamente de lo contrario de lo que se estima como un buen desempeño de parte de
un funcionario público".
¿Cuál es entonces el patrón que debe regir
la conducta del "buen funcionario público"? La ley 25.188 de ética en el ejercicio de la
función pública y el Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos
Públicos, que figura en el anexo de la Resolución 51/59 de la Asamblea General de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, del 12 de diciembre de 1996, que
el Estado argentino ratificó por ley 24.759, constituyen parámetros por demás
válidos.
El Código citado establece: I. PRINCIPIOS
GENERALES: 1. Un cargo público, tal como se define en el derecho interno, es un cargo
de confianza, que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. Por
consiguiente, los titulares de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses
públicos de su país tal como se expresen a través de las instituciones democráticas de
gobierno. 2. Los titulares de cargos públicos velarán por desempeñar sus obligaciones y
funciones de manera eficiente y eficaz, conforme a las leyes o las normas
administrativas, y con integridad. Procurarán en todo momento que los recursos
públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente.
3. Los titulares de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en el
desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En
ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún
grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido
conferidos. II. CONFLICTOS DE IN- TERESES E INHABILITACIÓN. 4. Los titulares de
cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses
personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna
operación, no ocuparán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico,
comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o
con el ejercicio de éstas. 5. Los titulares de cargos públicos, en la medida que lo
requiera su cargo y con arreglo a las leyes o a las normas administrativas, declararán
sus intereses económicos, comerciales o financieros, o sus actividades con ánimo de
lucro que puedan plantear un posible conflicto de intereses. En situaciones de posible o
manifiesto conflicto de intereses entre las obligaciones públicas y los intereses priva-
dos de los titulares de cargos públicos, éstos acatarán las disposiciones establecidas
para reducir o eliminar ese conflicto de intereses. 6. Los titulares de cargos públicos no
utilizarán indebidamente en ningún momento dinero, bienes o servicios públicos o
información adquirida en el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas
para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales. 7. Los titulares de
cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas con arreglo a la ley o a las
normas administrativas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de
desempeñar sus funciones públicas aprovechen indebidamente las ven- tajas de su
antiguo cargo. ... VI. ACTIVIDADES POLÍTICAS 11. Las actividades políticas o de otra
índole que realicen los titulares de cargos públicos fuera del ámbito de su cargo no
deberán, de conformidad con las leyes y las políticas administrativas, mermar la
confianza pública en el desempeño imparcial de sus funciones y obligaciones".
A lo anterior podemos agregar que "el
juicio político, establecido por los arts. 53, 59 y 60 de la Constitución, tiene por objeto
hacer efectiva la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe del
gabinete de ministros, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia... La
Constitución prevé tres causales para la promoción del juicio político: 1) mal
desempeño del cargo, por ausencia de idoneidad técnica o moral, y sin que ello importe
necesariamente la imputación de una conducta voluntaria, dolosa o culposa al
funcionario; 2) comisión o participación en la ejecución de actos delictivos en el
ejercicio de la función pública; 3) comisión o participación en la ejecución de delitos
comunes que, por su envergadura, gravedad o trascendencia social, justifiquen la
destitución del funcionario..." (Gregorio Badeni, El Juicio Político, La Ley 1995-C,
432).
En el caso que nos ocupa, las causales de
mal desempeño y probable comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones,
encuentran sustento en la posible vinculación que habría entre el actual vice-
presidente Boudou y el Sr. Alejandro Vandenbroele, titular de la empresa The Old Fund
SA, que controla a la Compañía De Valores Sudamericana y a través de la misma a la
ex Ciccone Calcográfica SA, favorecida por diferentes concesiones, tanto del Poder
Ejecutivo como del Poder Judicial, y por medio de la cual se pretendía llevar a cabo un
negocio millonario que involucra a la Casa de la Moneda y el Banco Central de la
República Argentina en la impresión de 600 millones de billetes de cien pesos por un
valor de 50 millones de dólares, frenado por la publicidad del asunto por la actual
presidenta del Banco Central. El accionar de la presidenta del Banco Central, es en sí
mismo una prueba más, por cuanto lejos estuvo de haber sido un procedimiento normal
y regular. Si la presidenta del Banco Central, licenciada Marcó del Pont, decidió impedir
esta contratación, es porque encontró en ella cuestiones que serán importantes para la
sustanciación del juicio político.
Alejandro Paul Vandenbroele es un
monotributista, categoría B, y pareciera que amigo del vicepresidente Boudou desde la
adolescencia. También es abogado, especialista en inversiones. Según el Boletín Oficial,
Vandenbroele se transformó en el presidente de The Old Fund SA, la sociedad anónima
que había sido creada en enero del 2008 con un capital de $ 30.000, el 9 de septiembre
de 2009. La empresa presidida por Vandenbroele se quedó con la mayor parte de
Ciccone, la cual estaba a cargo original- mente de la impresión de billetes. La gestión
para que The Old Fund SA se haga cargo de Ciccone, esta última en proceso de
quiebra, habría estado a cargo de un gestor de Boudou, José Núñez Carmona, el cual
figura como socio de Boudou según consta en la declaración jurada presentada por
éste.
Esta no fue la primera vez que el Gobierno
se involucra en el caso Ciccone. A fines de 2010, la AFIP pidió la quiebra de Ciccone
Calcográfica SA -manejada por la familia del mismo nombre- por una deuda con el
Estado. La firma finalmente quebró. Después de un tiempo, el juez de la quiebra, Javier
Cosentino, decidió que la planta podía ser alquilada. La mejor oferta fue la de la
empresa Boldt, que ganó la compulsa a la Casa de la Moneda y a la AFIP, a cargo de
Ricardo Echegaray. Ciccone fue utilizada entonces por Boldt, una compañía con
antecedentes en el mercado gráfico y del juego. Ese proceso se terminó cuando la AFIP
volvió a interceder pidiendo llamativamente levantar la quiebra de Ciccone Calcográfica,
pese a ser quien antes la había solicitado. La Cámara de Apelaciones en lo Penal
Económico hizo lugar a esa medida, basándose en resoluciones de la Secretaría de
Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, que estipuló que Boldt ya tenía su
imprenta, por lo que el alquiler de Ciccone producía una "concentración empresaria" del
sector gráfico.
La esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz,
declaró ante el fiscal Rivolo a cargo de la investigación que su marido hizo negocios
ilícitos con Amado Boudou, y con su socio, José María Núñez Carmona y que sería un
testaferro del vicepresidente. El fiscal consideró "coherente" su relato.
Otro claro acto administrativo del ahora
vicepresidente se dio en su etapa como ministro de Economía, en la cual respondió
ante un requerimiento de consulta de la AFIP que recomendaba que se hiciera lugar a
una petición de moratoria y condonación de deudas e intereses por demás especial
solicitada por The Old Fund SA a favor de Ciccone Calcográfica SA. En la presentación
ante la AFIP, Ciccone pidió la quita de su deuda y la condonación de intereses, multas y
honorarios; pero como la solicitud excedió las facultades que da el artículo 32 de la ley
de Procedimiento Tributario, el organismo le envió una nota al ministerio de Economía,
que dio curso al reclamo. El por entonces ministro de Economía solicitó a la AFIP "que
proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica SA de
conformidad con las atribuciones que le son propias" por- que es política del Gobierno
"mantener las fuentes de trabajo".
La nota del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas firmada por Amado Boudou y dirigida a Ricardo Echegaray es, según
la foliatura de ese ministerio, la número 154/10. Está incluida en el expediente 1-
257899-2010 de la AFIP y dice textualmente: "Señor Administrador: Me dirijo a usted
con relación la consulta efectuada a fojas 25 de las actuaciones de la referencia del
registro de esa Administración Federal de Ingresos Públicos. Al respecto, en virtud del
dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera que antecede y
por sus fundamentos, se remiten los actuados a esa Administración Federal con el fin
de que proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica S.A
de conformidad con las atribuciones que le son propias. Sin perjuicio de ello, se le hace
saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese
Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, dentro
de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del interés
fiscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos
políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la
empresa y su importancia estratégica".
Es clara la intervención del por entonces
ministro solicitando que se resuelva a favor de Ciccone y Vandenbroele, textualmente
dice "proceda a la sustanciación de la petición formu- lada por Ciccone Calcográfica
S.A".
En rueda de prensa, el titular de la AFIP,
Ricardo Echegaray expuso que desde 2009 la AFIP solicitó la quiebra de 496 empresas,
dentro de las cuales se encontraba Ciccone, para verificar "su verdadera voluntad de
pago". Y detalló que 351 de esas firmas se acogieron luego a la misma moratoria
excepcional que Ciccone. Pero por otro lado admitió que la firma que ahora controla
The Old Fund SA fue la única que solicitó una quita sobre su deuda y que por eso se
consultó al Ministerio de Economía.
