La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar el urgente abocamiento e intervención de la titular del PAMI, Lic. Graciela Ocaña, a modo de garantizar en forma inmediata las prestaciones y los beneficios previsionales a todos los afiliados del PAMI de mi Provincia, dando así cumplimiento a los requerimientos de disponibilidad, calidad y accesibilidad requeridos por nuestra Carta Magna.

Señor presidente:

Hasta el mes de febrero de 2006, en la Provincia de Santiago del Estero, el PAMI contrataba gerenciadoras, que a su vez subcontrataban a los médicos de cabecera y sanatorios.

A partir de marzo, el PAMI contrata en forma directa a los prestadores, eliminando a las gerenciadoras y separando el sistema en tres niveles: el médico de cabecera, los sanatorios y la alta complejidad, a los que otorga una suma fija mensual a cambio de la atención de un determinado número de afiliados.

El médico de cabecera (primer nivel) tiene la obligación de atender entre 4 a 5 horas de lunes a viernes y fuera de los sanatorios con los que el PAMI tiene convenio, para evitar cualquier problema en la atención del afiliado y erradicar las dudas de sobre subfacturación.

En total son 68 médicos para toda la Provincia, especialistas en medicina familiar, clínicos o gerontólogos, para atender los casi 47.000 afiliados (un promedio aproximado de 700 afiliados por médico). PAMI dice que les hará controles para que cumplan la prestación del servicio.

Los sanatorios (segundo nivel) tienen las mismas condiciones de atención que los médicos de cabecera. Son en total 10 sanatorios para cubrir toda la Provincia (4 en Capital, 2 en La Banda, 1 en las ciudades de: Termas de Río Hondo, Frías, Añatuya y Quimilí), más 2 hospitales públicos (Ojo de Agua y Monte Quemado). Además de acuerdos con los sanatorios de Ceres -Provincia de Santa Fe-, San Miguel de Tucumán -Provincia de Tucumán- y Roque Sáenz Peña -Provincia de Chaco- para gente que vive en los límites provinciales, como los habitantes de los departamentos Rivadavia y Copo.

En cuanto al tercer nivel o alta complejidad, nada se dijo aún.

Además, el PAMI hizo el anuncio que invertirá, desde marzo de este año, en la Provincia de Santiago del Estero la suma fija de $ 32.- (pesos treinta y dos) por afiliado y por mes, contra los $25.- (pesos veinticinco) que se destinaba hasta febrero del corriente, por lo que desembolsará una suma cercana al $ 1.500.000.- (pesos un millón quinientos mil).

Según las declaraciones del representante local de la Institución, CPN Alvaro Rojo, "la eliminación de la intermediación económica, que era el eje de la política sanitaria que planteó para la obra social la Lic. Graciela Ocaña desde que asumió, fue el punto de partida en la elaboración de un nuevo modelo prestacional que incluye la separación de profesionales según niveles de atención".

Además, el Dr. Jure, anterior delegado local de PAMI, explicó que: "uno de los planteos que recibimos habitualmente es por qué ahora hay 68 médicos de cabecera si antes había 140 aproximadamente. Esto es porque cada médico de cabecera va a desempeñar para PAMI entre 20 y 25 horas semanales, y además, porque cada uno de estos médicos atiende solamente el primer nivel de atención, el ambulatorio. Antes el mismo médico atendía la parte ambulatoria, el consultorio externo, también el jefe de terapia, y tenía que hacer el piso, entonces por día podía atender de tres a cinco turnos solamente para PAMI. Hoy tenemos la posibilidad de que cada médico atienda 5 horas, por 4 turnos por hora son 20 turnos por día. Pero a su vez, seguimos teniendo los médicos de la clínica que han sido contratadas. Ahora tenemos 1 para el primer nivel y el resto de especialistas en el sanatorio". Asimismo afirma que otro de los fundamentos de la decisión es que las gerenciadoras se habían transformado en un pozo negro en el que no se sabía a dónde iba a parar el dinero".

Actualmente, públicamente se ha denunciado, por parte de afiliados de distintos rincones de la Provincia y diversas autoridades provinciales que, cerca de 18.000 personas en el interior se encuentran hoy sin prestación médica y se conoció públicamente el fallecimiento de 2 afiliados por falta de prestación médica; sin dejar de lado que este tema es objeto de debate permanente en el foro legislativo local. Asimismo, debo destacar que ingresó en un Juzgado Penal de mi Provincia, una denuncia contra el mencionado delegado local del organismo por haber adjudicado las prestaciones de PAMI a un sanatorio propiedad de su hermano, situación absolutamente irregular e incompatible.

