El Senado y Cámara de Diputados...

Derogación de las Resoluciones Ministeriales Nº 125 y Nº 141

de marzo de 2008

Artículo 1°: Deróguese la Resolución Nº 125 de fecha 10 de marzo de 2008 y su modificatoria, Resolución Nº 141 del 13 de marzo del mismo año, del Ministerio de Economía y Producción del Poder Ejecutivo Nacional.

Artículo 2 º: Crease una Mesa de Diálogo en el ámbito de la Congreso de la Nación con el objetivo de determinar los lineamientos de una política de mediano y largo plazo en materia agropecuaria. La misma deberá contar con la participación de miembros de ambas Cámaras en representación proporcional a los distintos bloques y de todos los sectores involucrados: Ministerio Nacional de Economía y Producción, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y las asociaciones representantes de los distintos sectores de la actividad agropecuaria.

Artículo 3 º: De forma.

Señor presidente:

La Constitución Nacional expresa en el artículo 75, inciso 1: "Corresponde al Congreso: Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación".

Que mediante el artículo 755 del Código Aduanero, este Congreso dispuso que:

"En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá:

a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo;

b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y

c) modificar el derecho de exportación establecido".

Que mediante las Resoluciones Nº 125 y Nº 141 ambas de marzo del corriente año, del Ministerio de Economía y Producción por su delegación, el Poder Ejecutivo ejerció facultades propias del Parlamento de la Nación que oportunamente le fueran delegadas para el buen gobierno de los asuntos públicos.

Visto las consecuencias acaecidas por dichas medidas y la aparente falta de reacción del Poder Ejecutivo Nacional, corresponde a este Congreso retomar las facultades conferidas a fin de volver las cosas al estado anterior para viabilizar una instancia de diálogo que permita arribar a una solución entre todos los sectores.

Este tipo de medidas ya han sido tomadas por el Congreso ante circunstancias que como la presente, lo ameritaron por el alto nivel de conflictividad interna que ocasionaron. Vale como ejemplo la Ley Nº 25.715, sobre aranceles para la importación de azúcar, sancionada el 28 de noviembre del 2002, la que luego de ser vetada por el Poder Ejecutivo, fue confirmada en su anterior sanción por ambas cámaras de este Honorable Congreso.

El problema del campo, no es sólo del campo ni de sus entidades, es un problema social, económico y político de escala nacional. Es necesario descomprimir el malestar que se vive hoy día en cada pueblo del interior y en cada corte de ruta por estos recientes aumentos en la alícuota de los derechos de exportación de los productos agrícolas para evitar consecuencias mayores como un potencial pero cercano desabastecimiento y aumento de precios de productos primarios de consumo en todo el país.

Debemos intervenir institucionalmente en este conflicto para procurar su solución. El objetivo de este proyecto es precisamente recomponer el diálogo perdido entre los sectores o partes (ministerio nacional, secretaría de agricultura y ganadería y las asociaciones representantes de las actividades agropecuarias) para plantear una verdadera política agropecuaria para el mediano y el largo plazo, como no ha tenido la Argentina hasta ahora. Una política de estado que aproveche las extraordinarias condiciones internacionales que vive el sector y que permita a la vez, un desarrollo sustentable y sostenido del mercado interno argentino.

La política del gobierno para este sector sólo ha favorecido y estimulado la concentración de la producción cerealera, y casi exclusivamente de soja, en manos de unos pocos. El aumento constante y desproporcionado de las alícuotas que pagan los productores por los derechos de exportación de manera indiscriminada desconsideran, por su naturaleza misma, si se trata de una gran pool de siembra de la Pampa húmeda o de un pequeño productor de tierras más marginales.

Esta indiferenciación de la enorme presión tributaria, en rigor la única "política" del gobierno, ha obligado a desplazar a decenas de miles de pequeños y medianos productores de las actividades del campo, que se vieron obligados a vender o a arrendar sus tierras en beneficio de los grandes actores del negocio. La sojización del campo argentino y la consiguiente concentración de la producción que esta acarrea, afecta directamente al entramado social del interior de nuestro país irreversiblemente.

Finalmente, por las razones antes expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto.