La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin de que, por intermedio de los organismos que considere pertinentes, INFORME:

1. Por cual resolución se dispuso la realización de tareas de inteligencia y/o acopiamiento de datos de integrantes o líderes de movimientos sociales, gremiales u organismos de derechos humanos, acreditadas pericialmente en la investigación llevada adelante en la causa 14.966/2011 caratulada "Gendarmería Nacional sobre delito de acción pública Dte. Hermosilla, Darío Javier y otros" del Juzgado Federal n° 7 de la Capital Federal.

2. A qué fines fueron dispuestas

3. Si se considera la actuación de los integrantes o líderes de movimientos sociales, gremiales o de organismos de derechos humanos como delictiva y en su caso, remita listado de personas y/o grupos y/u organizaciones investigadas por tal motivo

4. Cual o cuales fueron los organismos delegados para la realización de estas tareas y si se respetó lo normado por el art. 7 de la L. 25520

5. Por cual resolución se ordenó la implementación del denominado "Proyecto X", fecha de su implementación, en qué consiste, objeto de su vigencia, cuantas personas fueron asignadas y que resultados se obtuvieron hasta la fecha, debiendo remitir todo lo actuado en original a conocimiento de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

6. De no haber sido oficialmente ordenado y atendiendo a lo acreditado en la causa penal ya referida, que medidas internas disciplinarias y de índole administrativo se tomaron frente a su existencia

7. Remita fotocopia de las actuaciones administrativas labradas con motivo de la existencia del denominado Proyecto X

8. Si las protestas sociales se encuentran como hipótesis que afecten a la seguridad nacional

9. Si se ha difundido entre el personal de las fuerzas a su cargo la normativa prevista en las leyes 24059 y 25520, que no autorizan a ningún tipo de recopilación de información o tareas de inteligencia salvo por cuestiones de estricto orden de seguridad interior y exterior nacional o ciudadana, centralizadas en la Secretaría de Inteligencia del Estado y en caso afirmativo, por cual medio

10. Si tiene presente que en los fallos emanados en las causas 44.450 y 44.892 seguidas entre otros a Mauricio Macri, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal ha declarado -prima facie- ilícita la realización de tareas de inteligencia fuera de lo dispuesto por la L. 25520

11. Toda otra información referida al denominado Proyecto X y a la aplicación de las leyes de seguridad interior, inteligencia y antiterrorismo a las protestas sociales

Señor presidente:

El 17/2/2012 junto a otros miembros de mi bloque (UCR) presente un pedido de informe (Expediente 6347-D-2011) destinado a obtener por parte del Poder Ejecutivo Nacional información certera sobre las posibles tareas de espionaje ilegal que se estaban realizando a través del denominado "Proyecto X".

Cabe recordar que dicho acontecimiento salió a la luz como consecuencia de una denuncia penal formulada por partidos de izquierda y organizaciones gremiales y sociales (delegados gremiales de Kraft Foods y Pepsico Snacks), la cual recayó en el juez subrogante Norberto Oyarbide en noviembre del año 2011. (Causa 14.966/2011 caratulada "Gendarmería Nacional sobre delito de acción pública Dte. Hermosilla, Darío Javier y otros")

Luego de haber tomado estado público -y como consecuencia de la existencia de indicios concretos- la ministra de Garre salió a reconocer la existencia del Proyecto "X". En conferencia de prensa la ministra de Seguridad expreso que "no es un plan de espionaje" y que en las manifestaciones sociales "no interviene la dirección de Inteligencia sino la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales que no tiene acceso al Proyecto X, y que realiza los seguimientos sólo con requerimiento de la justicia". Asimismo afirmó que "no se utilizó nunca en intervenciones de Gendarmería en manifestaciones sociales" sosteniendo que "tiene otra finalidad y otros usos" y señaló que en la base de datos "no existe" información de dirigentes sociales".

Consecuentemente las expresiones vertidas por la responsable de nuestras fuerzas de seguridad fueron tajantes en dos sentidos: Por un lado reconoció la existencia de dicha base de datos, y por el otro negó que sea utilizado para realizar espionaje sobre miembros o lideres de movimientos sociales, gremiales o de organizaciones de derechos humanos.

Sin embargo en estos últimos días se conoció que el resultado de los peritajes (hoy a cargo del Juez Casanello) realizados sobre los discos duros que en su momento fueron secuestrados por el juez Oyarbide del Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo fue la existencia de documentos que acreditarían tareas de espionaje no solo sobre dirigentes sociales y gremiales sino también sobre diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo.

