La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

- Créase la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, que estará compuesta por 8 (ocho) diputados y 8 (ocho) senadores, respetando la representación partidaria de cada Cámara.

Señor presidente:

A más de diez años de la sanción de la Ley Orgánica del Ministerio Público (24.946) sigue sin conformarse la Comisión Bicameral que ordena el artículo 23, para un efectivo control y seguimiento del cumplimiento de las funciones del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

La autonomía, autarquía e independencia que la norma le reconoce al Ministerio Público no son obstáculos para un adecuado control por parte de otro poder del Estado, en este caso el Congreso de la Nación.

La Constitución Nacional establece un sistema democrático y republicano de gobierno que implica un mecanismo de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado y la publicidad de las acciones de gobierno, para un adecuado control por parte de la ciudadanía. Esta lógica también le cabe al Ministerio Público, en tanto sería contradictorio que exista un órgano al que no se le exija rendir cuentas del cumplimiento de sus funciones. Lamentablemente, esta falta de control no halla su fundamento en un vacío legislativo sino en la demora del Congreso de la Nación en crear y conformar la Comisión a la que se le asigne dicha función.

El vacío se torna sensible frente a una regulación constitucional y legal en la que el titular del Ministerio Público ejerce su cargo de manera vitalicia y ni siquiera existe, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, algún organismo interno que acompañe o controle su desempeño.

Por estos motivos, vengo a solicitarle la creación y conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación con la finalidad de que el Congreso evalúe el adecuado y eficiente funcionamiento de dicho órgano, formule las recomendaciones que considere pertinentes para mejorar el ejercicio de sus funciones, articule el intercambio de propuestas y recomendaciones entre las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el Ministerio Público y elabore los proyectos de reforma legal que se requieran para garantizar el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado.