La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, interceda ante las autoridades de la provincia de Tucumán para controlar el cumplimiento de los acuerdos firmados entre esta y la provincia de Santiago del Estero en lo referente a la contaminación de productos químicos que son usados en la producción y tratamiento de la zafra en la caña de azúcar, y desechados en ríos que desembocan en el embalse de Río Hondo.

Señor presidente:

La provincia de Santiago del Estero se encuentra en un grave y preocupante problema ambiental producto por la contaminación de productos químicos que son usados en la producción y tratamiento de la zafra en la caña de azúcar en ingenios de la hermana provincia de Tucumán, a través del uso del bioetanol en gran escala que generan miles de millones de litros de vinaza, que son desechadas en ríos que desembocan en el embalse de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero.

Estamos a días de que comience la zafra y todavía no conocemos las obras y/o trabajos para que se realicen una disposición final de este desecho en condiciones que marcan las normas y leyes vigentes que eviten la contaminación. Como así también, tampoco se ha informado sobre el destino qué tendrá la vinaza acumulada en muchas de las plantas y que representa una amenaza para el equilibrio ecológico del sistema hídrico y por sobre todo, para la salud de cientos de miles de habitantes de la cuenca, principalmente de las provincias de Santiago y Tucumán.

La preocupación por no saber qué se va a hacer con los millones de litros de residuo contaminante se acrecienta teniendo en cuenta que el gobierno tucumano no da respuestas. Su silencio es interpretado por ambientalistas de su propia provincia, cuyos responsables incluso evitaron cumplir con la citación de la Justicia federal de Santiago del Estero presentando una serie de objeciones de forma al proceso que se les sigue.

La inquietud de los santiagueños ha sido sintetizada por el gobernador Gerardo Zamora cuando dijo: "Nos preocupa qué se va a hacer con toda la vinaza que acumulan los ingenios" porque "prácticamente la única vía de escape que vemos por ahora son los afluentes de la cuenca".

Pasaron dos meses y medio de la firma del acuerdo entre Santiago y Tucumán, y la Secretaría de Ambiente de la Nación, y todavía desde la vecina provincia no hay indicios o gestos concretos de que se está abordando el tema con seriedad. Solamente hay expresiones y promesas del gobierno tucumano de que cumplirá con el plan vinaza y ceniza cero. Sin embargo, poco hizo para exigir a los industriales azucareros a que inviertan en el saneamiento ambiental. Los mil millones de litros de vinaza acumulados en varios ingenios, producto de la zafra 2011, son una prueba acabada de que las plantas industriales todavía no hicieron los trabajos pactados. Lo peor, es que comenzará de nuevo la actividad industrial y habrá un mayor volumen de este residuo industrial. El lento desempeño del gobierno, es aprovechada por los empresarios tucumanos que retomaron la práctica perversa de despedir empleados argumentando que no tienen capacidad de inversión para resolver la contaminación que generan sus fábricas. Además comenzaron a atacar a las ONGs ambientalistas, acusándolas de estar en contra de la producción de bioetanol y el desarrollo económico de la provincia, cuando en realidad, los ecologistas fueron claros al manifestar que no quieren que se deje de producir, sino que se produzca respetando las normativas ambientales y la salud de las personas.

El 2012 había comenzado con la implementación de un nuevo programa ambiental, pensado para terminar con la contaminación del Embalse Río Hondo provocada por las industrias de Tucumán, y particularmente por los ingenios que destilan alcohol, consideradas las que más agreden al ambiente, y responsables de los mayores desastres ecológicos que sufrió la cuenca Salí Dulce.

La administración del gobernador José Alperovich aseguraba que con el plan denominado Vinaza y Ceniza Cero (elementos tóxicos que generan las destilerías), que forma parte del acuerdo entre las provincias, se instrumentarían castigos más severos a las fábricas que no cumplan con el plan. Pero, lamentablemente, los antecedentes con respecto a otros pactos y compromisos asumidos que no fueron cumplidos, despiertan serias dudas de la credibilidad de los tucumanos. Y siempre con la excusa perenne de que si invertían en el saneamiento tendrían que cerrar las plantas y dejar gente sin trabajo, las empresas continuaron arrojando sus residuos tóxicos sin tratamiento alguno, incluso en mayor cantidad con el paso de los años, sin que recibieran represalia alguna. Mientras, comenzaban a aflorar a la superficie del lago un fenómeno que desnudaba la seriedad del problema ambiental que enfrenta la región y especialmente los santiagueños: la mortandad masiva de peces. Santiago del Estero y sus habitantes, hartos de la actitud irresponsable de los industriales tucumanos y de la pasividad del Gobierno de Tucumán para poner un límite a este accionar, lanzó un grito desesperado de SOS en 2005 para instalar esta problemática a nivel nacional. Este pedido de auxilio hizo eco en la Casa Rosada que decidió darle institucionalidad al Comité de Cuenca Salí Dulce para fijar políticas ambientales y de manejo del recurso hídrico y a la vez, ordenó a la que era secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, que solucionara el conflicto entre las dos provincias y para ello le dio un fuerte respaldo financiero.

Así nació el Programa de Reconversión Industrial (PRI) que favorecía con créditos blandos solventados por la Nación para que los empresarios realizaran las obras para dar el correcto tratamiento a los desechos, antes de arrojar sus efluentes a los cursos de agua del sistema hidrológico que comparten Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Catamarca. Estas inversiones no se realizaron y mientras que la Nación afirma que se enviaron los fondos y los dueños de las industrias lo niegan, lo concreto es que el problema sigue presente y la vinaza que se arrojaba a ríos y arroyos que alimentan al embalse, siguió aumentando en cantidad lo que quedó claro a fines de noviembre pasado, cuando se produjo el mayor desastre ambiental de la cuenca, con la aparición de muerte de 30 toneladas de peces.

Fue entonces, que cansada de esperar que los empresarios invirtieran en sanear los desechos de sus industrias y del quedo de las autoridades tucumanas a la hora de aplicar la ley, Santiago del Estero tomó una decisión firme y puso entre la espada y la pared a ambos responsables de la contaminación, con un amparo ambiental en la Corte Suprema. Urgidos de frenar una decisión del máximo tribunal del país, los tucumanos (parte privada y gobierno) nuevamente se comprometieron a cumplir un plan, el Vinaza y Ceniza Cero, y que ahora sí, de una vez por todas, harán lo necesario para acabar con la polución ambiental de sus industrias.

Señor Presidente, a parte de manifestar nuestra preocupación por todo lo descripto en la cuestión ambiental, producidas por los desechos, es que solicitamos a este Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.