Así Echegaray evitó precisar -al igual que
luego sus colaboradores-, si el Ministerio de Economía intervino en el trámite
administrativo previo a concederles las moratorias a las otras 350 empresas quebradas.
Esta conducta diferencial será fundamental para analizar el comportamiento del
entonces ministro de Economía.
El subdirector general de Coordinación
Técnica Institucional de la AFIP, Guillermo Michel, indicó que haberle concedido la quita
solicitada a la nueva Ciccone hubiera implicado el delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, por lo cual se giró igual al Ministerio de Economía para
ver si podían encontrarle la vuelta por otro lado.
Los funcionarios no dieron precisiones
acerca de cuántas cuotas le brindaron o la tasa de interés acordada con Ciccone, por
motivos de "secreto fiscal".
Apenas se indicó que fueron "ciento y
pico" de cuotas, pero las versiones indican que fueron 148, en lugar de las 120 cuotas
tradicionales y una tasa de interés del 0,5 mensual (la cual es aún menor que la
inflación oficial del INDEC), en un claro acto de favoritismo en beneficio de la empresa
sospechada.
Esta nota no es un hecho menor ya que el
vicepresidente en un extenso recorrido mediático negó permanentemente haber
realizado acto administrativo alguno vinculado con Ciccone Calcográfica, sin embargo
tras la aparición pública de esta nota se desdice en el programa televisivo "Con voz
propia", el miércoles 7 de marzo de 2012, en América 24, admitiendo la existencia de
esta nota aunque queriéndole negar la relevancia que realmente tiene.
Días atrás y ya con Boudou ejerciendo el
cargo de vicepresidente de la Nación, la Casa de Moneda, a cargo de Katya Daura, una
funcionaria cercana al vicepresidente, le recomendó al Banco Central que habilite a
Ciccone para que pueda imprimir la mitad de la provisión de los billetes de cien pesos
que se pondrán en circulación este año. Se trata de aproximadamente 600 millones de
billetes, una impresión que tendría un costo de 50 millones de dólares, lo cual resulta
un negocio por demás importante que amerita que se investigue su licitud ya que es
altamente improbable, por no decir imposible que un monotributista clase B pueda
llegar casi de la nada a tener el control de una empresa que pueda llevar a cabo
semejante gestión de no contar con favores gubernamentales.
Además, es absolutamente improbable que
el enriquecimiento de Vandenbroele tenga que ver sólo con un normal
desenvolvimiento de la actividad que supuestamente llevaba a cabo. Por ello es que
creemos necesario investigar su vinculación con el ex Ministro de Economía y actual
vicepresidente de la Nación, Amado BOUDOU; máxime cuando la propia esposa de
Vandenbroele manifiesta que su marido estaría actuando como testaferro de Boudou.
De ser cierto ello, estaríamos frente a un hecho de corrupción en tanto el verdadero
titular de esa empresa sería el vicepresidente Boudou y todos los actos de esta empresa
serían simulados por interpósita persona.
La simulación por interpósita persona es
una modalidad de la simulación relativa que consiste en que una persona aparece como
celebrante de un acto jurídico, por ejemplo la constitución y desarrollo de una empresa,
y destinatario de sus efectos, cuando en realidad todo ello compete a otra persona,
pues el que aparece celebrando el acto es un testaferro. El testaferro es quien presta su
nombre para intervenir en un acto o contrato, que en realidad es de otra persona.
En principio la figura del testaferro no es
ilegal y se haya definida su participación en la simulación de los actos jurídicos en
nuestro Código Civil, el art. 955 dispone: "La simulación tiene lugar cuando se encubre
el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene
cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se
constituyen o transmiten derechos a personas inter- puestas, que no son aquellas para
quienes en realidad se constituyen o transmiten."
La simulación no es ilegal, salvo que se
utilice para perjudicar a terceros o para violar leyes de orden público. Los funcionarios
públicos que tienen funciones como la de ministro de Economía o vice- presidente de la
Nación, cargos que ha ocupado y ocupa Boudou, tienen una in- compatibilidad de tener
empresas que puedan ser contratadas para prestar servicios al estado, ni deberían
recibir favores ni concesiones de parte del mismo.
En caso de comprobarse que el actual
vicepresidente sea el verdadero dueño de esas firmas no solo las inhabilitaría para
contratar con el Estado Nacional sino que haría al mismo vicepresidente pasible de ser
investigado por enriquecimiento ilícito.
El art. 268 (2) del Código Penal dispone:
"Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por
ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta
perpetua, el que al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona inter- puesta para
disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y
hasta dos años después de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no
sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino
también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguido obligaciones que lo
afectaban."
Por su parte, el art. 265 del Código Penal
dispone: "Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación
especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o
por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en
cualquier contrato u operación en que intervienen en razón de su cargo."....
La vinculación del vicepresidente en el
caso investigado, constituiría pues claramente este delito, que lo inhabilita moralmente
para continuar ejerciendo un cargo público, tan es ello así que el delito prevé entre
otras penas la de inhabilitación especial perpetua.
Se podrá invocar que el estado de
inocencia sigue a la persona hasta que la sentencia que lo condena quede firme y que
por ello no se puede adelantar el juicio de reproche y para ello tenemos para decir que,
una cosa es el juicio de reproche que se pretende en sede penal y otra muy diferente
es la conducta intachable que es de esperar de un ciudadano que accede al cargo de
vicepresidente de la Nación y la que debe mantener para continuar ejerciendo su alto
cargo. Escandaliza solo representarse la verosimilitud de las imputaciones que se le han
lanzado a Amado Boudou, sobre todo a la luz de la cantidad de pruebas que ya se
encuentran acumuladas al proceso penal, y pensar que pese a ello pueda continuar en
el ejercicio de su cargo. Insistimos en que una cosa diferente es su responsabilidad
política frente a los hechos, y la intachabilidad moral que se pretende para que pueda
continuar al frente de tan alto cargo. El estado de inocencia que lo sigue en el proceso
penal, ha sido bombardeado por un sin número de pruebas, que si bien no permiten
tenerlo por subvertido en sede penal, si ameritan cuanto menos la apertura de un
proceso en el que se analice concienzudamente, respecto de su habilidad para
continuar ejerciendo el cargo el vicepresidente de la República.
Además, el artículo 13 de la ley 25.188 de
ética pública dispone: "Es incompatible con el ejercicio de la función pública:
a) dirigir, administrar, representar,
patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o
tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por
éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa,
respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones,
beneficios o actividades;
b) ser proveedor por sí o por terceros de
todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones."
Otro hecho significativo que debe
investigarse en términos del posible enriquecimiento ilícito es que el 29 de julio de 2009
se inscribió en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la sociedad extranjera
"Tierras International Investments CV", constituida en Holanda con las firmas de una
mujer de 33 años, Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, y otra de 39, Indra Farah Marie
Vilchez.
En dicha inscripción, que se llevó a cabo
ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires mediante el
legajo 1/167050, en el expediente 21209/143013-9, se ha consignado como
representante Carlos Raúl Schneider quien resulta ser un jubilado, que cobra el haber
jubilatorio mínimo y niega cualquier tipo de relación con esa empresa.
El verdadero representante de dicha
sociedad sería Alejandro Paul Vandenbroele quien representó al fondo de origen
holandés en la asamblea de accionistas de The Old Fund SA, con la que meses después
tomaría el control -y la presidencia- de la ex imprenta Ciccone Calcográfica SA.
El mismo Carlos Raúl Schneider apa- rece
también como representante de otras dos empresas holandesas, Sky Trasport Services
CV y Chelsworth Holdings CV, las cuales al igual que Tierras International Investments
CV se las ha inscripto con un domicilio inexistente en la calle Davel de Longchamps,
partido de Almirante Brown.
Finalmente en los últimos días se su- po
que sin informarle ni esperar la aprobación previa del Banco Central, la Casa de Moneda
habría trasladado a la planta de la ex Ciccone Calcográfica SA los insumos necesarios
para comenzar las pruebas técnicas, con el fin de imprimir allí millones de billetes de
cien pesos.
El traslado de los insumos a la planta, se
habría realizado en la última semana de diciembre, después de que la titular de la Casa
de Moneda, concedió asueto entre el 24 de diciembre y el 3 de enero a todo el personal
de la sociedad del Estado.
Recién a fines de enero, el gerente general
de la Casa de Moneda, Mario Enrici, habría informado al BCRA que la empresa estatal
podía encargarse de la provisión de 1300 millones de billetes de cien pesos, pero que
para eso subcontrataría a la ex Ciccone.
La presencia de amigos del vicepresidente
en toda la operatoria resulta notable. Vandenbroele tomó el control de la ex Ciccone a
través de The Old Fund SA; el socio comercial de Boudou, José María Núñez Carmona,
se reunió con los acreedores de la imprenta; Miguel Castellano, de la empresa London
Supply SA, depositó 1,8 millones para levantar su quiebra, y Daura y Tristán asumieron
al frente de la Casa de Moneda, y comenzaron las tratativas con la imprenta.
