La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por medio de la repartición que corresponda, tome las siguientes medidas para transparentar el mercado de trigo:

1) Reducir el tonelaje garantizado para los molinos llevándolo a 3 millones de toneladas, ampliando en 3,5 millones de toneladas el cupo de exportación.

2) Declarar las exportaciones realizadas en base a trigo comprado a precio hecho.

3) Actualizar los pagos de compensaciones a molinos harineros y a productores que aún no hayan sido liquidados.

Señor presidente:

Después de un 2008 signado por la crisis agropecuaria más grave que haya causado la política económica de un gobierno y de un 2009 atravesado por una emergencia agropecuaria de extrema gravedad, el estado actual del mercado de trigo no debería producir sorpresa a ninguno de los actores del sector.

En momentos en que está por ingresar la totalidad de la cosecha al mercado de acopio, el productor encuentra que la mercadería que está entregando no tiene precio. No se trata de la oferta de un precio inconveniente, tampoco se discuten retenciones: Simplemente no hay un precio de referencia para el producto que ofrece. Otro dato excepcional que no puede pasar por alto es que en la campaña de trigo 2009 la menor siembra de ese cereal en los últimos 100 años producirá una de las peores campañas en décadas. Las estadísticas no mienten: A comienzos de siglo, a caballo y cosechado con trilladoras fijas, o entregado al comprador en parva, se sembró más superficie de trigo que en el siglo de la tecnología, la siembra con información satelital y el mejoramiento genético de los cultivares.

¿Cuál es la explicación para este increíble fenómeno? No es muy complicado: Todavía hay personas en el campo. Personas sembrando, cosechando, tomando decisiones. Y para tomar decisiones, el único requisito que no puede faltar es que esa persona se encuentre libre de incertidumbre. La torpeza e impericia con que se ha manejado el Gobierno respecto al cultivo que nos ocupa -repetidas con el maíz- han determinado esta excepcional catástrofe.

Según la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales "...hoy somos testigos de un hecho absolutamente anormal como es el caso de no encontrar compradores para una magra cosecha de trigo que se repite por segundo año consecutivo. Esta situación corona un ciclo de desconsideración, desaliento y discriminación en contra de nuestro trigo, caracterizado por ineficientes e inequitativas intervenciones del gobierno".

Es cierto que no sucede lo mismo con todos los cultivos. La superficie sembrada de soja este año se incrementará una vez más, demostrando que la "lucha contra la sojización" de la que habla el gobierno es una declamación absolutamente hueca y sin medidas concretas que la respalden. No hace falta ser erudito para darse cuenta que en un país libre, la mejor forma -sino la única- de evitar que un cultivo se generalice es fomentar la realización de cultivos competidores; más aún si ese cultivo que se intenta limitar es el más rentable de todos.

Pero ¿De qué competencia estamos hablando? Es por todos conocido que en términos agronómicos el trigo no compite con la soja, porque al estar los dos cultivos en contraestación no ocupan simultáneamente el suelo. Sin embargo, lo imposible en Argentina se hace posible, y ante la decisión de invertir este invierno en la siembra de trigo con un escenario de incertidumbre de producción y comercialización, o esperar a la primavera para utilizar ese dinero para sembrar la oleaginosa, muchos productores han preferido la inversión más seguramente rentable de esta última. Así, podríamos decir que curiosamente, la soja se transformó en competidora del trigo.

Por estos días, la ausencia absoluta de planificación a mediano y largo plazo en la agricultura es la menor de las deficiencias del Gobierno en lo que hace a política agropecuaria. Si existiera un manual argentino para hacer desaparecer el cultivo de trigo en el país, los primeros capítulos ya los habría cumplimentado correctamente: Intervenga durante varios años el mercado fijando cupos de exportación, aplíquele derechos de exportación en una proporción similar a los cultivos competidores, deje librado su cultivo a la competencia con cultivos más rentables, transfiera lo recaudado por sus derechos de exportación a cualquier actor económico del país o del extranjero, menos a la promoción de su cultivo y por último, obligue al productor de trigo a subsidiar el precio al que compran los molinos harineros al país, y habrá conseguido su objetivo, reduciendo la superficie sembrada en un 56% respecto a la sembrada 6 años atrás, mientras la de soja se incrementa en un 43% en el mismo período.

Con las medidas propuestas no se pretende resolver la grave situación en la que se encuentra el cultivo y su comercialización. Apenas pretende transparentar y activar un mercado que hoy se encuentra paralizado por la propia decisión de sus actores que, cubriéndose ante la incertidumbre general, prefieren no actuar o actúan en legítima protección de sus intereses.

