La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio y profunda preocupación por el brutal ataque y ultraje sufrido por el ciudadano Juan Santillán el 30 de enero de 2013, miembro de la comunidad indígena Vilela de Tres Leones ubicada a 150 kilómetros de la capital de la provincia de Santiago del Estero, a manos del empresario terrateniente Alejandro Porte y siete empleados de éste.

Señor presidente:

Juan Santillán, miembro de la Comunidad Vilela de Tres Leones que integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina, denuncia que fue atacado por el empresario terrateniente Alejandro Porta y siete empleados de éste, siendo secuestrado y amenazado con ser violado, en un hecho más que demuestra la impunidad y total libertad con que se manejan los poderosos agro empresarios contra el pueblo y la comunidad, en especial la indígena.

Según declara Santillán en un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, "Primero me apuntaron, me golpearon y tiraron al suelo, luego me ordenaron que me saque la ropa y a punta de escopeta el señor Porta junto a sus cómplices me llevaron por un camino, me hacen caminar un kilómetro desnudo, paran y me dicen que abra la boca, quieren fusílame con una escopeta 12-70 automática, me niego. Me llevan nuevamente hasta la camioneta negra Hilux, y me intentan obligar a subir. Me niego, me afirman nuevamente el caño de la escopeta en la espalda, me dice te vamos a violar. Me revelo y le digo que me mate ya" a lo que el empresario le responde: "vete, pero no vuelvas más, sino los voy a matar a tus once hijos, uno a uno, como ratas".

La Comunidad Vilela ha realizado más de 50 denuncias tanto a la policía como al poder judicial, a las que se suman las efectuadas en organismo gubernamentales tales como la Dirección de Bosques provincial, relativo a las permanentes agresiones y hechos de violencia de los que son víctimas a manos de empresarios y sicarios de éstos que pretenden expulsarlos de sus tierras para apropiárselas.

Según informan en el comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena, "la policía de Tintina hace adicionales para los empresarios, no hay investigación para dar con las pruebas a la vista de armas que portan los sicarios, no dan con nuestros animales robados, nada hacen por las amenazas que sufren nuestros hijos e hijas, continúan cortando caminos vecinales por los campamentos de las bandas armadas que custodian una topadora que realiza desmontes y deslindes en nuestro territorio".

En otro párrafo manifiestan: "Esta comunidad viene resistiendo y haciendo defensa pacífica del territorio ancestral que innumerables empresarios han pretendido usurpar desde el 2005. La violencia empresarial y policial aumentó con tal de amedrentar y desarticular el territorio". Respecto a la actitud del empresario expresan que "no sabemos bien que quiere hacer en ese terreno que quiere ocupar y en el que metió entre 10 y 15 personas armadas. Probablemente lo utilice para agricultura o ganadería. El año pasado encontramos gente sembrando porotos y soja". Dicho terreno se ubica en la parte norte comunitaria llamada Pampa Charquina, donde existen varios caminos rurales abiertos a la población en general.

La agresión sufrida por Santillán fue cuando estaba en el monte comunitario buscando leña.

Este conflicto no es nuevo, sea viene sucediendo desde hace años y en especial a partir de 2005. Desde entonces se acreciente la violencia empresarial y policial contra la comunidades por el territorio, cobrando incluso muertes como en los casos de los asesinatos de Cristian Ferreyra y de Miguel Galván, ocurridos en 2011 y 2012 respectivamente.

De acuerdo al INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la comunidad Vilela en Tres Leones ocupa alrededor de 24.000 hectáreas, con amplias zonas de pastoreo, caza y recolección. De estas ya les han ocupado ilegalmente una zona, manifestando el movimiento al respecto que "la gente intrusa que viene a usurparnos nuestras tierras llegan con camionetas llenas, con escudos y armas gruesas" declara Carlos Roldán, representante de la comunidad. Sobre la ocupación ilegal, la comunidad presentó la correspondiente denuncia en la que intervino la jueza Rosa Falco, quien ordenó el desalojo y dictó una medida de no innovar que una vez vencida, permitió que volvieran a usurpar el territorio.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los señoras/señores diputadas/diputados que acompañen el presente proyecto.