El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: Derógase el art. 132 del Código Penal.

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El permanente perfeccionamiento de la conciencia del hombre acerca de sí mismo, de su dignidad eminente y de su libertad trascendente en un proceso indetenible, que en verdad ha tenido momentos de gloria memorables y también otros de espesa oscuridad en la propia modernidad, plantea a la democracia la necesidad de revisar permanentemente el orden jurídico. Ello, con el objeto de expurgarlo de las disposiciones incompatibles con aquellas ideas centrales para el reconocimiento de la condición humana, en verdad fundantes del orden jurídico.

En ese quehacer no puede escapar a la atención de los legisladores de la democracia, la imperiosa necesidad de derogar la figura del "avenimiento" previsto en el art. 132 del Código Penal, rémora ideológica de épocas, en verdad, ya superadas por la concepción humanista y liberal de las instituciones cuando se sancionó nuestra Constitución Nacional que se nutre de ella.

Sucede que el referido instituto del "avenimiento", en realidad, es una simple reformulación de aquel retrógrado dispositivo del "casamiento con la ofendida", que por sus explícitas referencias sexistas, no podía mantenerse en vigencia después de que la Reforma Constitucional de 1994 incorporara al texto de la Carta Magna la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer. Ello, pues el art. 16 b) de la misma es absolutamente incompatible con un matrimonio impuesto para disolver la ofensa inferida "contra la honestidad" por un agresor que acepta, para liberarse del castigo, tomar por esposa a su víctima y seguramente continuar victimizándola de por vida.

Aquel instituto del "casamiento con la ofendida" se nutría de valores y concepciones premodernas propias de épocas en que la mujer no era un sujeto de derecho pleno, aquel tiempo en que no podía votar ni contratar, cuando su adulterio, a diferencia del caso del hombre, era instantáneo y ni siquiera compartía la patria potestad de sus hijos. Constreñida a vivir recluida en lo profundo de su hogar, dedicada a tareas que la sometían como un cepo inviolable, sólo disponía de una capacidad civil minorada, restringida, que la definía como un verdadero objeto, una herramienta para obtener los fines de su esposo, el jefe del hogar, el padre de sus hijos, el administrador de sus bienes, que la exigía pura y casta y que, de no reunir tales condiciones, podía hasta repudiarla .

Por eso es que el viejo art. 132 del CP - en realidad como el actual, aunque atenuado- no protegía la libertad de la víctima de un atentado sexual sino su "honra", entendida como la reputación de mujer aún no "mancillada" por hombre alguno. Y por eso mismo, el precepto sólo comprendía a la mujer soltera, no a la viuda ni a la divorciada respecto a las cuales la excusa absolutoria no estaba autorizada.

Este entramado, más allá de la leve adecuación semántica a los tiempos -ya irrefrenables- que entonces corrían por el mundo (1999), fue confirmado e incluso profundizado en la reforma que al texto originario del referido art. 132 del CP le realizó la ley 26.485. "Vino nuevo en odres viejos", como dice el dicho. La misma idea de permitir la sumisión de la víctima a una presión familiar y social intolerable y sobre todo del autor de la ofensa, para imponerle la aceptación de un avenimiento que la repusiera a su condición de mujer apta para el matrimonio, aptitud que con la ofensa sexual inferida, seguramente había perdido.

Nuevos y saludables vientos están disolviendo estas brumas propias de un tiempo que nuestro país está dejando atrás aceleradamente. En esa corriente se inscribe la ley 26.485 (2009) de protección integral de la mujer que persigue toda forma de violencia en su contra y que acertadamente, en particular, prohíbe los mecanismos de mediación, conciliación y negociación en el conflicto de aquella con su victimario.

Desde este punto de vista está claro que el avenimiento sólo tiende a revictimizar a la víctima de estos delitos atroces permitiendo que su victimario la presione, la amenace o le compre su perdón. Así desde el matrimonio con el delincuente que la esclavizará institucionalmente de por vida, hasta el pago de una indemnización por la incalificable afrenta sufrida contra su dignidad. Todas posibilidades incompatibles con la condición humana que, más que permitir, auspicia el texto legal que hoy proyectamos suprimir.

El escalofriante caso de Carla Figueroa, a cuya memoria dedicamos el presente, nos exime de mayores fundamentaciones. Y para que tanto dolor no se repita, solicitamos a la H. Cámara su más pronta aprobación.

Saludamos a V.H. con toda consideración.