La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Ante la grave situación existente por el conflicto del sector agropecuario,

1- Convocar al Gobierno Nacional a una "Mesa de Diálogo" que permita recuperar un espacio de convivencia y paz social,

2- Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la suspensión de las medidas que han generado el estado de la situación

1- Establecer que el Consejo Federal Agropecuario Ampliado se constituya en el ámbito técnico de análisis de las políticas nacionales agropecuarias.

Señor presidente:

La economía argentina transita este 2008 su sexto año de crecimiento económico a tasas excepcionalmente elevadas. Esta inédita expansión económica descansa indudablemente en el benévolo contexto internacional vigente para los países emergentes como la Argentina, caracterizado por altos precios internacionales de los productos exportables (fundamentalmente commodities) y la vigencia de bajas tasas de interés en el mercado de capitales. Ello ha permitido desarrollar una política económica que se ha revelado exitosa en términos macro, basada en un círculo virtuoso de tipo de cambio real elevado - altos niveles de superávit externo - altos niveles de retenciones impositivas a las exportaciones - fuerte superávit fiscal, conjunción que permitió alcanzar tasas de crecimiento jamás observadas en la Argentina.

El país se encuentra atravesando de esta forma una coyuntura externa altamente favorable en cuanto al valor de sus exportaciones, sin precedentes en por lo menos 50 años de historia.

En el marco de esta coyuntura favorable, el sector agroindustrial respondió con un dinamismo tal que lo convirtió en pilar fundamental de la recuperación económica general. En la salida de la crisis profunda que sufrió la economía argentina, que hizo eclosión en 2001, la contribución del sector agroindustrial resultó fundamental. Y este dinamismo merece destacarse, ya que el sector de la cadena productiva agroindustrial no resultó ajeno a las políticas implementadas en los noventa que castigaron a todos los sectores productivos. Durante dichos años se sintieron particularmente en el campo, las consecuencias del peso sobrevaluado, de los créditos a tasas exorbitantes que generaron un sector endeudado al límite de su supervivencia, de un sistema tributario altamente distorsivo que incentivaba la evasión y elusión tributaria, de la falta de política de contención de la familia rural y el proceso continuo de concentración de la tierra expulsando a los pequeños productores.

Existen opiniones dispares acerca de si la apreciación de los commodities en el plano internacional responde a un cambio estructural debido fundamentalmente al creciente peso como demandantes de las economías de China e India o si solo se trata solo de una coyuntura exacerbada en los últimos tiempos por una burbuja para este tipo de commodities, producto de la crisis financiera en los EEUU donde parte del flujo financiero internacional por pánico a la caída de otros instrumentos financieros, se refugia en este tipo de activos reales. Evidentemente si se trata de esta segunda opción, tarde o temprano se ajustarán los precios a la baja con el consiguiente perjuicio para la economía argentina.

Por otra parte, si se trata de un cambio estructural, Argentina solo podrá aprovecharlo en el largo plazo si crea las condiciones necesarias para un aumento sustancial de su capacidad productiva y de la productividad de todos sus factores.

En ambos casos pensamos que el Gobierno esta desaprovechando la oportunidad, no administrando correctamente la bonanza en términos de política económica.

Una estructura tributaria regresiva y fuertemente centralizada

El Gobierno Nacional viene manteniendo una estructura tributaria regresiva y fuertemente centralizadora de los ingresos fiscales en manos del Poder Central. A su vez, no impulsa la discusión de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, manteniendo intacto el anterior esquema enmarañado que le otorga una importante discrecionalidad en el reparto de los recursos, amen de beneficiarse con la coyuntura positiva que atraviesan las cuentas públicas nacionales, explicadas en buena medida por el espectacular aumento de las retenciones a las exportaciones que no son coparticipables.

En tal sentido, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año 2008 de $24.231 Millones) representan casi el 100% del superávit primario que obtiene el gobierno Nacional (que está previsto para el 2008 en $ 25.900 Millones, un 3% del PIB). Esto explica claramente la reticencia del gobierno nacional a discutir una reforma del sistema impositivo y del régimen de coparticipación: las retenciones son recursos no coparticipables, y sustituirlas, reintegrarlas o diseñar un esquema de participación de las provincias, implicaría el esfuerzo para la Nación de recaudar el doble, ya que más de la mitad debería girarse a las provincias.

La política tributaria sin duda resulta relevante para el fortalecimiento de la cadena productiva, en particular del sector agroindustrial. Sabemos que las retenciones a las exportaciones constituyen un factor que desincentiva en parte la producción de bienes exportables y afecta principalmente al eslabón más débil de la cadena productiva que son los pequeños y medianos productores agropecuarios.

