La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que manifiesta su repudio al golpe militar del 24 de marzo de 1976, que suprimió a un gobierno democrático, e instauró la más nefasta, cruel y sangrienta dictadura militar que tuvo la historia de nuestro país.

Que es necesario preservar la memoria popular de las violaciones a los derechos humanos por cuanto la memoria colectiva ya forma parte del patrimonio histórico cultural de los argentinos del futuro.

Señor presidente:

El 24 de Marzo se cumplen 30 años del golpe militar que instaló la dictadura más sangrienta de nuestra historia, que tenía como objetivo político, quebrar el orden constitucional a solo seis meses del llamado a elecciones generales, para implantar en Argentina el reino del terror.

Así se produjo una crisis tan honda de nuestras instituciones como nunca se conoció. Se prohibieron las actividades políticas, silenciando cualquier forma y tipo de oposición y disenso. Se regimentó la justicia, se desbarataron las organizaciones del trabajo y estudiantiles, se suprimieron los derechos esenciales que garantiza nuestra Constitución Nacional: a reunirse y asociarse, a pensar y expresarse libremente, a educar y trabajar.

La dictadura destruyó toda resistencia social, con el fin de concentrar la riqueza nacional en unas pocas manos, esto provocó injusticia y desigualdad y se impuso la fuerza sobre la verdad y el derecho.

Se instauró el terrorismo de Estado, con la muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, cárceles, torturas, vejaciones, secuestros y cambios de identidad de menores y se impuso la censura y el silencio, a quienes se atrevieron a levantar su voz contra la dictadura genocida.

Los objetivos en lo económico fueron imponer un modelo orientado a la especulación financiera, la extranjerización de nuestros recursos, la concentración de la riqueza, la desindicalización de los trabajadores y la destrucción del Estado.

Los capitales del exterior atraídos por el paraíso financiero, acudieron a obtener tasas de retorno que triplicaron a las vigentes en los mercados internacionales. La política económica de entrega quebró el aparato productivo nacional y la deuda externa llegó a límites insospechados, 44.000 millones de dólares a 1983. Se estatizó la deuda privada para beneficio, sobre todo, de las grandes empresas transnacionales y nacionales que apoyaban al Proceso.

En lo educativo se implantaron contenidos retrógrados; se desmantelaron las universidades públicas expulsando y persiguiendo a estudiantes, profesores, investigadores científicos y académicos representantes del pensamiento nacional.

El proyecto desnacionalizador, llegó a la salud pública pretendiéndose incluir al Hospital Público en un presunto mercado de prestadores sanitarios, dictándose para las obras sociales sindicales la primera normativa desreguladora con el fin de destruir el lazo de solidaridad entre el gremio - su obra social y el trabajador; todo ello enmarcado en un siniestro plan de terror para los trabajadores de la salud.

La dictadura prohibió toda actividad política, sindical y/o social, persiguiendo a todos los militantes políticos, de cualquier ideología.

Por último, ya desgastada, la dictadura apeló a manipular una causa justa como la de Malvinas, para intentar obtener apoyo popular, provocando un conflicto bélico en el que murieron cientos de argentinos, sin que sus comandantes actuaran ni siquiera con la dignidad de soldados que ya habían perdido en la guerra sucia que sostuvieron contra su propio pueblo.