Los más de 500 documentos inspeccionados en los peritajes dan a la luz los informes elaborados por gendarmería sobre actividades llevadas a cabo tanto por movimientos sociales y partidos políticos ("De fuentes confiables tomose conocimiento que el 081800 Feb 05 dirigentes e integrantes de distintas organizaciones (.) realizarán una concentración en la intersección de calle Colón y Cañada para posteriormente llevar a cabo una movilización por calles céntricas de esta ciudad, culminando frente al asiento de la Jefatura de la Región III 'Córdoba ) como por organizaciones de derechos humanos (Organismos de Derechos Humanos de Neuquén entre las que se encuentran las Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle, Zainuco, Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, y Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) de Neuquén y Alto Valle; realizaron una presentación judicial ante el Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, fines solicitar una ampliación respecto al listado de civiles que prestaron servicios en el Destacamento de Inteligencia 182 durante la última dictadura militar)

Lo antedicho muestra de modo contundente que la Ministra de Seguridad Nilda Garre mintió en sus declaraciones, siendo ella plenamente conciente del espionaje ilegal que ha venido llevando a cabo Gendarmería Nacional.

Desde el gobierno se habla de no represión de las protestas y la no criminalización de la actividad social, pero es evidente que esta postura es selectiva y solamente respecto de aquellos que gozan de la bendición oficial o de la prebenda partidaria.-

El nuevo escenario nos indica que el gobierno empieza a considerar como criminales las protestas y pretende mostrarse fuerte ante el generalizado reclamo de aumento de los sueldos y salarios, depreciados por la intensa inflación acumulada en el último lustro.-

Esta fortaleza debiera asociarse a un natural liderazgo político y no mediante la reprimenda a través del uso del aparato estatal.

El partido gobernante durante los últimos tiempos tomo la decisión de implementar acciones de represión interna manifiestamente ilegales para frenar la creciente ola de demandas impopulares no compensadas.

Al igual que el gobierno macrista, echan mano a los servicios estatales para espiar a los contrarios.-

El denominado Proyecto X es una reedición de las viejas prácticas de la dictadura militar, ya que espía a quienes aparecen como opositores al régimen, por su sola condición de tales.-

Es destacable remarcar que la legislación vigente, prohíbe expresamente cualquier tipo de investigación sobre personas referidas a sus cualidades personales, ya que solamente se habilita la inteligencia para cuestiones de seguridad nacional interna y externa y ciudadana.

Las acciones que estarían siendo llevadas a cabo por Gendarmería Nacional violan tajantemente la normativa aplicable, ya que las tareas de investigación criminal (conforme inciso 1 del artículo 4 de la Ley 25.520) solo pueden ser llevadas a cabo ante un requerimiento específico de la autoridad judicial competente, circunstancia que no se ha dado en los hechos denunciados.

El Proyecto X básicamente se está utilizando por Gendarmería (y quizás otras fuerzas de seguridad) para acopiar información personal de los líderes sindicales y sociales que protagonizan protestas, por el solo hecho de su participación política en dichos movimientos. Y esta información sería recabada utilizando personal de las fuerzas de seguridad infiltrado en las marchas.

Ninguna explicación oficial se escuchó al respecto.-

Resulta no solo ilegal, sino inadmisible que el gobierno que tiene la obligación constitucional de otorgar a todos los ciudadanos un marco apropiado y seguro para poder manifestarse y propagar sus ideas, sea quien erosione, merme, espante y hasta virtualmente amenace a quienes no comulgan con sus postulados, con el obvio fin de acallar sus voces y no responder a sus reclamos.-

Esta situación excede a toda bandería política, ya que está en juego el sistema institucional y democráctico de respeto por las minorías no gobernantes.-

A ello se agrega el alto nivel de preocupación que han manifestado numerosas organizaciones a partir de la vigencia de la denominada "ley antiterrorista" aprobada por la mayoría kirchnerista, siendo que los funcionarios gubernamentales no son claros al pronunciarse sobre los cuestionados alcances de la nueva normativa, llegando incluso a la disparatada interpretación de su presunta aplicación al periodismo, como lo expusiera en su momento el titular de la UIF, Jose Sbatella.-

Solidarizándome con todos aquellos compatriotas que son violentados en su intimidad por el solo hecho de manifestar sus ideas y con el necesario propósito de contar con cabal información sobre esta grave situación para requerir las medidas institucionales consecuentes, es que solicito la aprobación del presente proyecto.-