Es importante aclarar que los hechos que
se le imputan a Amado Boudou no corresponden solamente a actos realizados durante
su gestión como ministro de Economía. Si bien muchos de los hechos que se
desarrollaron a favor de The Old Fund SA y Alejandro Vandenbroele comenzaron
durante su gestión como ministro, el hecho principal que se le imputa que es el
negociado de la impresión de 600 millones de billetes de cien pesos por un valor de 50
millones de dólares a favor de la ex Ciccone y Vandenbroele se da durante su gestión
como vicepresidente de la Nación, e incluso durante su etapa al frente del Poder
Ejecutivo Nacional, por pedido de licencia de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner durante enero del corriente año, por lo cual la serie de actos que se imputan si
bien comienzan durante su etapa como ministro de Economía son parte de una
secuencia de hechos que aún continua desde el comienzo de su gestión en su actual
cargo.
El juicio político es una de las instituciones
básicas del sistema democrático, en ella descansa gran parte de la fundamentación del
principio republicano. El concepto de un Congreso con competencias para juzgar a un
presidente o en este caso vicepresidente que desprecia y restringe a la República, es la
expresión más sublime del siempre buscado equilibrio y balance de poderes; es en
síntesis, la democracia en toda su esencia.
Un pedido de juicio político es también un
mensaje a la ciudadanía que representamos, en el sentido de que vamos a cumplir con
el deber que nos encomendaron al votarnos. Que vamos a controlar el uso que se le da
a sus recursos administrados por el Estado. Que vamos a hacer lo que esté a nuestro
alcance para evitar que se verifiquen actos de corrupción con sus dineros. El pedido es
un mensaje a la ciudadanía para que confíe en sus instituciones y no debe generar
reproche o descalificación alguna, como las que ya tuvo por parte de políticos del
oficialismo antes de ser presentado. En igual sentido, es repudiable que el propio
vicepresidente de la Nación haya descalificado a los periodistas que investigaron el
asunto, cuando su responsabilidad como funcionario democrático es promover y no
condenar esas investigaciones, es transparentar su actuación y rendir cuentas.
Debe tenerse presente, también, que la
conducta del vicepresidente podría, además de ser contraria a normas y reglas
aplicables a los funcionarios públicos, haber sido determinante para causar perjuicio
económico al Estado nacional. Porque es posible que la contratación de la impresión de
billetes con Ciccone Calcográfica SA implicara un resultado más oneroso que con algún
otro de los proveedores habituales. En ese supuesto, podríamos estar frente a una
defraudación en perjuicio del Estado, lo que no sería menor.
Concretamente, para clarificar la enojosa
situación descripta, solicitamos que en la Comisión de Juicio Político, al tramitarse este
pedido, se proceda a producir las siguientes medidas de prueba:
A. Informativa:
- A los fines de acreditar los hechos
narrados que dan lugar al pedido de juicio político incoado solicitamos se requieran
fotocopias certificadas de la causa que tramita por ante el Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional Nro. 3 de esta Ciudad de Buenos Aires a cargo del juez Daniel
Rafecas.
- Solicitamos asimismo se requiera al
Ministerio de Economía la remisión de copia certificada de la nota 154/10 de dicho
ministerio firmada por Amado Boudou.
- A fin de poner luz sobre el accionar de la
Administración Pública Nacional se solicita que se requiera a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) a fin de que remitan copias certificadas del expediente 1-
257899-2010 de dicha entidad donde tramitara el proceso de so- licitud de moratoria y
condonación de deuda de la nueva Ciccone Calcográfica SA.
- Solicitamos se oficie al Juzgado Nacional
en lo Comercial Nro. 8 a cargo del juez Javier Cosentino, a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Eco- nómico a fin
de que remitan copias certificadas de todos los expedientes donde tramitaran la quiebra
de Ciccone Calcográfica.
- Solicitamos se oficie a las empresas de
telefonía celular a fin de informen si existen llamadas entre los teléfonos celulares del
vicepresidente de la Nación y sus secretarios y asistentes y los señores Alejandro
Vandendbroele, José María Nuñez Carmona y Katya Daura. En su caso, deberán
informar la fecha y duración de las llamadas y la ubicación geográfica de los
interlocutores.
B. Testimonial:
- Solicitamos se cite a declarar:
A fin de que expongan acerca del traspaso
de la ex Ciccone Calcográfica SA a manos de The Old Fund SA y los actos
administrativos que favorecieren a la misma a:
- Laura Muñoz, esposa de Alejandro
Vandenbroele, quien denunciara que su marido es un testaferro del vicepresidente de la
Nación y que llevara a cabo con él negocios ilícitos.
- Alejandro Vandenbroele, titular de The
Old Fund SA.
- José María Nuñez Carmona, socio
comercial del vicepresidente y de Alejandro Vandenbroele.
- Directores de la Compañía de Valores
Sudamericana SA.
- Titular de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray.
- Subdirector general de Coordinación
Técnica Institucional de la AFIP, Guillermo Michel.
También y a fin de que declaren acerca de
la intención de otorgar una licitación por la emisión de 600 millones de billetes de cien
pesos a favor de La Compañía de Valores Sudamericana a:
- Katya Daura titular de la Casa de la
Moneda.
- Mario Enrici, gerente general de la Casa
de la Moneda.
- Benigno Vélez, ex gerente general del
Banco Central de la República Argentina.
- Mercedes Marcó del Pont, presiden- ta
del Banco Central de la República Argentina.
Síntesis
La quiebra de la firma Ciccone Calcográfica
SA y su posterior rehabilitación, ya en manos de otros accionistas, ha tenido un
derrotero muy poco habitual en los miles de procesos concursales que se tramitan ante
los tribunales. La causa de esas peculiaridades es la intervención y actuación de
algunos órganos estatales, particularmente la AFIP, el Ministerio de Economía y la Casa
de la Moneda. La AFIP, en particular, ha exhibido un criterio muy singular que llevó al
propio juez de la quiebra a expresar su sorpresa. Pero resulta que el organismo
recaudador procedió de ese particular modo siguiendo una instrucción escrita del
entonces ministro de Economía, quien primero negó su intervención y luego debió
admitirla.
De manera tal que quedó fehacientemente
acreditado que, al menos un vez y respecto de uno de los hechos bajo análisis, el actual
vicepresidente faltó a la verdad. Lo que corresponde averiguar, por ende, es si el
mismo vicepresidente ha mentido también al negar su vinculación con los particulares
involucrados en el singular renacimiento de Ciccone Calcográfica SA.
La presunción de que el vicepresidente
podría estar involucrado en esta compleja trama está alimentada por hechos públicos,
como la declaración de la señora Laura Muñoz, quien ha afirmado, categóricamente,
que su ex marido, Alejandro Vandenbroele, es socio del vicepresidente Boudou y que
juntos hacen negocios.
La gravedad de la acusación, a la que se
unen los hechos descriptos a lo largo del presente, en su gran mayoría sin una
explicación satisfactoria, requiere que el vicepresidente aclare su situación y que el
conjunto de los argentinos logre certeza acerca de la existencia, o no, de motivos de
reproche a la conducta de tan alto funcionario.
Para ello, para dar explicaciones y producir
aclaraciones, existe el mecanismo constitucional del juicio político, que impulsamos para
conocer la verdad y despejar las dudas.
Solicitamos, en consecuencia, la
aprobación de este proyecto de resolución.
ANEXO:
Lunes 09 de abril de 2012
Comisión de Juicio Político
A quien Corresponda
Desde mi consideración:
Le solicito que tenga a bien que se
agregue al Proyecto de Resolución por el que se solicita promover el juicio político al
Licenciado Amado Boudou, actual Presidente del Senado de la Nación (Expediente N°
0703-D-2012, T.P. N° 8, presentado el 13/03/2012, firmados por los diputados: Bullrich
Patricia, Amadeo Eduardo Pablo, Aguad Oscar Raúl, Pinedo Federico, Pucheta Ramona,
Bertol Paula María, Casañas Juan Francisco, Pradines Roberto Arturo y De Marchi Omar
Bruno), la presente nota, en la que pido que se cite a la Comisión que preside a las
siguientes personas, a fin que de poder esclarecer lo más pronto posible las sospechas
que pesan sobre la actuación del Presidente del Senado en el caso de la ex Ciccone
Calcográfica:
* Ex Gerente General del BCRA
Benigno Vélez.
* Katya Daura, titular de la Casa de
Moneda.
* La Presidenta del BCRA, Mercedes
Marcó del Pont.
* Al titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, y demás funcionarios y directivos involucrados en el proceso por el cual
aquella institución le otorgó una moratoria excepcional a la ex Ciccone Calcográfica, y
cuyos nombres serán remitidos oportunamente a la Comisión.
* Ex directores de la AFIP.
* Al juez comercial Javier Cosentino,
el juez de la quiebra de la ex Ciccone, el cual autorizó su posterior alquiler por
Boldt.