Además, el Diputado Provincial Abelardo Cisterna ha denunciado que "hay 2 o 3 casos para remarcar que están comprometidos con el sistema, porque hay familiares de ellos que están dentro de él, y otros en sociedades anónimas, sirviendo a estos servicios". "En el caso de las prestaciones en la ciudad Capital, explicó, se brindan a través de 4 sanatorios -uno de ellos de reciente remodelación-. No nos olvidemos que hay 14.700 afiliados en la ciudad Capital y todos van a querer ir al mismo lugar. No sé si van a ser atendidos, ni en qué nivel, ni cómo". Aseguró que, "con el nuevo modelo del PAMI se redujeron las prestaciones de salud para los ancianos afiliados a esa obra social. Como ejemplo más elocuente destacó "que en Frías más de 3.000 ancianos, con el nuevo sistema, sólo cuentan con 4 médicos de cabecera y 1 clínica para su internación". Al profundizar sus apreciaciones señaló otros casos, como el de Las Termas donde casi 4.000 afiliados, también tienen 4 médicos de cabecera y 1 sanatorio; Guasayán donde más de 500 ancianos, tienen un sólo médico que atiende en Catamarca y donde no se contrató sanatorio alguno para internaciones. Para el legislador, las autoridades del PAMI improvisaron un sistema cuyo único objetivo es la rentabilidad. En ese marco recordó que el PAMI es una obra social integral en la que confluyen la parte médico social, pero las actuales autoridades impusieron, un sistema con una mayor capita y achicando las prestación. Agregó, "no se puede solucionar los problemas de los afiliados al PAMI achicando las prestaciones".

Es importante destacar que el Diputado Cisterna fue empleado durante 23 años del PAMI y funcionario en esa área durante la gestión 2000-2004, por lo que podemos afirmar que habla con profundo conocimiento de causa.

Día a día, estamos siendo testigos del trajinar de los jubilados de la Provincia quienes a través de los medios de comunicación local dan testimonio de sus vicisitudes. A modo de ejemplo podemos citar al Centro de Jubilados y Pensionados nacionales de Monte Quemado, Departamento Copo, que días atrás se concentró en la plazoleta Las Madres, declarándose en estado de alerta y movilización y haciendo conocer su disconformidad con las medidas adoptadas, considerándolas arbitrarias ya que los deja fuera de la cobertura de la medicina privada. Para ellos, esta medida perjudica a más de 1000 afiliados del Departamento Copo, los que con la aplicación del nuevo sistema fueron desplazados de la clínica privada y ahora en caso de enfermedad serán asistidos en el hospital Francisco David, el que no cuenta, según su propia experiencia, con la infraestructura ni la complejidad adecuada para recibirlos. Además, acotan que toda una vida realizaron los aportes para tener los beneficios de una obra social que los asista en caso de enfermedad en las clínicas o sanatorios y resulta que ahora tienen que levantarse a las 4 de la madrugada para sacar turno y ver si tienen la suerte de que los atienda algún especialista". Agregan, nos envían a un hospital donde no hay laboratorio y tampoco aparatos para hacernos radiografía, el hospital de Monte Quemado no cuenta con la suficiente infraestructura ni complejidad para sumar a su lista de pacientes a los jubilados del PAMI.

Señor Presidente, considero que para imponer un nuevo modelo de prestación por parte del PAMI, debe tenerse en cuenta la gran extensión geográfica provincial, sin desconocer las necesidades socioeconómicas y sanitarias de los afiliados. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Campo Gallo, en donde hay 600 afiliados al PAMI, tienen un sólo médico de cabecera para que los atienda, y ese mismo médico deberá atender a personas mayores de localidades como Guachana, Santos Lugares, La Manga, Donadeu, Granadero Gatica y demás parajes; estas personas, si llegaran a ser atendidas por el profesional médico y necesitaran ser internadas, no cuentan con una clínica para ello, ya que el PAMI no hizo convenio con el hospital de Campo Gallo. Ante esa posible emergencia, el aludido médico deberá derivar al paciente al hospital Regional de la Capital provincial, haciendo uso de una cama y un servicio que por lógica le corresponde a quien carece de obra social. Con el sistema anterior, el afiliado de esa región de la Provincia era derivado a alguno de los sanatorios privados, convenidos, de la ciudad Capital. Deseo remarcar que estamos hablando de parajes que se encuentran a una distancia aproximada de 200 a 300 km de la Capital provincial sin dejar de lado que algunos de los caminos para llegar a ella son prácticamente intransitables.

Queda claro que con este nuevo régimen, no solo le estamos quitando prestaciones a los afiliados de PAMI sino que también le estamos quitando posibilidades a los comprovincianos que no tienen obra social.

Debo remarcar que el PAMI tiene la obligación de brindar cobertura a todos sus afiliados y debe pensar en la salubridad de la masa de jubilados, tan vulnerable y con tantas necesidades, y dejar de lado la posibilidad exclusiva de la rentabilidad. Los afiliados de PAMI son todos de un solo nivel, no hay de primera y de segunda, muy por el contrario, quizás deben ser atendidos con mayor consideración aquellos afiliados del interior con menores recursos, que se encuentran a mayores distancias, porque justamente para ellos las posibilidades siempre son menores y hasta a veces inexistentes.

Principalmente, creo que de manera urgente se debe rever la distribución de los médicos de cabecera y de los sanatorios ya que se encuentran todos aglutinados en los grandes centros y los del interior han sido soslayados.