Para su correcto desarrollo, toda cadena productiva debe tener una base sólida, y en nuestro país dicha base es el sector agropecuario. En primer lugar para fortalecer el mismo, es necesario promover la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas familiares agrarias, para la cual se debe impulsar una verdadera política agraria que frene la desaparición de agricultores e inicie el camino de recuperación progresiva de los agricultores que le dan sustento al interior de nuestro país.

La producción de 100 millones de toneladas de granos, tiene que formar parte de la estrategia nacional y beneficiar a todos los eslabones de la cadena productiva, y no sólo engrosar las ganancias de un puñado de empresas exportadoras.

Impacto del nuevo esquema de retenciones

El gobierno nacional, dispuso, mediante la resolución 125/2008 del Ministerio de Economía y Producción, un nuevo esquema de retenciones móviles para el sector agroexportador. El esquema consiste centralmente en establecer diferentes rangos de precios de exportación sobre los que se les aplica una alícuota marginal creciente de derecho de exportación.

Con este nuevo nivel de retenciones más el anterior aumento dispuesto en octubre pasado, el Gobierno Nacional va a incrementar su recaudación en u$s 5.100 Millones anuales, llegando a obtener un superávit record del 4% del PIB.

Con la modificación del esquema de retenciones (que implica a los valores actuales de los commodities un aumento sustancial de las mismas), vemos que el Gobierno refuerza su actitud de privilegiar la consecución de un elevadísimo superávit fiscal castigando a un sector productivo que ha sido el motorizador del crecimiento en la Argentina.

Para efectuar un análisis de esta situación deberíamos considerar las distintas situaciones de los productores que soportan las retenciones a través del cobro de un menor valor por sus exportaciones. En este sentido, existen claramente dos sectores diferenciados. Una gran cantidad de pequeños y medianos productores que si bien han sido beneficiarios de esta coyuntura internacional, experimentan crecientemente problemas de rentabilidad de sus explotaciones que justifica la protesta en la que están involucrados. Estos productores han visto crecer en el último año sus costos de producción medidos en dólares en aproximadamente un 20%. Se les dificulta el acceso al crédito y solo lo obtienen a tasas exorbitantes, y la infraestructura que se les brinda para su producción es pobrísima. A nadie se le escapa que escasea el combustible y que existen períodos que solo logran obtenerlos pagando sobreprecios.

A estos pequeños y medianos productores, se debe incentivarlos para que inviertan e innoven tecnológicamente de forma tal que puedan aumentar considerablemente su productividad y generar así mayor riqueza que en este caso sin duda, por su cantidad y su inserción en el tejido social y productivo argentino, derramará sobre toda la economía.

No se logra incentivar la producción cuando el Estado, sin otorgar nada a cambio, se apropia del 95% de los incrementos internacionales de precios. El gobierno argumenta que pretende con este nuevo régimen evitar la "sojización" del campo. Claramente manifiesta por lo tanto que se trata de un desincentivo a esta producción agrícola. Sin embargo a lo largo de estos años ha destruido con sus políticas erradas las producciones alternativas como la lechera o la cárnica. Es decir, desincentiva una producción sin ofrecer alternativas productivas válidas. Solo le queda al productor la venta o el abandono de su explotación agrícola.

Seguramente resulta diferente la situación de los grandes productores y los pool de siembra que administran miles de hectáreas y que no sufren los problemas antes mencionados por lo cual su rentabilidad es ampliamente superior a la de los pequeños y medianos productores. La consecuencia de estas diferencias es la creciente concentración en la tenencia de la tierra y la producción agraria que se verifica en nuestro país.

Una propuesta que proteja a los pequeños y medianos productores.

El gobierno no está administrando correctamente este período de bonanza económica.

En el camino hacia una de distribución más equitativa de la riqueza nacional, es imprescindible comenzar a desmontar la estructura regresiva que ha caracterizado a nuestro sistema tributario.

Es necesario reconocer las asimetrías existentes entre pequeños y medianos productores, y las grandes empresas y pooles de siembra, y establecer un esquema de retenciones que sea diferencial según el tamaño de la explotación agrícola, zona en que está ubicada, tipo de cultivo y volumen de producción obtenida.

Hay que generar mayores condiciones para el aumento de la inversión productiva en la Argentina. Si no se genera un salto cualitativo y cuantitativo en el nivel de inversión; poco importará el contexto internacional favorable, ya que la Argentina no estará en condiciones de transitar un sendero de desarrollo económico y social sustentable.

En este sentido, es necesario promover mecanismos de diálogo y consenso entre los actores involucrados en el conflicto, a fin de rever una medida que no sólo perjudica a los pequeños y medianos productores, sino que también destruye las producciones alternativas como la lechería y la ganadería, desincentivando la producción sin ofrecer alternativas viables y consolidando lo que retóricamente dice querer evitar que es la "sojización" del campo y la concentración de la tierra en pocas manos.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.