* A los empleados y los ex dueños de
Ciccone Calcográfica, los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone.
* El director de la empresa Boldt,
Guillermo Gabella.
* Sergio Gustavo Martínez, socio
minoritario de Alejandro Vandenbroele en The Old Fund SA, el cual supuestamente
compró dos camionetas para apoyar su precandidatura a jefe de gobierno porteño
mientras compartía un domicilio legal con el vice.
* El Sr. Secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno.
Por último, a través de la presente, le
informo que, en carácter de Diputada Nacional, seguiré presentado notas a la Oficina
Anticorrupción en la medida que sigan emergiendo más datos que incriminen al Lic.
Amado Boudou en el caso de la ex Ciccone, y asimismo presentaré oportunamente
otras medidas de Juicio Político que considere pertinentes.
La saludo atentamente
Buenos Aires, abril 10 de 2012.-
Señor Presidente de la
H. Cámara de Diputados de la Nación
Dip. D. Julián Domínguez
S / D.-
REF.: EXPTE. 703-D-2012
Pedido de Juicio Político al Sr. Vicepresidente de la Nación
De nuestra consideración:
Tenemos el
agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitarle remita a la Comisión de Juicio Político la
presente nota, para su incorporación al expediente por el que tramita el Proyecto N°
703-D-12, a fin de que la misma sea considerada junto a dicho proyecto, del que es
una ampliación.
Por el mencionado proyecto N° 703-D-12
varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el
señor vicepresidente de la república, por diversas causales que pueden ser
consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el
desempeño de las mismas. Consideramos que nuevos hechos sucedidos con
posterioridad a la presentación del pedido de juicio político pueden ser considerados
nuevas causales de mal desempeño, motivo por el cual venimos a ampliar el pedido por
medio de esta nota. Estas nuevas causales deberán ser analizadas por la Comisión de
Juicio Político en forma conjunta con las antes referidas.
Los hechos nuevos que motivan esta
presentación son los siguientes:
1) El señor vicepresidente convocó a una
conferencia de prensa en la sede de su público despacho, el Senado de la Nación, el día
5 de abril de 2012.
2) En dicha conferencia de prensa el
señor vicepresidente acusó de parcialidad y eventualmente de participar en una
conspiración mafiosa en su contra, al juez que tiene a su cargo la investigación del
eventual accionar delictivo del propio vicepresidente -cuando se desempeñaba como
Ministro de Economía de la Nación-, en el "caso Ciccone". Esta acusación del
investigado al investigador, en medio de las acciones preliminares de la investigación,
analizada en el contexto de otras denuncias que analizaremos en esta nota, parece
implicar dos conductas claramente incompatibles con el buen desempeño del cargo de
vicepresidente: a) vulneración de la división de poderes propia de la forma de gobierno
representativa republicana (artículos 1°, 108 y 116 de la Constitución Nacional), al
pretender influir ilegítimamente en el Poder Judicial de la Nación; b) coacción o
amenaza al magistrado respecto del normal desempeño de sus funciones, dado que la
Justicia solamente ha recolectado evidencias en esa causa. Ello parecería implicar un
intento de presionar para obtener una desviación de poder por parte de los funcionarios
amenazados; y un evidente abuso del poder directo e indirecto que tiene el
vicepresidente.
3) En segundo lugar, el señor
vicepresidente pretendió empañar el honor del señor Procurador General de la Nación,
Dr. Esteban Righi, mediante una acusación a familiares suyos. Esta manera indirecta de
ataque personal contra el jefe de los fiscales que deben investigar e investigan un
eventual accionar delictivo del propio vicepresidente, no parece tener otra lectura que
la búsqueda de coaccionar o amenazar al Procurador General y a los fiscales
intervinientes, en relación al normal desempeño de sus funciones constitucionales
(artículo 120 de la Constitución Nacional). Ello parecería implicar un intento de
presionar para obtener una desviación de poder por parte de los funcionarios
amenazados; y un evidente abuso del poder directo e indirecto que tiene el
vicepresidente.
Podría también tratarse de un ataque al
jefe de los fiscales por haber cumplido con su deber de defender la legalidad y el
interés público o por no haber evitado que un fiscal subordinado -el fiscal de la causa,
Carlos Rivolo- cumpliera con el suyo. Ambas hipótesis configurarían mal desempeño del
señor vicepresidente.
4) En tercer lugar el señor
vicepresidente ha confesado indirectamente que cometió dos veces el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber realizado denuncia
penal cuando en ejercicio de su cargo conoció la comisión de lo que él mismo considera
delitos. En efecto, en la conferencia de prensa, el vicepresidente denunció un intento de
cohecho del señor presidente de la Bolsa de Comercio, el señor Adelmo Gabbi, y de
tráfico de influencias de parientes del señor Procurador General, hechos ocurridos hace
mucho y que él omitió denunciar en tiempo y forma. Advertido de su propio delito por
denuncias penales efectuadas por diversos ciudadanos en su contra, el vicepresidente
procedió a realizar tardíamente las denuncias de lo que él mismo considera delitos. La
autoincriminación en este tema luce como patente.
5) Por último, el señor vicepresidente
también se ha autoincriminado en el mismo "caso Ciccone". En efecto, ha dicho que
hace más de un año el señor presidente de la Bolsa de Comercio participó de un intento
de cohecho al entonces Ministro de Economía y actual vicepresidente, precisamente en
relación con el caso Ciccone. El señor vicepresidente ha dicho siempre que no tenía
relación alguna con ese caso. ¿Por qué entonces a alguien se le ocurriría realizar un
cohecho al entonces ministro y actual vicepresidente al respecto? Esta circunstancia
sorprendente complica de modo severo el relato del señor vicepresidente y aconseja
ampliar la investigación de su conducta al respecto.
Sin otro particular, saludamos al señor
presidente muy atentamente
Firman: Diputados de la Nación Federico
Pinedo, Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, Oscar Aguad, Alberto Jorge Triaca, Paula
Bertol, Ramona Pucheta, Juan Casañas
PROYECTO DE RESOLUCIÓN.
Nº de Expediente 0160-D-2012,
Trámite Parlamentario, 0002 (05/03/2012)
Firmantes BULLRICH, PATRICIA. Giro a
Comisiones PRESUPUESTO Y HACIENDA; FINANZAS; JUSTICIA.
RESUELVE:
Citar al titular de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray para ser interpelado en las comisiones
de Finanzas y Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de
la actuación del organismo en lo concerniente a la ex Ciccone Calcográfica. Deberá
informar en particular:
1) ¿Qué motivó la investigación que se le
realizó a la ex Ciccone Calcográfica por evasión impositiva?
2) ¿Qué resultados arrojó dicha
investigación?
3) ¿Por cuáles motivos dicha investigación
fue suspendida?
4) ¿Bajo que fundamentos se le otorgó un
plan de pago de deuda impositiva con tasa de interés anual menor a la del INDEC a la
actual Compañía de Valores Sudamericana?
5) ¿Qué motivó el retiro de los inspectores
que colaboraban en la megacausa "Viazzo", en la que se investiga el armado, venta y
utilización de facturas apócrifas?
6) ¿Por qué no se han realizado ningún
tipo de inspecciones a la ex Ciccone desde que fue traspasada a The Old Fund
S.A.?
7) ¿Porqué se ha trasladado o cesanteado
a los investigadores de la AFIP que llevaban a cabo la investigación de la ex
Ciccone?
8) ¿Qué hecho motivó el pedido de quiebra
de Ciccone Calcográfica realizada por la AFIP ante la justicia?
9) ¿Qué hecho motivó el pedido de
levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica anteriormente solicitado?
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este pedido de interpelación al
titular de la AFIP la comisión de supuestos actos jurídicos emanados del organismo que
preside el Sr. Echegaray respecto a la ex Ciccone Calcográfica, actualmente Compañía
de Valores Sudamericana, la cual es controlada por el fondo de inversión The Old Fund
S.A. cuyo titular es Alejandro Paul Vandenbroele, supuesto testaferro del Vicepresidente
de la Nación Amado Boudou, conforme lo denunciado por su propia esposa.
La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) no solamente le concedió un extremadamente beneficioso plan de
pagos a la ex imprenta Ciccone Calcográfica sino que también desarmó los equipos que
la investigaban por la presunta utilización de facturas truchas y operaciones
internacionales para una supuesta evasión de hasta decenas de millones de pesos.
Cuando la Compañía de Valores
Sudamericana SA, la ex Ciccone quedó en octubre de 2010 bajo el control de Alejandro
Vandenbroele, la AFIP se encontraba en plena negociación para concederle un régimen
discrecional de pagos en cuotas, con un interés anual menor incluso que la tasa de
inflación oficial del INDEC.
En mayo de 2010, el titular de la AFIP
ordenó el retiro de los investigadores que colaboraban en la megacausa "Viazzo", en la
que se investiga desde hace años el armado, venta y utilización de facturas apócrifas
por empresas de primera línea en una evasión que se estima que superó los $ 615
millones.
