La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que expresa su condena y repudio a la última dictadura militar argentina al cumplirse 32 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Asimismo, manifiesta su inclaudicable compromiso con la democracia, sus instituciones, y contra la impunidad.

Señor presidente:

Al cumplirse un nuevo aniversario del último Golpe de Estado en la Argentina, ocurrido el 24 de marzo de 1976, resulta necesario recordarlo, repudiarlo y condenarlo. Sigue siendo fundamental para la memoria colectiva de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestra democracia, condenar la interrupción del orden constitucional encabezada por la Junta Militar conformada por Videla, Agosti y Massera, y la instauración del terrorismo de Estado, repudiar el derrocamiento del gobierno democrático por parte de la comandancia de las Fuerzas Armadas de nuestro país, así como recordar a los desaparecidos y víctimas de aquél terrorismo.

En el marco de la consolidación de las dictaduras militares que azotaban durante la década del '70 a diversos países latinoamericanos, desde el Estado argentino no sólo se violaron sistemáticamente los derechos humanos, habiendo desaparecido treinta mil personas y ocurrido entre otras aberraciones, la tortura y la apropiación de los hijos de detenidos- desaparecidos, sino que también se asumieron trascendentes decisiones como la estatización de deuda externa privada y la guerra por las Islas Malvinas, hechos que todavía hoy tienen consecuencias para los argentinos.

Es importante destacar que mientras el juicio a los integrantes de las Juntas Militares que condenó a los responsables, resultó trascendente para la justicia y el fortalecimiento de la democracia argentina, el indulto otorgado el 28 de diciembre de 1990, por el ex Presidente Carlos S. Menem, a quienes habían sido encontrados culpables y sentenciados en dicho juicio, resultó una de las mayores injusticias al pretender que compartiéramos la libertad con los genocidas, y puede situarse como un acto de impunidad cuyas consecuencias han sido devastadoras para la democracia y los derechos humanos.

En relación a la impunidad y la legislación sancionada una vez restablecida la democracia, cabe mencionar que con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 14 de junio de 2005, que declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final -luego de la nulidad de las mismas por parte del propio Congreso-, ya no existen obstáculos legales para que tengan lugar los jucios contra los responsables a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura.

En la lucha contra la impunidad, signada por acontecimientos como los mencionados, atravesamos tiempos de sentencias que reivindican la búsqueda de verdad y justicia, pero también de fuertes y apropiados reclamos e iniciativas contra la demora de causas como la del Cuerpo I del Ejercito y la ESMA.

En este marco ocurre la desaparición de Julio López, más específicamente en el transcurso del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, primer represor llevado a juicio oral y público luego de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, desaparición que vuelve trágicamente palpables las consecuencias de la impunidad, y que nos convoca en la necesidad de reafirmar y comprometer a esta Cámara de Diputados en la lucha por juicio y castigo a los culpables de los crímenes de la última dictadura y por la aparición con vida de Julio López.

Una vez más, es necesario expresar nuestro compromiso con los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.