La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a la orden de detención librada contra los ocho (8) trabajadores, miembros de la Comisión Directiva y delegados del Ingenio La Esperanza, provincia de Jujuy, que habían sido procesados en el 2010 por una movilización y cuya causa ahora se reflota en un claro caso de persecución sindical.

Señor presidente:

El presente proyecto de declaración, tiene como objeto expresar su solidaridad con los ocho trabajadores del Ingenio La Esperanza, Jujuy, contra quienes se emitió una orden de detención por una causa del año 2010 que fue reflotada tras un anuncio gremial.

Hemos tomado conocimiento que la Jueza de Instrucción Doctora Ana Carolina Pérez Rojas, a cargo del Juzgado de Instrucción en lo Penal Número 5 de San Pedro, Jujuy ha decretado la detención de los miembros de la Comisión Directiva y delegados del Ingenio La Esperanza.

Los dirigentes con orden de detención son ocho: Santiago Bonillas, José María Castrillo, José Álvarez y Raúl Maigua Ricardo Daniel Cuellar, José Tolaba y también sus abogados Fabián Tejerina y Enrique Alejandro Wandschneider en la causa que se iniciara contra los nombrados caratulada "PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD; INCITACIÓN A LA VIOLENCIA; COACCIÓN AGRAVADA; ENTORPECIMIENTO DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UNO DE LOS PODERES DEL ESTADO - SAN PEDRO".- Ref. Expte. N° 899/12."

La causa inicial data del año 2010. En aquella oportunidad la lucha de los trabajadores del Ingenio estaba dirigida a dar continuidad a la producción del mismo, ante el peligro de ser interrumpida por una quiebra que llevaba más de 10 años sin resolución. Los trabajadores salieron a defender sus fuentes de trabajo y la jueza Pérez Rojas mandó detener a toda la Comisión Directiva y de los asesores del sindicato.

En aquel momento, Ángel Alberto Ledesma (Secretario General del Centro de Empleados del Azúcar del Ingenio Río Grande), José Antonio Reales (Secretario de Obreros del Azúcar Río Grande) y el abogado Enrique Alejandro Wandschneider realizaron una denuncia contra la magistrada solicitando al Tribunal su destitución en el cargo, y presentando su recusación en la causa en la que se ordena la detención de todos los miembros de Comisión Directiva y sus abogados.

Ahora, un día después de que los sindicatos anunciaran en conferencia de prensa que para las próximas paritarias exigirían que ningún trabajador del azúcar percibiera menos de 5.000$ de salario básico, se reflota la causa de 2010 y se emite la orden de detención contra los ocho trabajadores.

La policía logró la detención de Raúl Maigua y José Álvarez, quienes inmediatamente fueron trasladados sin tomar declaración indagatoria a una cárcel común en San Salvador de Jujuy. El resto de la Comisión Directiva y los asesores legales se encontraban bajo resguardo y contención y no pudieron ser capturados.

Según denunciara la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Jujuy, poco después de las 6 de la mañana, el cuerpo especial de la Policía de la Provincia, irrumpió en las viviendas de siete de los imputados, "llegaron y patearon las puertas de nuestras casas como si fuésemos delincuentes, cinco logramos escapar, evadiendo a la Infantería, pero dos compañeros Raúl Maigua y Jorge Alvarez fueron sacados esposados de sus respectivos domicilios y en menos de dos horas, trasladados directamente a la capital provincial", dijo el secretario general del Sindicato José María Castrillo, tras expresar el malestar por la forma en que se realizó la medida.

La nombrada jueza es la misma que ordenó el brutal desalojo del Ingenio Ledesma, que se cobrara la vida de Ariel Farfán, Félix Reyes, Juan Velázquez y Alejandro Farfán y provocara más de una decena de heridos y detenidos.

También ante la misma jueza se tramitó la denuncia por el atentado que sufriera el Secretario Gremial del Sindicato, José María Castrillo, el 20 de agosto de 2011, cuando dos personas dispararon con armas de distintos calibres el frente de su casa, encontrándose Castrillo con su mujer y sus 2 hijos dentro. Sin embargo, no se ha efectuado un solo tramite instructorio para investigar la autoría del hecho.

La Organización Internacional del Trabajo, a través del Informe Anual 2012 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), cuestionó la extensión de los derechos exclusivos que la ley argentina le otorga a los sindicatos que cuentan con personería gremial. La OIT señala que todas las organizaciones sindicales, independientemente del tipo de reconocimiento estatal, deben contar con derecho a la tutela de sus representantes, a elegir delegados en los lugares de trabajo y a exigir el descuento por nómina de las cuotas sindicales. En particular, en este último informe de la Comisión de Expertos se pide información al gobierno nacional sobre el atentado a Castrillo.

Este accionar no hace más que criminalizar la protesta de trabajadores en ejercicio de sus derechos constitucionalmente consagrados y reconocidos, como el derecho a la organización sindical libre y democrática y a peticionar a las autoridades, establecidos en los artículos 14 y 14bis de nuestra Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.