Los expertos contables que llevaron a cabo
estas investigaciones fueron trasladados o cesanteados.
A fines de 2010, la AFIP pidió la quiebra de
Ciccone -manejada por la familia del mismo nombre- por una deuda con el Estado. La
firma finalmente quebró. Después de un tiempo, el juez de la quiebra, Javier Cosentino,
decidió que la planta podía ser alquilada. La mejor oferta fue la de la empresa Boldt,
que ganó la compulsa a la Casa de la Moneda y a la AFIP, a cargo de Ricardo
Echegaray. Ciccone fue utilizada entonces por Boldt, una compañía con antecedentes
en el mercado gráfico y del juego. Ese proceso se terminó cuando la AFIP volvió a
interceder pidiendo llamativamente levantar la quiebra de Ciccone, pese a ser quien
antes la había pedido.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal
Económico hizo lugar a esa medida, basándose en resoluciones de la Secretaría de
Comercio Interior, de Guillermo Moreno, que estipuló que Boldt ya tenía su imprenta,
por lo que el alquiler de Ciccone producía una "concentración empresaria" del sector
gráfico.
La vinculación de la AFIP con la EX Ciccone
Calcográfica y su accionar a favor de que la misma pasara a ser controlada por
Alejandro Vandenbroele resulta por demás evidente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Nº de Expediente 0161-D-2012,
Trámite Parlamentario, 0002 (05/03/2012) Firmantes BULLRICH, PATRICIA. Giro a
Comisiones FINANZAS.
RESUELVE:
Convocar a la Presidente del Banco Central
de la República Argentina Mercedes MARCÓ DEL PONT a la Comisión de Finanzas a
efectos de que brinde las explicaciones pertinentes respecto a la licitación que lleva a
cabo la entidad que preside para la impresión de seiscientos millones de billetes de
$100, particularmente respecto a la participación en la misma de la Compañía de
Valores Sudamericana SA (Ex CICCONE CALCOGRÁFICA) y acerca de la reciente
renuncia del Gerente General del BCRA Benigno VÉLEZ.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva esta citación a la Comisión de
Finanzas de la Sra. Presidente del Banco Central de la República Argentina Mercedes
MARCÓ DEL PONT los recientes cuestionamientos respecto de la licitación que lleva a
cabo dicha entidad para la impresión de seiscientos millones de billetes de $100 y sobre
la participación en la misma licitación de la COMPAÑÍA DE VALORES SUDAMERICANA
SA (Ex CICCONE CALCOGRÁFICA).
Como es de público conocimiento, esta
empresa es controlada por Alejandro Paul VANDENBROELE, titular de THE OLD FUND
SA quien ha sido señalado por su propia esposa de ser testaferro del Vicepresidente de
la Nación, Amado BOUDOU, quien sería realmente el titular de estas empresas.
Cabe mencionar que Alejandro Paul
VANDENBROELE es un monotributista clase B, que se vio favorecido sospechosamente
por la Justicia para que THE OLD FUND SA, una empresa que había sido creada en
enero del 2008 con un capital de $ 30.000, pueda adjudicarse el control de otra de
mucho mayor magnitud como CICCONE CALCOGRÁFICA, la cual, se encontraba
investigada por millonarias sumas de evasión fiscal.
Por otra parte, es importante señalar que
días atrás, la Casa de Moneda, a cargo de Katya DAURA, una funcionaria
supuestamente cercana a BOUDOU, le recomendó al Banco Central que habilite a
CICCONE para que pueda imprimir la mitad de la provisión de los billetes de cien pesos
que se pondrán en circulación este año. Se trata de aproximadamente 600 millones de
billetes, una impresión que tendría un costo de 50 millones de dólares.
Además de Katya DAURA en la Casa de la
Moneda, aparece involucrado en Benigno VELEZ, Gerente General del BCRA, que acaba
de ser removido por el gobierno el 22 de febrero de 2012. Es importante destacar la
cercanía de VELEZ con BOUDOU, al haberse desempeñado el pimero como Secretario
de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, y previamente, en la gestión del ex
ministro en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). En tal sentido, por
la naturaleza del cargo que ejercía VELEZ, este podría haber influido para que la
licitación sea concedida a la EX CICCONE a cargo de VANDENBROELE una persona
sospechada de ser testaferro de BOUDOU es alarmante, por ello la exposición de la
Presidente del BCRA acerca de esta licitación resulta fundamental.
Es por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
PROYECTO DE DECLARACION
Iniciado: Diputados Expediente: 1055-D-
2012. Publicado en: Trámite Parlamentario nº 12 Fecha: 19/03/2012
DECLARA
Su repudio y preocupación por las
acusaciones sobre "actitudes destituyentes en contra del gobierno" realizadas el día 7
de marzo último por el Sr. Vicepresidente de la Nación Lic. Amado Boudou contra los
diarios Clarín y La Nación y la catalogación de siete de sus periodistas como
"operadores políticos encubiertos"
Fundamentos
Señor presidente:
Con preocupación hemos escuchado los
dichos del Sr. Vicepresidente de la Nación acusando a los diarios Clarín y La Nación de
"tener actitudes destituyentes contra el gobierno".
Además calificó de "operadores políticos
encubiertos" a los periodistas de ambos medios Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon,
Joaquín Morales Solá, Ricardo Roa, Ricardo Kirschbaum, Julio Blanck y Eduardo Van der
Kooy.
El hecho se produjo en el ámbito de las
declaraciones realizadas en varios medios de comunicación oficialistas a los que les
concedió diversas entrevistas, en las que se defendió de las acusaciones que pesan
sobre él por su presunto involucramiento el tema de la ex empresa Ciccone
Calcográfica.
Al respecto debemos recordar que la
libertad de expresión es el derecho que más veces aparece custodiado en nuestra Carta
Magna y otorga a todos los ciudadanos que habitan nuestro suelo la sagrada posibilidad
de manifestar toda clase de ideas u opiniones sin ningún tipo de condicionamiento ni
represión.
Además la multiplicidad de opiniones y
pareceres nos compromete con la defensa de la libertad de prensa y el derecho de los
periodistas a realizar sus tareas "en un clima de respeto y tolerancia".
Es por ello que repudiamos esta
situación de agravio hacia los medios y sus trabajadores, que empaña los derechos
constitucionales como norma indispensable para una convivencia democrática,
armónica y sólida, construida entre todos y basada en la libertad y el apego al
cumplimiento de las leyes.
De más está decir que esta actitud
descalifica, en primer lugar, a quien la practica el periodismo y debe rechazarse como
modelo y herramienta de coerción para evitar el ejercicio del soberano derecho al
disenso.
Por lo expuesto Sr. Presidente, le
solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
Nº de Expediente 1565-D-2012,
Trámite Parlamentario 0018 (27/03/2012). Firmantes BULLRICH, PATRICIA -
BERTOL, PAULA MARIA - AMADEO, EDUARDO PABLO. Giro a Comisiones FINANZAS;
PRESUPUESTO Y HACIENDA.
DECLARA:
Expresar su más enérgico repudio a las
negociaciones que llevan han restablecido el Banco Central de la República Argentina y
la Casa de la Moneda con el fin de llevar a cabo la impresión de billetes en la Empresa
Valores Sudamericana, en un claro acto lesivo e irrespetuoso hacia la investigación
judicial que se realiza en torno a la misma y funcionarios del Gobierno Nacional por los
delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico
de influencias. Asimismo solicita a estas entidades que se abstengan de contratar y/o
alquilar de forma directa o indirecta a la imprenta de referencia para la labor
mencionada, habiendo además un antecedente reciente al haber anulado una licitación
y echado a un funcionario Benigno Vélez por idéntica causa
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración
el hecho de que en reunión de Directorio del Banco Central de la República Argentina,
su titular Mercedes Marcó del Pont haya instruido a sus funcionarios para que lleven a
cabo a través de la casa de la Moneda una impresión de billetes en la imprenta Valores
Sudamerica SA, presidida por Alejandro Vandenbroele quien se encuentra siendo
investigado por la Justicia por ser un supuesto testaferro del Vicepresidente de la
Nación Amado Boudou.
Las investigaciones que se llevan a cabo
entorno a la Ex Ciccone por la Justicia Nacional y por la Oficina Anticorrupción, tienen
como protagonistas a funcionarios públicos de las entidades que se encuentran
tramitando este negociado como así también a miembros de la AFIP, la Secretaría de
Comercio Interior.
Esta operación de impresión de billetes fue
intentada ya a fines del año pasado, se supo que sin informarle ni esperar la aprobación
previa del Banco Central, la Casa de Moneda habría trasladado a la planta de la ex
Ciccone Calcográfica los insumos necesarios para comenzar las pruebas técnicas, con el
fin de imprimir allí 600 millones de billetes de $ 100.
El traslado de los insumos a la planta, se
habría realizado en la última semana de diciembre, después de que la titular de la Casa
de Moneda, concedió asueto entre el 24 de diciembre y el 3 de enero a todo el personal
de la sociedad del Estado.
Recién a fines de enero, desde la Casa de
Moneda, habrían informado al BCRA que la empresa estatal podía encargarse de la
provisión de 1300 millones de billetes de $ 100, pero que para eso subcontrataría a la
ex Ciccone.
Esta operación se frenó abruptamente
cuando el escándalo tomó conocimiento público. La Presidente del Banco Central echó a
un funcionario Benigno Velez y anuló la licitación. Hoy la compra sería directa. El Banco
Central y la Casa de la Moneda vuelven a impulsar la operación de la impresión de
billetes en la Ex Ciccone, en un acto temerario y malicioso que tiene como objetivo
desacreditar y desautorizar el accionar judicial y dar un claro mensaje que se traduce
en la protección y garantía de impunidad y de los probables actos delictivos de sus
funcionarios.
Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente,
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
A continuación se Adjuntan el Proyecto y
las Cartas enviadas a la Titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y la
Presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura:
Banco Central de la República Argentina.-
Lic. Mercedes Marcó del Pont.-
S/D.-
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi
calidad de Diputada de la Nación, a fin de solicitarle que ante la inminente operación de
emisión de billetes de $100 para renovar su existencia o ampliar la base monetaria
nacional tenga a bien abstenerse de contratar para cualquier tarea relativa a esa labor
los servicios de la imprenta de la Ex Ciccone Calcográfica ya sea a través de la entidad
que usted preside o a través de la casa de la moneda toda vez que dicha firma
controlada actualmente por La Compañía de Valores Sudamericana que preside
Alejandro Vandenbroele es investigada por lavado de dinero, negociaciones
incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, investigación en la cual se
encuentra implicado el Vicepresidente de la Nación.-
La investigación que lleva a cabo el Juez
Rafecas y el Fiscal Rívolo, tal como usted lo sabe es de público y notorio
conocimiento.
De configurarse esa situación la entidad
que usted preside y el Gobierno Nacional le estarían mandando un claro mensaje al
Poder Judicial el cual consiste en que se vela por la impunidad de los actos ilícitos y
delictivos de los funcionarios involucrados,
Los delitos que se investigan no son
menores y se encuentran involucrados no solo el Vicepresidente de la Nación, sino
también la titular de la Casa de la Moneda Katya Daura.
Usted misma transmitió a la ciudadanía
que la licitación para la impresión de billetes merecía ser frenada, tanto que le costó el
cargo a Benigno Vélez, Gerente General de la entidad. Hoy usted volvería atrás
agravando el hecho, ya que además tomaría la decisión de la impresión mediante una
contratación directa.
Los hechos acontecidos en torno a la Ex
Ciccone no solo se investigan en sede judicial, sino que también son investigados por la
Oficina Anticorrupción y han tenido como consecuencia la presentación de un pedido de
Juicio Político contra el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Se estudia el
accionar en relación con esta empresa de funcionarios de la entidad que Usted preside,
de la casa de la moneda, de la secretaría de comercio interior, de la AFIP.
Por todo esto llevar a cabo la impresión de
billetes en la Ex Ciccone no constituiría simplemente un acto imprudente o
irresponsable, sino que sería como manifiesto anteriormente una clara señal del
respaldo hacia la impunidad en conductas delictivas.
En atención a todo lo expuesto y dado lo
delicado, sensible e importante del tema abordado, solicito a UD nuevamente que se
abstenga de contratar directa o indirectamente a la Ex Ciccone Calcográfica para la
impresión de billetes.
Saludo ATTE.
Casa de la Moneda.-
Katya Daura.-
S/D.-
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi
calidad de Diputada de la Nación, a fin de solicitarle que ante la inminente operación de
emisión de billetes de $100 para ampliar la base monetaria nacional tenga a bien
abstenerse de contratar o alquilar para cualquier tarea relativa a esa labor los servicios
de la imprenta de la Ex Ciccone Calcográfica toda vez que dicha firma controlada
actualmente por La Compañía de Valores Sudamericana que preside Alejandro
Vandenbroele es investigada por lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la
función pública y tráfico de influencias, investigación en la cual se encuentra implicado
el Vicepresidente de la Nación.-
La investigación que lleva a cabo el Juez
Rafecas y el Fiscal Rívolo, tal como usted lo sabe es de público y notorio conocimiento.
Diferentes versiones dan cuenta que la entidad que usted preside, llevaría a cabo con el
aval del Banco Central de la República Argentina la impresión de 600 millones de
billetes de $100 en la imprenta ut supra mencionada alquilando las máquinas a la Ex
Ciccone.
De configurarse esa situación la entidad
que usted preside y el Gobierno Nacional le estarían mandando un claro mensaje al
Poder Judicial el cual consiste en que se vela por la impunidad de los actos ilícitos y
delictivos de los funcionarios involucrados,
Los delitos que se investigan no son
menores y se encuentran involucrados no solo el Vicepresidente de la Nación, sino que
también Ud. y funcionarios de su entidad forman parte de la investigación por el
anterior intento de licitación y las pruebas de impresión que han llevado a cabo en la
imprenta y que este hecho ha salpicado también a funcionarios del Banco Central de la
República Argentina, ocasionando entre otras cosas la renuncia del Gerente General de
la entidad; Benigno Vélez en los últimos tiempos.
Los hechos acontecidos en torno a la Ex
Ciccone no solo se investigan en sede judicial, sino que también son investigados por la
Oficina Anticorrupción y han tenido como consecuencia la presentación de un pedido de
Juicio Político contra el Vicepresidente de la Nación Amado Boudou. Se estudia el
accionar en relación con esta empresa de funcionarios de la entidad que Usted preside,
del BCRA, de la secretaría de comercio interior, de la AFIP y del Poder Judicial de la
Nación.
Por todo esto llevar a cabo la impresión de
billetes en la Ex Ciccone no constituiría simplemente un acto imprudente o
irresponsable, sino que sería como manifiesto anteriormente una clara señal del
respaldo hacia la impunidad en conductas delictivas.
En atención a todo lo expuesto y
dado lo delicado, sensible e importante del tema abordado, solicito a Ud. nuevamente
que se abstenga de contratar o alquilar directa o indirectamente a la Ex Ciccone
Calcográfica para la impresión de billetes.
Saludo ATTE.
Buenos Aires, 24 de junio de 2013.-
Señor Presidente de la
H. Cámara de Diputados de la Nación
Dip. D. Julián Domínguez
S / D.-
REF.: EXPTE. 703-D-2012
Pedido de Juicio Político al Sr.
Vicepresidente de la Nación
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de solicitar le remita a la Comisión de Juicio
Político la presente nota, para su incorporación al expediente por el que tramita el
Proyecto N° 703-D-12, a fin de que la misma sea considerada junto a dicho proyecto,
del que es una ampliación.
Por el mencionado proyecto N° 703-D-12 varios señores diputados hemos solicitado se
inicie el trámite de juicio político contra el señor vicepresidente de la República, por
diversas causales que pueden ser consideradas mal desempeño de sus funciones o
implicar inhabilidad moral para el desempeño de las mismas. Consideramos que nuevos
hechos sucedidos con posterioridad a la presentación del pedido de juicio político
pueden ser considerados nuevas causales de inhabilidad moral o comisión de delitos en
el ejercicio de su función de Vicepresidente, motivo por el cual venimos a ampliar el
pedido por medio de esta nota. Estas nuevas causales deberán ser analizadas por la
Comisión de Juicio Político en forma conjunta con las antes referidas.
Los hechos nuevos que motivan esta presentación son los siguientes:
Como es de público y notorio conocimiento, la Diputada Nacional Graciela Ocaña realizó
una nueva denuncia contra el cuestionado Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou,
por probables hechos de corrupción, relacionados en esta ocasión con la asignación de
publicidad oficial a empresas vinculadas al funcionario, sin que apareciera su nombre
como parte de las mismas, las cuales funcionarían como una especie de puente para
que dichos fondos erogados de las arcas estatales, recayeran en la empresa Aspen a la
cual el Vicepresidente declara como propia.
Habida cuenta de la naturaleza del cargo de Boudou, el Estado no podría contratar con
Aspen de forma directa, es por eso que la contratación se realiza con las sociedades
WSM y Rock Argentina presididas por uno de los mejores amigos de Boudou, Juan
Carlos López, quien a su vez integra la empresa Aspen.
El monto asignado a las empresas denunciadas en concepto de publicidad oficial
durante el año 2012 alcanzaría la suma de Pesos Cinco Millones Quinientos Mil
($5.500.000), con el agravante de que estas sociedades no tenían la estructura
necesaria para dar el servicio por el que fueron contratadas por el Gobierno y que
resulta por demás sospechoso que a su vez la única proveedora de WSM sea la
empresa Aspen, propiedad del Vicepresidente.
