La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio por las amenazas de muerte recibidas sufridas por la periodista radial María Márquez de FM 97.5 La Perla, al difundir en su programa informaciones relativas a las empresas mineras a raíz del conflicto desatado en la localidad de Andalgalá, provincia de Catamarca, en flagrante violación del derecho fundamental de la libertad de expresión.

Señor presidente:

La situación que dio lugar al hecho que repudiamos, tuvo lugar a raíz de la difícil situación que está ocurriendo en la ciudad de Andalgalá, con motivo de las protesta ciudadana contra la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, (http://www.aguarica.com.ar/inicio) que explota los yacimientos metalíferos de cobre, molibdeno y oro.

En pleno ejercicio de su profesión, la periodista Maria Márquez, de FM 97.5 La Perla de la ciudad de Andalgalá, fue víctima de amenazas de muerte a ella y su familia. "Me amenazaron de muerte, con quemar mi casa y matar a mis hijos. Detrás del que ponía la voz se escuchaban a muchas personas con redoblantes, gritando y haciendo alusión a las provocaciones que me hacía en ese momento el que estaba llamando. Viví una situación bastante tensa". Cuando la periodista puso "al aire" a sus amenazadores, "...todo el pueblo escuchó las amenazas. Creo que así logré acabar con ellas".

Del hecho se hizo eco la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) -entre otros medios regionales- que mediante un comunicado se solidarizó con María Márquez y reivindicó "el ejercicio profesional del periodismo ejercido con autenticidad y por lo que representa como compromiso social". Exigiendo a las autoridades de Andalgalá que "actúen y aclaren este hecho, para que los comunicadores puedan desarrollar su tarea sin condicionamientos".

También lo hizo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), recepcionó las denuncias formuladas por los periodistas y expresó: "A los periodistas les asiste el derecho de trabajar con libertad y sin temores, así como la sociedad -principal destinataria del producto de la labor periodística- merece que la información que recibe sea confiable y no un producto de presiones de cualquier índole". También, solicitó a las autoridades provinciales y nacionales que "...aseguren la paz social en Andalgalá y la libertad de manifestación (...) garanticen las condiciones para que los periodistas puedan desarrollar su tarea".

Consideramos, que todo ataque contra un periodista no solo es un intento de limitar su labor profesional, sino que uno atentado más contra la libertad de expresión. Pues la sociedad -en conjunto- tiene el derecho a acceder a una información cierta, sin condicionamiento alguno. Libertad que se viene siendo

cercenada desde hace tiempo. No por iniciativa de los particulares, sino desde el Estado, sea nacional, provincial o municipal.

Dicha actitud visiblemente contraria al derecho fundamental de libertad de expresión, se suma a tantas otras y requiere la urgente intervención de los organismos competentes para investigar conductas intimidatorias, prepotentes, que coartan la labor de comunicar, pudiendo llegar a constituir un hecho ilícito.

La libertad de expresión -una vez más- ha sido cercenada, por el Gobierno nacional. En una clara oposición a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que protegen estas libertades limitando el avasallamiento del Estado. En éste sentido, cabe simplemente enumerar a modo de ejemplo a los siguientes: los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 4 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre.

Dicha actitud se suma a tantas otras y requiere la urgente intervención de los organismos competentes para investigar conductas intimidatorias, prepotentes, que coartan la labor de comunicar, pudiendo llegar a constituir un hecho ilícito.

Es necesario que nuestras instituciones funcionen decidida y eficazmente para garantizar la libertad de expresión en nuestro país, para de igual forma terminar con la intolerancia y las prácticas que buscan acallar voces en los medios de comunicación y en tal sentido el Parlamento Argentino debe expresarse.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en éste proyecto.