La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del organismo que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa, lo siguiente:

1. Si existen datos estadísticos sobre la cantidad de suicidios y homicidios entre integrantes de las fuerzas de seguridad (Policía Federal Argentina, Fuerzas Armadas, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal). En caso afirmativo, sírvase remitir los mismos desde el momento en que se realizan.

2. Especifique el tipo de evaluación que se efectúa para otorgar el permiso de uso de armas de fuego en las fuerzas de seguridad enumeradas en el punto 1), que profesionales las realizan y si existen protocolos de evaluación a esos fines. En caso afirmativo, sírvase remitir un modelo de los mismos.

3. Si existen programas de reevaluación para el personal que porta armas de fuego en la fuerzas de seguridad enumeradas en el punto 1). En caso afirmativo, especifique en que consisten los mismos, los profesionales que los realizan y la periodicidad con que los mismos se llevan a cabo.

Señor presidente:

Diferentes medios refirieron, en los últimos tiempos, a noticias que dieron cuenta de suicidios en el personal de diferentes fuerzas de seguridad. En el mismo sentido, son de público conocimiento los distintos casos de homicidio en los que se vieron involucrados integrantes de las mismas fuerzas en la historia reciente.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior es que consideramos necesario conocer los datos con los que cuenta el Poder Ejecutivo respecto de los suicidios entre los integrantes de las fuerzas de seguridad y los homicidios que cometieron los mismos en los últimos años, además de estar al tanto de las políticas públicas que se adoptan en cuestiones tan delicadas como la provisión de armas de fuego a sus agentes y el control de su estado psicológico. Nuestras fuerzas de seguridad tienen una triste historia en lo que se refiere al abuso de las armas que portan, por lo que pensamos que es función primordial del Estado diseñar políticas públicas que permitan garantizar la idoneidad, el profesionalismo y la seguridad de las personas que deben llevar armas de fuego a los fines de proteger la seguridad física y los bienes jurídicos de la ciudadanía.

En el mismo sentido, es necesario tener en cuenta las diferentes presiones a las que están expuestos los hombres y mujeres que integran las distintas fuerzas, las que se caracterizan por ser estructuras cerradas en las que predomina la obediencia debida y un verticalismo que no les dá margen alguno para la autodeterminación. Todo esto hace necesario conocer las pautas de evaluación efectivas que llevan a cabo las mismas para otorgar el uso de armas y los mecanismos de contención psicológica a tales fines.

Señor Presidente: durante la última década hemos asistido a diferentes debates respecto a la problemática de la seguridad y creemos que los mismos fueron abordados sin tomar en cuenta el principal problema que lo genera, que es la falta de oportunidades y de horizontes en la vida de las franjas más vulnerables de la población. Asimismo, las fuerzas de seguridad fueron sacadas del foco del debate y pensamos que su accionar debe formar parte del mismo, por lo que es fundamental conocer el grado de capacitación a la que son sometidos sus integrantes a los fines de portar armas de fuego y de desarrollar la riesgosa actividad que tienen a su cargo.

Por todo lo expuesto, solicitamos a los Señores Diputados que acompañen el presente proyecto de resolución.