Este entramado societario y comercial está siendo investigado por el juez Ariel Lijo en la
causa Ciccone, en la que Boudou está imputado por enriquecimiento ilícito y
negociaciones incompatibles con la función pública, causa que dio origen a este pedido
de juicio político. Ese expediente sumará a partir de ahora más información sobre estas
cuestiones.
Conforme con lo manifestado por la Diputada Ocaña, en una nota fechada el 12 de
junio, la Jefatura de Gabinete le informó a la misma que WSM y Rock Argentina
recibieron fondos de publicidad oficial para que difundan avisos gubernamentales en
sus sistemas de carteleras públicas.
El escrito remitido por la Jefatura de Gabinete informó que las contrataciones incluían
que la pauta publicitaria oficialista se vería en un "circuito de pantallas digitales y
terminales de autoconsultas en sucursales bancarias". Este servicio es brindado por
WSM y Rock Argentina, afirmó la Jefatura de Gabinete, en "509 pantallas digitales y
terminales de autoconsulta" de los bancos Macro, Formosa, Finansur, Nuevo Banco
Industrial de Azul, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Columbia y
Supervielle.
A esta cadena de avisos electrónicos se le sumarían, además, los carteles que la
empresa posee en las rutas 2 y 11 y en la ciudad de Mar del Plata. Las compañías
también difundirían la publicidad oficial en "2 camiones transluminados" con "recorrido
diurno nocturno por las principales arterias" de una "ciudad" que se no especifica.
Sin embargo, según manifestó Ocaña, buena parte de los bancos mencionados por la
Jefatura de Gabinete como difusores de los avisos de WSM no saben nada del tema:
"Consulté con varias de estas entidades financieras para chequear la información
brindada por el Gobierno, y me contestaron que entre sus proveedores no se
encontraba WSN. Parece extraño que pongan publicidad sin tener contrato con ella".
Según la denunciante lo que realmente aconteció es que: "han usado esta justificación
sobre WSN ante la evidencia de que la empresa en realidad fue usada como
'pasamanos' de dinero del Estado a una empresa privada, Aspen". "WSM tiene como
único proveedor a la empresa Aspen, de la cual Boudou es titular. Claramente se realizó
un traspaso de dinero entre estas sociedades".
Es asimismo importante recordar que Juan Carlos López, presidente de WSM y Rock
Argentina, integrante a la vez de Aspen, fue testigo de divorcio de Boudou y que es uno
de sus mejores amigos.
Esta nueva situación que se configura en el accionar del vicepresidente no hace más
que engrosar la larga lista de procesos o investigaciones que vienen relacionándose en
torno a su persona, las cuales se han detallado en presentaciones anteriores y
volvemos a continuación nuevamente a detallar:
1) Dádivas, realizada por el abogado Ricardo Monner Sans;
2) Por el uso del helicóptero de un contratista del Estado; en el juzgado federal de
Sergio Torres
3) Por uso de fondos de la ANSES que está radicada en el juzgado de María Romilda
Servini de Cubría.
4) Más otra causa donde se investiga si puso a su a su nombre un auto con
documentación falsa, que instruye el juez Claudio Bonadio.
5) No siendo necesario recordar que también está siendo investigado por la Causa
Ciccone la cual dio lugar al presente pedido de Juicio Político que se pretende ampliar.
6) Gastos injustificables en viáticos del Vicepresidente y su comitiva.
Como medio de prueba se solicita se remita nota a la Diputada Nacional Graciela
Ocaña, solicitándole remita copia de la nota que le cursara la Jefatura de Gabinete de
Ministros sobre los gastos de publicidad oficial a favor de WSM y Rock Argentina;
asimismo se le solicite que remita copias de la denuncia y/o presentación realizada por
la misma ante el juzgado del Dr. Ariel Lijo.
Se solicita asimismo se cite a prestar declaración a la Diputada Graciela Ocaña y al Jefe
de Gabinete de Ministros Juan Manuel Abal Medina.
Atento lo expuesto solicitamos se incorpore esta nota al pedido de juicio político al
vicepresidente, presentado como pedido de resolución 703-D-2012.
Sin otro particular, saludamos al señor presidente muy atentamente,
Firman: Patricia Bullrich (Unión Por Todos),
Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Omar De Marchi (Partido Demócrata de
Mendoza), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), y Ramona Pucheta (MIJD).
Los Diputados Nacionales Patricia Bullrich
(Unión Por Todos) Federico Pinedo (Pro), Omar De Marchi (Demócrata de Mendoza),
Oscar Aguad (UCR) y Eduardo Amadeo (Frente Renovador), presentaron dos notas, una
a la Presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Dip. Adela
Segarra y la otra al titular de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, en donde le
solicitan a la primera, un rápido tratamiento del proyecto de pedido de Juicio Político al
Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou y al segundo se le solicita que intime a
dicha Diputada a un rápido tratamiento del mencionado proyecto presentado en el año
2012 por los Diputados nombrados.
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2013.-
Señora Presidente de la
Comisión de Juicio Político de la
Honorable Cámara de Diputados de la
Nación
Dip. D. Adela Rosa Segarra
S / D.-
REF.: EXPTE. 703-D-2012
Pedido de Juicio Político al
Sr.Vicepresidente de la Nación
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a
fin de solicitar que en el uso de sus facultades como Presidente de la Comisión de Juicio
Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación tenga a bien dar un rápido y
efectivo tratamiento del Proyecto N° 703-D-12, el cual nunca tuvo efectivo tratamiento
pese a haber sido presentado hace más de un año y medio atrás, de haber sido
reproducido en este período legislativo y de ser ampliado por aparición de hechos
nuevos en más de una ocasión.
Por el mencionado proyecto N° 703-D-12
varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el
señor vicepresidente de la república, por diversas causales que pueden ser
consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el
desempeño de las mismas. Durante el transcurso del tiempo en donde el expediente
estuvo cajoneado consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la
presentación del pedido de juicio político podían ser considerados nuevas causales de
inhabilidad moral o comisión de delitos en el ejercicio de su función de Vicepresidente,
motivo por el cual se ha ampliado el pedido en más de una ocasión.
Los motivos por los cuales no se ha dado
tratamiento a este y otros proyectos de pedido de juicio político de distintos
funcionarios entendemos que son políticos pero que nada tiene que ver con el buen
funcionamiento de esta Honorable Cámara.
Desde distintos miembros de la bancada
oficialista, mayoritaria tanto en esta comisión como en la Honorable Cámara, se ha
dicho que las denuncias que pesaban sobre el vicepresidente eran débiles, que no
tenían sustento y que la causa penal caería sola.
Transcurrido el tiempo vemos que esta
situación no es así, que muy por el contrario a lo que manifiestan desde el oficialismo,
la Cámara de Casación Penal ratificó la validez de la declaración de Laura Muñoz, ex
esposa de Alejandro Vanderbroele, señalado en esta investigación como supuesto
testaferro del Vicepresidente de la República.
La ratificación de dicha declaración que
entendemos que es uno de los elementos más importantes en esta investigación que
realiza la justicia, es razón suficiente para que el Honorable Congreso de la Nación
asuma el rol que le corresponde, dando tratamiento a este pedido de juicio político e
investigue en lo que le corresponda sobre la supuesta incursión del Vicepresidente
Boudou en el delito de mal desempeño de sus funciones, inhabilidad moral para el
desempeño de las mismas o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Entendemos asimismo que la paralización
de un proyecto presentado por Diputados elegidos por la voluntad popular sin su
adecuado tratamiento, constituye una violación al sistema de representación de las
minorías que nuestro sistema democrático y republicano que nuestra Constitución
Nacional dispone.
Es por todo lo expuesto que solicitamos
que tenga a bien dar un rápido y efectivo tratamiento al pedido de juicio político al
Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou presentado como pedido de resolución
703-D-2012.
Sin otro particular, saludamos al señor
presidente muy atentamente,
Firman: Bullrich, Patricia - Amadeo,
Eduardo Pablo - Aguad, Oscar Raul - Pinedo, Federico - Pucheta, Ramona - Bertol,
Paula Maria - Casañas, Juan Francisco - Pradines, Roberto Arturo - De Marchi, Omar
Bruno.
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 2013.-
Señor Presidente de la
H. Cámara de Diputados de la Nación
Dip. D. Julián Domínguez
S / D.-
REF.: EXPTE. 703-D-2012
Pedido de Juicio Político al
Sr. Vicepresidente de la Nación
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a
fin de solicitar que en el uso de sus facultades como Presidente de esta Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, intime a la Comisión de Juicio Político y a su
Presidente Adela Rosa Segarra a dar un rápido y efectivo tratamiento del Proyecto N°
703-D-12, el cual nunca tuvo efectivo tratamiento pese a haber sido presentado hace
más de un año y medio atrás, de haber sido reproducido en este período legislativo y
de ser ampliado por aparición de hechos nuevos en más de una ocasión.
Por el mencionado proyecto N° 703-D-12
varios señores diputados hemos solicitado se inicie el trámite de juicio político contra el
señor vicepresidente de la república, por diversas causales que pueden ser
consideradas mal desempeño de sus funciones o implicar inhabilidad moral para el
desempeño de las mismas. Durante el transcurso del tiempo en donde el expediente
estuvo cajoneado consideramos que nuevos hechos sucedidos con posterioridad a la
presentación del pedido de juicio político podían ser considerados nuevas causales de
inhabilidad moral o comisión de delitos en el ejercicio de su función de Vicepresidente,
motivo por el cual se ha ampliado el pedido en más de una ocasión.
Los motivos por los cuales no se ha dado
tratamiento a este y otros proyectos de pedido de juicio político de distintos
funcionarios entendemos que son políticos pero que nada tiene que ver con el buen
funcionamiento de esta Honorable Cámara.
Desde distintos miembros de la bancada
oficialista, mayoritaria tanto en esta comisión como en la Honorable Cámara, se ha
dicho que las denuncias que pesaban sobre el vicepresidente eran débiles, que no
tenían sustento y que la causa penal caería sola.
Transcurrido el tiempo vemos que esta
situación no es así, que muy por el contrario a lo que manifiestan desde el oficialismo,
la Cámara de Casación Penal ratificó la validez de la declaración de Laura Muñoz, ex
esposa de Alejandro Vanderbroele, señalado en esta investigación como supuesto
testaferro del Vicepresidente de la República.
La ratificación de dicha declaración que
entendemos que es uno de los elementos más importantes en esta investigación que
realiza la justicia, es razón suficiente para que el Honorable Congreso de la Nación
asuma el rol que le corresponde, dando tratamiento a este pedido de juicio político e
investigue en lo que le corresponda sobre la supuesta incursión del Vicepresidente
Boudou en el delito de mal desempeño de sus funciones, inhabilidad moral para el
desempeño de las mismas o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Entendemos asimismo que la paralización
de un proyecto presentado por Diputados elegidos por la voluntad popular sin su
adecuado tratamiento, constituye una violación al sistema de representación de las
minorías que nuestro sistema democrático y republicano que nuestra Constitución
Nacional dispone.
Es por todo lo expuesto que solicitamos
que se intime a la Presidente de la Comisión de Juicio Político, Adela Rosa Segarra a dar
un rápido y efectivo tratamiento al pedido de juicio político al Vicepresidente de la
Nación, Amado Boudou presentado como pedido de resolución 703-D-2012.
Sin otro particular, saludamos al señor
presidente muy atentamente,
Firman: Bullrich, Patricia - Amadeo,
Eduardo Pablo - Aguad, Oscar Raul - Pinedo, Federico - Pucheta, Ramona - Bertol,
Paula Maria - Casañas, Juan Francisco - Pradines, Roberto Arturo - De Marchi, Omar
Bruno.
Buenos Aires, 6 de Febrero de 2014.
Señora Presidente de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
S / D.-
REF.: EXPTE. 703-D-2012
Pedido de Juicio Político al Sr. Vicepresidente de la Nación
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. para solicitarle que de forma urgente convoque
al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias, para dar inmediato
tratamiento al expediente N° 703-D-12, que solicita el pedido de juicio político al
Vicepresidente de la Nación Amado Boudou por su posible responsabilidad resultante
del mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Este pedido de juicio político con sus posteriores ampliaciones se basan en el accionar
del Vicepresidente tanto en sus anteriores funciones de Ministro de Economía como en
su actual rol de Vicepresidente de la República para hacerse con el control a través de
personas de su círculo íntimo de la ex Ciccone Calcográfica.
No es esta la única causa por la cual se solicita su juicio político sino que como podrá
verse en las distintas ampliaciones también el vicepresidente ha cometido
irregularidades respecto al mobiliario del Honorable Senado de la Nación que preside y
respecto a distintos viajes oficiales por los que ha percibido viáticos pese a que
resultaba imposible que los hubiera realizado.
En las copias que se adjuntan a este escrito podrá Ud. interiorizarse detalladamente de
estos y otros hechos que se denuncian contra el Vicepresidente el cual dan lugar al
pedido de Juicio Político, el cual lleva ya más de dos años siendo ignorado y "
cajoneado" por la comisión de Juicio Político, la cual se ha negado a tratarlo, sin
explicar fehacientemente el motivo de su no tratamiento, aunque algunos de sus
integrantes, partes de la bancada oficialista han manifestado públicamente que es por
no haber, en teoría, pruebas suficientes en la justicia contra el Vicepresidente, que todo
es una invención de los medios de comunicación; todas excusas que hoy caen por su
propio peso cuando se solicita la citación del vicepresidente ante la justicia penal para
brindar declaración indagatoria en esta investigación; toda vez que hay indicios
suficientes para sospechar que ha tenido una conducta penada por la ley.
Consideramos que el hecho de que el Vicepresidente de la Nación sea convocado por la
justicia penal para brindar declaración indagatoria, con la posibilidad latente de que
quede procesado por delitos en el cumplimiento de su función pese a sus innumerables
intentos procesales y mediáticos de boicotear la investigación revisten una gravedad
suficiente para que el Congreso de la Nación en el pleno uso de sus facultades le de
tratamiento al Juicio Político de su persona, recordando que dar curso al mismo no
implica una condena anticipada al Vicepresidente, sino la investigación de los hechos
por parte de este Honorable Congreso para establecer su responsabilidad política en los
hechos que se le imputan y que tras la misma respetando los procesos establecidos,
sea el Honorable Senado quien juzgue si corresponde destituir o no al Vicepresidente,
todo según lo establecido por la Constitución Nacional.
No se entiende la parálisis de esta Honorable Cámara en general y de la Comisión de
Juicio Político en particular para dar curso al tratamiento de este expediente, de no
haber dudas acerca de la inocencia y aptitud del Vicepresidente, el pedido hubiera sido
desechado ya hace tiempo, sin embargo inexplicablemente se ha optado por la
estrategia de "cajonear" el mismo.
Es por todo lo expuesto que consideramos de vital importancia que se le de inmediato
tratamiento a este expediente por lo que reiteramos la solicitud para que convoque a
sesiones extraordinarias al Honorable Congreso de la Nación para dar inmediato
tratamiento al pedido de Juicio Político al Vicepresidente de la Nación Lic. Amado
Boudou.
Se adjuntan copias del pedido de Juicio Político presentado, el cual ha sido reproducido
en tiempo y forma y goza de estado parlamentario y de las ampliaciones al mismo.
A todos los efectos legales constituimos domicilio procesal en nuestros públicos
despachos citos en Riobamba 25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firman: Patricia Bullrich (Unión Por Todos),
Federico Pinedo (PRO), Oscar Aguad (UCR), y Roberto Pradines (Demócrata de
Mendoza).
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
BULLRICH, PATRICIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
SCHMIDT LIERMANN, CORNELIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
CACERES, EDUARDO AUGUSTO | SAN JUAN | UNION PRO |
TONELLI, PABLO GABRIEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
PRADINES, ROBERTO ARTURO | MENDOZA | DEMOCRATA DE MENDOZA |
MAC ALLISTER, CARLOS JAVIER | LA PAMPA | UNION PRO |
BROWN, CARLOS RAMON | BUENOS AIRES | FE |
ALONSO, LAURA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
TORRES DEL SEL, MIGUEL IGNACIO | SANTA FE | UNION PRO |
MAJDALANI, SILVIA CRISTINA | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
MARTINEZ, SOLEDAD | BUENOS AIRES | UNION PRO |
BERGMAN, SERGIO ALEJANDRO | CIUDAD de BUENOS AIRES | UNION PRO |
GONZALEZ, GLADYS ESTHER | BUENOS AIRES | UNION PRO |
SCAGLIA, GISELA | SANTA FE | UNION PRO |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
JUICIO POLITICO (Primera Competencia) |
Dictamen
Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
---|---|---|---|
Diputados | Orden del Dia 0433/2014 - DICTAMEN CONJUNTO DE LOS EXPEDIENTES 0703-D-2012, 7951-D-2013, 8128-D-2013, 8273-D-2013, 0936-D-2014, 4228-D-2014, 4269-D-2014, 5148-D-2014, 5151-D-2014 y 5156-D-2014 | DICTAMEN DE MAYORIA: ACONSEJA RECHAZAR IN LIMINE LOS PEDIDOS DE JUICIO POLITICO; CINCO DICTAMENES DE MINORIA: ACONSEJAN LA APROBACION DE PROYECTOS DE RESOLUCION PROMOVIENDO EL JUICIO POLITICO; CONSIDERADO JUNTO CON EXPEDIENTE 0116-P-2013; FE DE ERRATAS; OBSERVACIONES: 2 SUPLEMENTOS CON FE DE ERRATAS | 12/08/2014 |