Si esta fue una medida para eliminar las intermediarias en el sistema prestacional de salud de la obra social, tratando a través de ella procurar una transparencia al sistema, y considerando que las gerenciadoras eran "un pozo negro" -según los dichos de los representantes locales de PAMI-, yo me pregunto ¿no hubiera sido correcto presentar las respectivas denuncias en la Justicia para que se investigue, en vez de reformular un sistema que resultaba -al decir de los mismos afiliados-, efectivo?; ¿No es la obligación de PAMI central investigar administrativamente a través de sus unidades de fiscalización para luego elevar las conclusiones a la Justicia?.

Ahora, la cápita es más alta y está concentrada en menos efectores de salud y según la justificación dada por el delegado local esto se debe a que con el nuevo sistema cada médico de cabecera va a desempeñar para PAMI entre 20 y 25 horas semanales. Pero si el instituto no fue capaz de controlar a las gerenciadoras, yo me pregunto ¿cómo va a garantizar el cumplimiento horario por parte de los profesionales dispersos en todo el territorio provincial?.

Con el nuevo sistema, miles de jubilados serán derivados a hospitales públicos, yo me pregunto ¿porqué los afiliados de una obra social serán atendidos en nosocomios públicos, a los que acude cualquier persona que no la tiene?, ¿no resulta un acto injusto e ilegal privarlos de la medicina privada cuando el PAMI recauda mensualmente un porcentaje de los haberes de sus afiliados?.

El volumen de afiliados colapsa el número de médicos del nuevo sistema, yo me pregunto ¿quién garantiza una efectiva prestación de salud con médicos atiborrados de pacientes y en grandes extensiones territoriales, propias de la geografía de Santiago del Estero?, ¿cómo hará un solo médico para atender las necesidades de los afiliados de Campo Gallo, Guachana, Santos Lugares, La Manga, Donadeu y Granadero Gatica?, ¿no es lógicamente imposible?, ¿no deja el nuevo sistema en un virtual "abandono de personas" a muchos afiliados a la obra social con las consecuencias nefastas que esto significaría?.

Con la contratación de nuevos médicos, yo me pregunto ¿no sería perjudicial para un afiliado enfermo, acostumbrado al trato cotidiano con un médico determinado, consultar a otro profesional que, necesariamente deberá auscultarlo y formar una nueva historia clínica del paciente?, y en el caso de un enfermo oncológico ¿no se asume un riesgo demasiado grande?

Si el PAMI debe al sistema anterior una suma millonaria en concepto de prestaciones yo me pregunto ¿cómo hará para afrontar la obra social los juicios que, en concepto de prestaciones "fiadas" y no pagadas iniciarán seguramente quienes quedaron fuera del sistema?, ¿no resentirá gravemente ésta y las demás situaciones expuestas la calidad de la obra social?.

Se han denunciado, por parte de la Legislatura Provincial y de sectores intermedios de la sociedad, incompatibilidades e intereses económicos creados en las contrataciones actuales, yo me pregunto ¿no corresponde que PAMI central investigue las denuncias y proceda en consecuencia?, ¿hay funcionarios con incompatibilidades?, ¿hubo en las contrataciones negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública?.

Señor Presidente considero que son demasiadas preguntas, aún sin respuesta, para un tema tan importante y que conlleva el cumplimiento de un precepto constitucional.

La salud es un derecho primordial y esencial que nuestra Constitución Nacional garantiza, en especial a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que está incorporado a ella, en cuyo artículo 12 define el derecho a la salud como "el derecho que toda persona tiene al disfrute del más lato nivel posible de salud física y mental". Este derecho se caracteriza por su naturaleza amplia, totalizadora y abarca la integridad física, psíquica, moral y espiritual de la persona. Estos conceptos son también abalados por la Organización Mundial de la Salud.

Así, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas tendientes a asegurar la efectividad de este derecho mediante la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la consiguiente lucha contra ellas; además de la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Esto significa que se deben garantizar la Disponibilidad ya que debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes, programas y servicios públicos de salud; la Calidad, por lo que esos establecimientos, bienes y servicios de salud deben contar con condiciones sanitarias adecuadas, como agua potable, personal médico y profesional capacitado, y medicamentos esenciales; y la Accesibilidad ya que los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos sin discriminación alguna, lo que implica que no pueden ser segregados grupos socialmente desfavorecidos, en este caso, las personas mayores o personas con discapacidades.

Estamos así obligados a garantizar este derecho a nuestros mayores y en definitiva a todos los afiliados al PAMI, y es por todo lo expuesto que solicito el urgente abocamiento e intervención de la Lic. Ocaña, en su carácter de titular del PAMI, a modo de garantizar en forma inmediata las prestaciones y los beneficios previsionales a todos los afiliados del PAMI de mi Provincia, dando así cumplimiento a los requerimientos de disponibilidad, calidad y accesibilidad requeridos por nuestra Carta Magna.