Los exportadores, ante el escaso cupo acordado con el Gobierno y la molinería para comercializar trigo, ya han realizado las operaciones cubriendo el mismo, que además incluyen el saldo de la campaña 2008-2009; y prácticamente han desaparecido del mercado. "En este momento -aclararon en un comunicado del 20 de Diciembre- estando muy avanzada la cosecha de trigo, se observa un volumen de oferta de este cereal que supera las posibilidades de compra por parte de los exportadores en función del saldo exportable autorizado. Y estas circunstancias generan una falsa imagen de inactividad por parte del sector de la exportación"

Lo más grave sucede con los que sí están en condiciones de comprar trigo, la molinería. El productor que sembró trigo, para poder hacerlo tuvo que sumar al endeudamiento crónico producido por la cosechas adversas de la campaña 2008-2009, las nuevas deudas de este cultivo, de manera que cuando por estos días llega a la cosecha, lo hace "en las últimas", con una capacidad financiera nula, y lo que necesita, especialmente aquél que tiene una producción pequeña, es vender imperiosamente para ponerse al día. Esta presión vendedora es aprovechada por los molineros, que ofrecen pagar por tonelada 100 pesos menos que el FAS teórico que difunde el gobierno como precio oficial.

Una de las formas en que pagan menos es ofreciendo el precio FAS teórico, pero restándole el costo del flete, que de todos modos tiene que afrontar igual el productor por su cuenta. En definitiva, lo que realizan los molinos se podría considerar como su derecho de aprovechar un exceso circunstancial de oferta para tener controlado un costo de su insumo principal que le permita mantener los actuales precios de pan, pero ese subsidio a su actividad no lo paga otra persona más que el productor, y precisamente, según lo detallado más arriba, el más pequeño, el que no tiene resto para empezar una nueva campaña de siembra, ni siquiera de soja de segunda. Y esto debe evaluarse necesariamente considerando que los derechos de exportación hasta el día de la fecha no han sido modificados. No solo no existe el precio FOB que se le paga en muchos países al productor de trigo: Hoy no se le respeta ni el precio FAS que el gobierno publica en forma oficial.

Tampoco es cierta la suposición de que aumentando lo que se paga de trigo, traerá como correlato el aumento del precio de los productos panificados. Según la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, CARSFE, el intento del Gobierno Nacional de intervenir el mercado de trigo con el supuesto afán de tratar de mantener el precio del pan más accesible a la comunidad, "es una mentira absurda, ya que el trigo tiene una incidencia mínima sobre el costo del pan que hoy ronda en un 15% del precio final del mismo. Y al medir la evolución del precio del trigo y del pan, se puso en consideración que entre abril de 2006 con el mismo mes de este año el precio del pan pasó de 2,50 a 5,50 pesos el kilo, pero el del trigo osciló estable alrededor de los 0,50 centavos el kilo. Esto demuestra el total fracaso de las políticas para el trigo, donde el único perjudicado es el productor".

Ante este panorama, se hace necesario la toma de medidas extraordinarias, que tengan como objetivo proteger especialmente al pequeño y mediano productor agropecuario. Evidentemente, en esta coyuntura hay dos caminos posibles como políticas activas. El primero es más coyuntural: que el Estado compre a los productores al precio oficial -FAS teórico- el trigo que está llegando hoy a los acopios y de esta manera hacerse cargo del virtual subsidio que cobra la molinería con la diferencia de precio.

El otro camino contiene medidas de fondo y están sugeridas al Poder Ejecutivo Nacional en este proyecto de Resolución. Tienen por objeto el volver a recomponer el mercado de cereales a partir de incrementar en 3,5 millones de toneladas el cupo de exportación, para que sobre ese volumen de comercialización la puja demandante haga llegar el precio pagado al productor a los niveles publicados por el Gobierno. Al mismo tiempo, volver a publicar el precio al que se está vendiendo diariamente, de manera de tener de nuevo un precio de referencia que traiga normalidad y transparencia a los mercados. Por último, el pago de las compensaciones por compraventa de trigo prometidas en 2008 y nunca efectivizadas, porque de sostenerse ese incumplimiento, la incertidumbre sobre nuevas medidas similares restringe las decisiones de compra y de venta de producto, para molineros y productores, respectivamente.

Es evidente que la intervención estatal en un mercado no es necesariamente buena -como este gobierno parece querer demostrar permanentemente- o mala, como los profetas del neoliberalismo proclamaron y aún hoy siguen proclamando en nuestro país. La intervención del estado puede jugar un papel positivo o negativo, según los objetivos que el mismo se fije y según los métodos que utilice, porque de ellos dependerá lo más importante: A quienes, a qué actores de la producción y la economía del país se beneficia con esa acción. Porque si se trata de beneficiar al más débil de una cadena de comercialización, en este caso el productor más pequeño, queda claro al evaluar su situación que estos últimos tres años de intervención en el mercado de trigo han tenido consecuencias catastróficas.

En virtud de estas consideraciones es que solicitamos a cada integrante de esta Cámara que acompañe la aprobación del presente Proyecto.